Apertura Económica De Colombia década De Los 90

APERTURA ECONÓMICA DE COLOMBIA EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA.

La Apertura Económica que experimentó Colombia a principios de los noventa fue uno de los muchos pasos que dio el continente suramericano para integrarse a la economía global, En Colombia, la decisión de adoptar este modelo se produjo luego que una política proteccionista dominó el intercambio comercial con otros países durante varias décadas. Como resultado del proteccionismo, el mercado nacional se había saturado con productos locales, de tal manera que el poder de compra era inferior a la oferta, en adición, los precios de los productos nacionales habían incrementado con el tiempo, y el control de calidad se había deteriorado por falta de competencia, frente a esta situación, se presentó un programa de apertura de la economía colombiana, el cual se dio durante los últimos meses de la administración Barco. Se planteó introducir competencia gradual y progresiva a la producción nacional en dos etapas: la primera etapa se estimó en dos años contados a partir de febrero de 1990, período en el cual se debían “reducir progresivamente las restricciones cuantitativas mediante un mecanismo de asignación de cupos de importación para ítem bajo el régimen de licencia previa, compensando esta mayor exposición de la producci6n doméstica con protección arancelaria y sobre todo con una devaluación favorable de la tasa real de cambio” (Garay, 1998.pag 12) Durante los dos primeros años se eliminarían las licencias de importación sustituyéndolas por aranceles y aumentándolos en aquellos sectores que así lo necesitaran, desmontándose gradualmente la discrecionalidad que tradicionalmente tenía el Incomex en su manejo.

Estas medidas se adelantaban con la idea de permitir la adecuación de la industria a las nuevas condiciones de competencia que afrontaría a mediano plazo. En una segunda etapa se buscaría reducir aranceles de forma tal que se alcanzara en un período de tres años el nivel de protección deseable que, de acuerdo con los documentos oficiales, “oscilaba en torno a un arancel promedio, incluida la sobretasa, del 25% (Cámara de Comercio de Bogotá, 1993)” (Garay.1998.pag 20). Paralelamente, la “devaluación nominal en 1990 se aceleraría, alcanzando el 30 %” (Carrasquilla.1994.pag15), con el fin de evitar que la liberalización comercial indujera una excesiva demanda de importaciones que pudiera atentar contra la estabilidad cambiaria y, por ende, pusiera en riesgo la profundización del propio proceso de apertura. Sin embargo, desde enero de 1991 se inició un proceso de revaluación real, tendencia que se mantendría prácticamente invariable hasta 1996.Se reiteró además el papel nocivo que jugaban los mecanismos de protección en los precios relativos y la incidencia que el aislamiento de la economía tenía sobre el cambio técnico y, por lo tanto, en el crecimiento económico. Adicionalmente, se le atribuyó al modelo vigente una inadecuada asignación de recursos productivos. Todo ello se traducía en un lento crecimiento del producto, ya que pese a la dinámica positiva que las exportaciones menores experimentaron a finales de la década de los ochenta, aún continuaban siendo relativamente bajas como proporción del producto nacional.

No obstante, se consideró indispensable mantener cierto grado de protecci6n con el objeto de que los sectores productivos se adecuaran al proceso de apertura. Adicionalmente se buscaba evitar como objetivo a mediano plazo, descalabros en la balanza de pagos.

Se mencionaba la necesidad de adelantar el proceso de apertura entendiéndolo no como uno de liberalización de Importaciones, sino como un proceso de adecuación de la estructura productiva y de costos de la economía doméstica para enfrentar las nuevas condiciones de la competencia externa y sustentar una progresiva inserción de los productos nacionales en el mercado internacional. Las dos etapas planteadas para el proceso deberían ser diferenciadas en cuanto que la primera consistía en la racionalización de los mecanismos de protección con el reemplazo de los mecanismos de regulación de índole administrativa hacia mecanismos vía precios exclusivamente -en particular el arancel ad valorem; mientras que en la segunda etapa se debía avanzar en el proceso real de apertura y exposición de la producción doméstica a la competencia externa para desmontar el sesgo anti exportador y eliminar los criterios discrecionales de protección prevalecientes hasta entonces. Un propósito central de la política de apertura era la implantación de unos niveles de protección deseables que no desestimularan la modernización del aparato productivo y contribuyeran a avanzar en la reconversión industrial ya la vez permitieran alcanzar mayores niveles de eficiencia.

No queda duda que la decisión de la administración de Barco de iniciar un proceso de apertura económica al exterior fue acertada, como lo fue la del gobierno de Gaviria de

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