Alternativas De La Transmigración En México

Capítulo V “Alternativas para la transmigración centroamericana en México”

Como ya lo vimos en capítulos anteriores, el fenómeno de la transmigración en nuestro país ha tomado fuerza en las últimas tres décadas gracias al aumento en el flujo y casos de indocumentados centroamericanos; lo que deriva en una mayor atención tanto de autoridades mexicanas y norteamericanas como de los medios de comunicación, sociedad e incluso académicos; centrados en la búsqueda de alternativas de control y respeto para estas personas.

5.1 Estado Mexicano-control de la frontera sur

A partir de la llegada de los refugiados a la frontera sur de México, las autoridades empezaron a poner más atención en la entrada, tránsito, permanencia y salida de personas por esa zona; se dieron cuenta de que existía un paso continuo de migrantes indocumentados cuya pretensión no era siempre quedarse en México, sino dirigirse a Estados Unidos. A pesar de que oficialmente no se hacían comentarios acerca del flujo de transmigrantes, durante el periodo de Salinas se empezaron a instrumentar medidas para contener este tipo de migración y en el de Zedillo tales medidas se profundizaron. El mecanismo de control policiaco fue el más comúnmente utilizado por los dos últimos gobiernos del siglo XX. Uno de los argumentos que el gobierno mexicano usó para justificar este tipo de control fue la lucha contra el narcotráfico. También argumentaron y llevaron a la práctica programas para evitar el contrabando de armas, piezas arqueológicas, maderas y animales. Este control se extendió a los indocumentados centroamericanos, incluyendo la inspección de vehículos y bares, así como la detención de indocumentados que recolectaban dinero en la calles con la finalidad de continuar su viaje hacia EE.UU. (Reyes, R., 1991).

Ante la creación del Instituto Nacional de Migración, en octubre de 1993, esta dependencia empezó a hacerse cargo de los programas que se aplicarían en la frontera sur para la detención de personas. Uno de estos programas, de mayor relevancia entre los medios, fue el llamado “Operación Escudo”, tenía como objetivo contrarrestar el tráfico de transmigrantes centroamericanos que cruzaban indocumentadamente pretendiendo llegar a EE.UU.; se llevó a cabo por petición de las autoridades de los municipios chiapanecos de Frontera Hidalgo, Suchiate, Metapa de Domínguez, Cacahoatan, Unión Juárez, Tapachula, Mazapa de Madero, Frontera Comalapa y Motozintla. Durante su implementación en un sólo día detuvieron 40 centroamericanos. (López, Y., 1994).

Por ese mismo año se hizo prioritaria la persecución de polleros y demás traficantes de indocumentados, hecho por el cual incluso se hizo una reforma a la Ley General de Población en 1996, donde se sancionaba con penas más severas este tipo de delito. Ante el control policiaco desmedido ejercido por el gobierno mexicano en la frontera sur se generó una polémica relacionada con la posición y los reclamos oficiales que México hacía al gobierno estadounidense por el trato que recibían los indocumentados mexicanos, en tanto que las autoridades mexicanas reproducían las mismas prácticas de control y discriminación hacia los migrantes provenientes de Centroamérica. México no se hallaba en la mejor postura de reclamar un trato digno para sus migrantes ya que no era capaz de hacer lo propio en su frontera sur. A partir de las críticas al respecto, el gobierno de Zedillo encausó programas para la protección de transmigrantes indocumentados, tal es el caso de la creación del Grupo Beta Sur, cuerpo de seguridad que tenía como objetivo proteger la vida y los derechos de los migrantes en un principio en la frontera norte; sin embargo, en ese tiempo, enfocados únicamente en la frontera sur. (Castillo, M., 2003).

Otro elemento que se destaca al examinar la política mexicana de control a transmigrantes centroamericanos indocumentados es la firma del TLCAN que se aborda el libre tránsito de mercancías a través de las fronteras de los países firmantes, pero no así el libre tránsito de personas. Ligado a ello se buscó optimizar los servicios, se insistió en programas de prevención a la migración ilegal, así como al reforzamiento de fronteras. Algunos artículos hemerográficos señalan que con la firma del TLCAN “se endurecieron las medidas contra los indocumentados de Centro y Sudamérica en la frontera sur (mexicana) y con esto el tráfico de migrantes se hizo más lucrativo;” (Jaramillo, V., 1999). Aunque la presión principal iba contra los migrantes mexicanos, indirectamente los migrantes de paso de otras nacionalidades también fueron afectados.

Cabe señalar que, a partir del préstamo que Estados Unidos hizo a México en 1995, el gobierno de este país se comprometió todavía más a detener transmigrantes indocumentados de terceros países mucho antes de que estos llegasen a la frontera con Estados Unidos.

En el año 2005 se formuló la Propuesta de Política Migratoria Integral en la Frontera Sur de México. Ésta contempló cuatro estrategias: 1) facilitación de los flujos migratorios documentados que tiene como destino temporal y definitivo los estados de la frontera sur de México; 2) protección de los derechos de los migrantes que se internan por la frontera sur de México; 3) contribución a la seguridad en la frontera sur de México y; 4) actualización de la gestión de los flujos y de la legislación migratoria, tomando en consideración las particularidades del fenómeno de la frontera sur (INM, 2007). A la par de las acciones de control de flujos, el gobierno condujo programas de regularización migratoria. En los primeros cuatro años del siglo XXI se regularizaron 14,694 inmigrantes que estaban de manera irregular en el país, como se muestra en la siguiente tabla (años 2000-2004).

Tabla 1.1. Programas de regularización migratoria, 2000-2004

En años recientes, el gobierno mexicano ha señalado que los responsables de las agresiones y violaciones de derechos humanos de transmigrantes son las organizaciones delictivas que operan en el país. La Secretaría de Gobernación, para los años 2008 y 2009, aseguró que el principal riesgo enfrentado por los centroamericanos en México es la extorsión. (SEGOB, 2010: 48). Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2009 publicó un informe especial sobre secuestros, en el que afirmaba que éste era un problema grave que debía ser atendido por el Estado, por la afectación de más de 9,758 personas migrantes. El ejecutivo federal en ese momento afirmó contundentemente que el secuestro era un hecho reciente y que quienes victimizaban a los migrantes eran las estructuras delictivas (SEGOB, 2010: 93).

5.2 Prensa

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