Autopistas Mexicanas en Argentina

Situación

La empresa Autopistas Mexicanas obtuvo el fallo de una licitación en mayo de 20XX para ampliar, reparar y dar mantenimiento, en un plazo máximo de 48 meses, a una carretera de 565 kilómetros que va de la ciudad de Corrientes hasta Santa Fe, Argentina. La vía será concesionada por un plazo de 15 años a la empresa Grupo construcciones de Autopistas Argentina (de la cual es accionista mayoritaria), una vez terminada la obra.

La financiación del proyecto se hace por medio de la figura de Participación Público- Privada (PPP) que utiliza el gobierno para financiar este tipo de proyectos de infraestructura, con los siguientes actores:

El proyecto se pagará de la siguiente manera:

En la actualidad el trayecto de la ciudad de Corrientes hasta Santa Fe, tiene una duración aproximada de 7 a 8 hrs.

Al culminar el proyecto, la autopista se consolidará como una de las más seguras y modernas de Sudamérica. El trayecto deberá tener una duración aproximada de 4 horas, debido a las mejoras que se tienen programadas, entre las que destacan:

• Ampliación de dos a seis carriles,  
• Reedificación de una parte de la carretera,
• Levantamiento de altura de la misma,
• Construcción de 12 puentes para paso ferroviario, ganado y en zona pantanosa.

La licitación surge a partir de la problemática que se presenta en temporadas de lluvia en dicha zona, ya que el trayecto es susceptible a inundaciones, destrozos con grandes pérdidas en el campo, afectación en el ganado y desplazamientos humanos de las comunidades aledañas a la zona.

Las inundaciones han hecho que las comunicaciones queden afectadas en toda la zona y que el Gobierno decida expropiar la nueva carretera, aún sin terminar. Se trata del único camino viable para prestar auxilio, el cual, gracias a las obras de levantamiento de su altura, no fue alcanzado por el agua.

El avance total de las obras fue del 85%, lo que provocó que la construcción se demorara 6 meses más de lo previsto. Además, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dependiente del Ministerio de Transporte del gobierno argentino decidió sancionar a la compañía pagando sólo el 60% del valor del contrato; el argumento fue el siguiente:

• Es prioridad el rescate de las poblaciones por las inundaciones, y se estima que las aguas bajen hasta la entrada la primavera del siguiente año, por tanto, sólo se puede acceder a un tramo (85%) de la autopista y es necesario que las zonas estén en condiciones sin que haya maquinaria u hombres trabajando que afecten la vialidad.

• El valor de algunos materiales extranjeros se ha elevado, por causa de la crisis de devaluación de la moneda argentina. Así, el gobierno ha preferido pagar lo construido y, una vez que se estabilice la situación cambiaria, se reanudará lo faltante, dado que se tiene una restricción presupuestal.

• No habrá peaje o cobro por uso de la autopista; por lo tanto, la empresa ya no tendrá que operar ni darle mantenimiento a la misma.

• Se promete que la provincia de Santa Fe pagará un 2% derivado del presupuesto anual del que dispone.

El Ministerio de Transporte fundamentó legalmente que el Contratista Público-Privado asumirá la responsabilidad por el riesgo de:

• Demoras en los cronogramas de la ejecución de las obras a su cargo.
• Daño ambiental o afectación a las comunidades locales.
• Expropiación.
• Impago total o parcial del proyecto.

La empresa entiende las razones, pero indica que legalmente que hay riesgos que deben ser compartidos; además, el gobierno de Argentina está obligado a continuar la obra porque están involucrados recursos internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que hay riesgos que no son válidos para la expropiación, que afectaría el trato nacional y trato de nación más favorecida.