Avances En Los Juicios Orales En Mexico

Avances en los juicios orales en México

A un año de la publicación de un artículo con esta misma temática y en este mismo espacio, me parece oportuno hacer un corte de caja para evaluar el avance de la implementación de los juicios orales en el territorio nacional.

El asunto fundamental que demandé en aquella ocasión, fue la urgencia de apresurar la instauración de los juicios orales en todas las entidades federativas del país, así como la aprobación de las reformas locales necesarias para la correcta implementación de la Reforma Penal del 2008.

De acuerdo a datos de la SETEC -publicados el 29 de febrero de este año, durante la XXXII sesión del Consejo de Seguridad Pública- solamente 3 entidades federativas tienen en operación, en la totalidad de su territorio, el nuevo sistema acusatorio adversarial: Chihuahua, Estado de México y Morelos.

Por otra parte, en operación parcial[2] del nuevo sistema acusatorio, se encuentran 7 estados de la república: Baja California, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Yucatán, Nuevo León y Guanajuato. Hay que decir que “en operación parcial” puede referirse a dos formas, en Nuevo León se ha ido avanzando por delitos, en la implementación del nuevo sistema acusatorio. Mientras que en el resto de los estados que presentan avance parcial ha sido por territorio.

Otras 18 entidades ya tienen un avance muy importante, de las cuales Puebla, Chiapas, Michoacán y Coahuila ya tienen fechas definidas para el comienzo de la implementación del nuevo sistema. Mientras que Veracruz, Sinaloa, Nayarit y Quintana Roo apenas se encuentran en la fase inicial del proceso.

Es importante destacar que respecto al año pasado, en el que 7 estados se encontraban en la fase inicial y otros 14 se encontraban apenas en la fase de planeación, sí ha habido un avance bastante notorio, producto de la voluntad política tanto del ejecutivo federal como de los gobiernos locales y el trabajo conjunto con la sociedad civil.

Corte de caja, sí y, simultáneamente, un llamado a los estados que permanecen en la fase inicial de la implementación de la reforma y a aquellos que aún no cuentan con un código de procedimientos penales vigente.

Todavía hay mucho camino por recorrer y particularmente en las voluntades de los mandatarios estatales y sus propios procuradores; espero que los gobiernos estatales que se renuevan este año, entren en su nueva gestión con verdadera responsabilidad y atiendan de inmediato la implementación de la Reforma Penal.

Dentro de las necesidades urgentes que deben atender los gobiernos locales, está precisamente los juicios orales y la promoción para la aprobación del Nuevo Código Federal de Procedimientos Penales para lograr aterrizar la Reforma Penal del 2008 y dar un paso más hacia un México con un mejor sistema de impartición de justicia.

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