Administrativo. La normativa electoral

¿En la actual problemática social y política, era posible evitar las consecuencias aplicando la normativa de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en su vía administrativa o recursiva?

Como punto de partida resulta necesario traer a colación que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, es independiente y, por lo consiguiente, no supeditado a organismo alguno del Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados en la Ley Electoral y de Partidos Políticos -LEPP-.

El sistema Electoral tiene una serie de procedimientos administrativos en los cuales, tras emitirse una resolución y la misma sea desfavorable al interesado, puede ser susceptible de impugnaciones, bien sea, fuera del proceso Electoral siendo estos medios el de Aclaración, Ampliación, Revocatoria y Apelación, surgiendo también Dentro del Proceso Electoral el recurso de Nulidad, procediendo contra todo acto y resolución del proceso electoral.

En el proceso Electoral de este año, se dio un suceso, el cual consiste en la  judicialización del mismo, en virtud de la Interposición de una serie de Amparos, que en algunos momentos carecían de algunos de sus presupuestos de viabilidad como por ejemplo la temporalidad, ya que como lo regula el  Artículo 20 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el  Plazo para la petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los treinta días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por éste el hecho que a su juicio, le perjudica. “Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de cinco días.” Mismo que no se cumplió a cabalidad al interponerse dichos amparos, en un plazo mayor al establecido, y al darle trámite a  los mismos se judicializaron constitucionalmente estos procesos.

A partir de ese momento se empezó a generar un malestar en toda la población, que se estaban atacando a candidatos en particular y observaron la forma de cómo dejar fuera estos candidatos de la contienda, sin pensar directamente que el componente Electoral no es tan maleable como consideraron. Y al obtener los resultados tanto de la primera como de la segunda vuelta electoral, únicamente observaron la vía de la penalización de algunas actuaciones anteriores que evidentemente tuvieron que haberse observado en el trámite administrativo electoral de admisibilidad para la participación de los candidatos y constitución de los partidos políticos que fungen como vehículos para la postulación de candidatos a Elección Popular, como el presidente o vicepresidente

Por consiguiente se denota, que si se hubiere aplicado la normativa electoral adecuadamente, se hubiese evitado, una serie de acciones que tendían a entorpecer el proceso y mucho menos generar injerencias jurisdiccionales penales, que a la larga, crearon la problemática actual, en la cual sectores organizados de la sociedad guatemalteca, se ven en la necesidad de manifestarse en contra de las posibles injerencias que puedan tener este tipo de acciones, que podrían violentar la voluntad popular de toda la sociedad guatemalteca.

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