CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EN MÉXICO

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EN MÉXICO

INTRODUCCIÓN

El siguiente tema a desarrollar, se me hizo uno de los temas que más han dado de qué hablar, no sólo en México o en San Luis Potosí, sino en todo el mundo. Como consecuencia de la corrupción y la impunidad en México, nos encontramos en una etapa prolongada de descrédito institucional y ante la incapacidad gubernamental para fortalecer el Estado de derecho, lo cual ha llevado a acentuar el desencanto por la política en el país y a aumentar la desconfianza ciudadana en la democracia. Entender ambos conceptos —corrupción e impunidad— como variables diferentes pero interrelacionadas. Por una parte, la corrupción se define como “el abuso del poder público para beneficio privado”. Por la otra, la impunidad “es un fenómeno más amplio, ya que, como concepto general, incluye cualquier situación en la que una conducta indebida no sufre consecuencias legales”. Si bien en este trabajo consideramos la corrupción política y su falta de castigo, es menester considerar que estos fenómenos son parte de interacciones sociales cotidianas, por lo que no es extraño que en las mediciones de estas problemáticas se ubique a México entre las peores posiciones.

Es importante mencionar que la evaluación de 2018 ha sido la peor de los últimos años para México, no dejando de lado, que la corrupción es un tema que nos viene aquejando desde épocas remotas, y que ninguno o casi ninguno de los Funcionarios se salva de ella.

Por otra parte, el Índice Global de Impunidad 2017 (IGI) publicado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla, coloca a nuestro país como el más impune del continente americano y en el cuarto peor lugar mundial de los 69 países analizados. Existen múltiples casos en los cuales la corrupción y la impunidad se han conjugado de una muy mala manera en nuestro país, exhibiendo el deterioro de la vida pública e institucional de nuestra democracia. Algunos casos como Ayotzinapa, la Casa Blanca, los conflictos de interés con OHL y Grupo Higa, exgobernadores acusados de desvíos millonarios, la Estafa Maestra, Odebrecht, acusaciones sobre sobornos por parte del crimen organizado, escándalos de lavado de dinero y un largo etcétera, son claro ejemplo de la corrupción que padecemos y que impera en el País.

Lamentablemente, en México los delitos asociados con la corrupción pocas veces reciben algún tipo de sanción, pues como ocurre con otros delitos, cerca de 95% de dichas violaciones quedan impunes. Un par de posibles explicaciones para esta situación son las siguientes: En primer lugar, la falta de jueces que se encarguen de procesar los casos, pues de acuerdo con el IGI 2017, en el país hay sólo 4.2 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio internacional es de 16.23. Resulta irracional que los jueces mexicanos deban atender casi 500 expedientes nuevos al año. En segunda instancia, respecto al tema de la investigación que realizan las fiscalías, podemos mencionar que los recursos humanos y financieros no siempre son los óptimos. Por ejemplo, pese a que entre 2015 y 2016 “el promedio nacional pasó de 7.6 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes […] a 8.4, [lo que representa] un aumento de 10.53%”, la cifra se encuentra lejos del promedio internacional que sugiere que deberían existir “13.2 fiscales por cada 100 mil habitantes”. “Si queremos un auténtico Estado de derecho, habría que comenzar por contratar a más jueces con la capacidad de resolver todos los juicios rezagados.” Al mismo tiempo, es necesario fortalecer el tema presupuestario y de recursos humanos para el desarrollo y cumplimiento de las metas de la procuración de justicia en México.

Los datos emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) permiten dimensionar la situación por la que atravesamos en materia de corrupción e impunidad. Hasta enero de 2018, 28 gobernadores no habían podido justificar más de 140 mil millones de pesos de gasto público ejercidos entre 2012 y 2016. Al considerar estas cifras destaca que, a pesar de las denuncias presentadas sobre estos casos ante la ahora Fiscalía General de la República (FGR), únicamente el exgobernador de Veracruz se encuentre preso. Por otra parte, entre 2010 y julio de 2018 la ASF presentó 930 denuncias penales ante el ministerio público relacionadas con desvíos de recursos. Sin embargo, sólo existían 486 averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, aunque sin procesado alguno. Apenas 2.4% de los casos llegaron ante un juez. De acuerdo con la FGR, esta lentitud en la resolución tiene que ver con la insuficiencia de recursos humanos y la interposición de recursos legales para evitar la consignación.

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