Articulo Sobre El Futuro De Los Niños

En el mercado de la Terminal hay una mujer que cobra extorsiones. La señora realiza su trabajo muy puntual y sonriente, mientras empuja un carruaje de bebé donde lleva a un niño de verdad, no un muñeco envuelto en pañales.

Según cuenta un comerciante del sector, quien sufre los sablazos de la banda, la cobradora es metódica y eficiente en su labor. No permite que nadie se escape de pagar la cuota, ni siquiera los microempresarios más vulnerables, como los niños que lustran zapatos en los alrededores. Todos deben aportar y si se ponen remolones ella les recuerda, entre dos pestañeos y una sonrisa, que se deben atener a las consecuencias.

“Un día de estos alguien se va a aburrir y le va a meter un tiro a esa mujer”, especula el comerciante. “Y el niño va a quedar en medio de la balacera”.

Quien hace semejantes pronósticos es un señor maduro que desde hace varios años le toma el pulso a la calle tras el mismo mostrador. Cuando vaticina un trágico fin para la extorsionista del carruaje, no hay en su voz deseos de venganza ni rastros de una mórbida anticipación. Su pronóstico se desprende de años de observación y el conocimiento frío de una plaza de negocios donde solo sobreviven los más diestros.

La situación de la cobradora de extorsiones y el bebé que la acompaña viene al caso ahora que se está hablando del tema de los niños sicarios, un fenómeno ascendente entre las pandillas y el crimen organizado.

Los últimos días nos han prodigado al menos dos ejemplos: el adolescente de 14 años detenido la semana pasada en la colonia Santa Fe por amenazar a sus vecinos con una Mini Uzi y el niño de 11 años a quien se acusa de participar en el asesinato de tres mujeres, ocurrido el pasado domingo en Chinautla.

El caso del bebé ilustra, con el exceso delirante de nuestra realidad, qué tan temprano está ocurriendo el reclutamiento de niños en las mafias: prácticamente desde la cuna.

Recuerdo que cuando surgió el problema de las maras, a principios de 1990, se ponderaron los peligros que corrían los jóvenes en áreas periféricas de la ciudad. Sin la supervisión de los padres (ausentes o inmersos en el trabajo), sin escuelas y sin infraestructura para ocuparse sanamente, los chicos eran presa fácil de estos grupos que además de ofrecerles dinero fácil, les daban sentido de pertenencia, una tribu donde refugiarse, un código de conducta (equivocado pero firme), y un propósito en la vida que los empoderaba, así fuera por medio de la violencia.

Antes la marea urbana empujaba a los jóvenes hacia las pandillas, como llegan los náufragos a la playa. Típico de Guatemala, en lugar de atender el problema se dejó crecer y ahora tenemos niños que han nacido en las pandillas y que van a aprender a vivir en un mundo regido por la cultura de la muerte, donde los valores están invertidos.

Eso no se soluciona pidiendo que los menores sean juzgados como adultos. El problema es mucho más profundo: hay que evitar que los niños se inicien en el crimen organizado desde la cuna o que “los adopten” antes de llegar a sexto grado.

Eso pasa por crear una red de apoyo en las áreas más frágiles de la ciudad para que haya una estructura alternativa que apoye a las familias para acoger a esos niños en la escuela, el centro comunitario, el polideportivo o la iglesia, antes de caer en las mafias. Para que el bebé del carruaje pueda quedarse en una guardería, en vez de recorrer los puestos del mercado mientras la mujer que lo empuja cobra extorsiones.

México.- Tras 12 años de resistirse a aceptar ningún tipo de responsabilidad en los casos de menores de edad absorbidos por la delincuencia organizada, el Estado mexicano cambió de postura y retiró, a inicios de febrero, la objeción que mantenía desde el año 2000 contra el artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, de la ONU, que establece la obligación de las autoridades nacionales de poner en marcha “todas las medidas posibles para impedir el reclutamiento y utilización (de infantes)” por parte de grupos “distintos a las fuerzas armadas”.

Este protocolo internacional, cabe subrayar, prohíbe el reclutamiento de menores de edad no sólo en ejércitos regulares, sino también en todo tipo de fuerzas armadas “no estatales”, entre las que deben considerarse, en el caso mexicano, “los grupos paramilitares, los grupos de delincuencia organizada y las compañías de seguridad”, tal como recomendó el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su 56 periodo de sesiones, de 2011.

El protocolo fue suscrito por México en septiembre del año 2000 –cuatro meses después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo emitiera– aunque con la acotación expresa de que “la responsabilidad que pueda derivar para los grupos armados no gubernamentales, por el reclutamiento de menores de 18 años de edad o su utilización en hostilidades, corresponde exclusivamente a dichos grupos y no será aplicable al Estado Mexicano como tal”, algo que, a juicio del Comité de los Derechos del Niño, dejaba dicho norma en estado de “reserva”.

El dictamen del Senado de la República con el que, el pasado 7 de febrero, determinó retirar esta objeción, odeclaración interpretativa, por su nombre técnico –interpuesta durante la presidencia del priista Ernesto Zedillo– explica que ésta se consideró pertinente en el pasado ante “la necesidad de salvaguardar la responsabilidad del Estado mexicano, por los actos que pudieran realizar grupos armados ilícitos o paramilitares” orientados al reclutamiento de infantes; sin embargo, consideró el Senado, su retiro “resulta conveniente” ya que México cumple con las principales obligaciones que el Protocolo asigna a sus adherentes para evitar el enrolamiento de niños en fuerzas irregulares, que son prohibir estas conductas y tipificarlas como delito.

Candil de la calle…

Aún cuando no había aceptado en todos sus términos el tratado que protege los derechos de los niños en contextos de violencia armada, particularmente el derecho a no ser enrolados o usados por las facciones en pugna, paradójicamente México obtuvo presidencia del Grupo de Trabajo sobre niños y conflictos armados, del Consejo de Seguridad de la ONU, entre 2009 y 2010, tribuna desde la cual la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, impulsó la Resolución 1882 , con la que se refrenda la necesidad de que el Protocolo Facultativo sea cumplido “estrictamente”.

Incluso, al inaugurar la jornada de debates

...