Caso Nisman

Pasaron tres semanas desde la muerte de Nisman. Las repercusiones siguen marcadas por lo que quiere ocultarse y lo que se quiere mostrar. Una disputa política, mediática y legal entre el gobierno y la oposición, exacerbada por el año electoral. Por un lado, el gobierno busca ocultar dos grandes temas. Primero, el haber negociado con un estado negacionista y violador notorio de los derechos humanos, que se ha manifestado numerosas veces en favor de la destrucción del estado israelí, un acuerdo jurídico que alivia de hecho la situación procesal de los principales imputados en la causa AMIA. A cambio, recibiría supuestos beneficios que permitirían avanzar en la investigación. Pasaron dos años ya desde la firma del memorandum y en nada avanzó la causa, sino todo lo contrario. Segundo, que durante la década kirchnerista las causas de corrupción contra la presidenta y su entorno fueron rechazadas o cajoneadas en una justicia federal infectada por un sistema de cooptación de jueces y fiscales a través de sobresueldos y prebendas, chantajes y carpetazos, orquestado y financiado desde la Secretaría de Inteligencia, a instancias del ejecutivo. A esto se suma el llamativo crecimiento en los últimos años del presupuesto de inteligencia militar y el sostén gubernamental hacia el general César Milani como jefe del Ejército (proveniente de la rama de inteligencia) ante dos imputaciones serias y creíbles de que habría cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. También, la designación, hace dos meses, del operador judicial Juan Martín Mena en un puesto jerárquico de la Secretaría de Inteligencia. Por otro lado la necesidad de la oposición y sus aliados mediáticos y judiciales, de elevar a Nisman al status de héroe nacional asesinado por atreverse a acusar a la presidenta, oculta otras verdades incómodas. En principio, que hasta ahora no hay pruebas de que Nisman haya sido asesinado. Ni de que la presidenta haya encubierto criminalmente a los verdaderos autores del atentado a la AMIA. Ni de que Nisman haya investigado el atentado de manera independiente sino que, antes bien. recibía órdenes directas de la embajada estadounidense de inculpar a los iraníes. Tampoco hay evidencia de que Nisman haya producido un sólo avance significativo en la causa durante los casi diez años en que manejó la investigación. Porque una cosa es denunciar políticamente el acuerdo con Irán y otra es la desprolija denuncia de Nisman, que causó una conmoción internacional, aunque, al momento de hacerla, no tuvo eco ni en los gobiernos de Israel y Estados Unidos, ni en la AMIA y la DAIA, ni entre los jueces Servini de Cubría y Lijo, quienes se negaron a habilitar la feria judicial para recibirla, aduciendo que no había pruebas suficientes, algo que parece obvio al leer el escrito del fiscal. A esto se suma que la familia del fiscal y gran parte de la opinión pública no quiere creer que Nisman se haya suicidado, algo que sucede en casi todos los suicidios con connotaciones políticas, llámese el muerto Alfredo Yabrán o Salvador Allende. También hay que agregar: padecimos en nuestra historia reciente una serie de asesinatos burdamente disfrazados de suicidio, como los casos del Lourdes Di Natale, Marcelo Cattáneo o el capitán Estrada. Estos casos nunca fueron esclarecidos, pero acreditan diversas evidencias forenses que apuntan al asesinato, cosa que en el caso Nisman hasta ahora, y bien vale repetir hasta ahora, brillan por su ausencia. Porque no alcanza con decir que a Nisman se lo veía bien de ánimo, que los custodios fueron negligentes o que antes de morir habló varias veces con el agente secreto Stiuso para concluir sin más que fue asesinado. Que Nisman haya sido asesinado implica, al menos, que alguien violó la cerradura electrónica de su casa sin dejar rastro, que haya conseguido hacerse del arma de Nisman sin dejar rastros de un forcejeo, que le haya sacado la ropa al fiscal sin dejar rastros de ADN en sus prendas (o que lo haya convencido que se desnude solo), que lo haya conducido al baño sin dejar ni un rasguño o moretón en el cuerpo del fiscal, que le haya disparado a quemarropa desde un ángulo ascendente indicativo de una herida autoinfligida, que haya manipulado un cadáver, una mano y un dedo índice rígidos por el espasmo de la muerte violenta para colocar la pistola de forma tal que parezca que él se hubiera disparado a sí mismo, y que haya salido de baño sin dejar rastros pero habiendo colocado el cuerpo de Nisman de manera tal de que obturase la entrada. Además, para que la historia cierre, a este brillante y casi invisible supuesto asesino hay que ponerlo a trabajar en tándem con el más que torpe Lagomarsino, el colaborador de máxima confianza de Nisman, que sin embargo lo habría traicionado al darle el arma a sabiendas de que sería utilizado por el asesino casi invisible, aunque sin darse cuenta de que, al facilitar su pistola, se estaba implicando en el supuesto asesinato. Todo esto, claro, al amparo de una zona liberada ordenada por Cristina o Stiuso y una gran conspiración que incluiría a Berni, los custodios, la ambulancia y los medios que se inclinan hacia la hipótesis del suicidio, incluyendo esta publicación. *** Más allá de las marchas y contramarchas y tanto declaracionismo, las consecuencias concretas de lo sucedido se ramifican en cuatro escenarios de disputa política, mediática y legal. Primero, la investigación de la muerte del fiscal. Segundo, la reforma del sistema de inteligencia. Tercero la denuncia de Nisman contra la presidenta. Cuarto, cómo sigue la investigación del atentado a la AMIA sin el fiscal que la dirigía. Con respecto a lo primero, más allá de lo dicho más arriba: Está claro que el clima político imperante hace muy difícil que la fiscal Viviana Fein pueda expedirse en favor del suicidio, si es que ese termina siendo su veredicto, como parecen indicar las conclusiones parciales de la prueba analizada que viene anunciando. En esto coincido con el colega y abogado Mario Wainfeld, que hoy escribe en Página/12: “Si no se sumaran evidencias sólidas nuevas, en algún momento debería dictaminarse que hubo posible suicidio (…). En términos políticos, todo indica que un veredicto de suicidio generaría un torrente de repudio a la fiscal. Se supone que ella debería pronunciarse según su saber y conciencia. Debería… pero sus derivaciones previsibles podrían condicionarla. Es muy improbable que no sienta la presión, consciente o inconscientemente. Prolongar la investigación puede ser un rebusque para zafar de un escenario difícil de soportar.” Con respecto a lo segundo, el gobierno se agarra del trámite express de una nueva ley de servicios de inteligencia para mostrar iniciativa y salir del embrollo que tanto ha dañado su imagen de cara a las elecciones presidenciales de agosto y octubre. La última vez que llevó al recinto

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