Caso Tambogrande: ejemplo contra el extractivimismo

Pregunta: ¿Por qué el caso de Tambogrande sirve de ejemplo para otras comunidades que enfrentan el extractivismo?

Introducción:

Tambogrande, uno de los valles agrícolas del Perú, ubicado al noreste de la provincia de Piura, con una población no mayor a los cien mil habitantes en la actualidad, vivió en los primeros años del presente siglo uno de los conflictos más importantes de su historia que amenazaba la sostenibilidad y sustentabilidad de su desarrollo ante el ingreso de la actividad minera. En el origen, en 1997, la empresa minera canadiense Manhattan Minerals Corporation ingresaba al Municipio de Tambogrande para dar pie al conflicto con la población local que se oponía al proyecto de extracción de oro y otros minerales. Un pequeño pueblo de productores de frutas de la costa norte del Perú le estaba haciendo frente a una empresa minera extranjera con muchos más recursos, y que incluso fue respaldada por un decreto presidencial especial que autorizaba el proyecto. El gobierno de Alberto Fujimori apostaba ciegamente por un desarrollo económico basado en la explotación de los recursos naturales con políticas neoliberales. De esta manera, en el presente estudio se planteará que el caso de Tambogrande es un ejemplo para otras comunidades que se enfrentan al extractivismo, en la medida que la comunidad piurana ha superado al sistema asimétrico de poder con una lucha pacífica, hizo prevalecer su opción al modelo agrario por encima de la minería y marcó la pauta sobre la manera de hacer política participativa en una comunidad con pocos recursos.

Cuerpo:

En primer lugar, superar al sistema asimétrico de poder no es tarea sencilla. La comunidad de Tambogrande supo, con una lucha pacífica, doblegar los intereses avasallantes de la minera Manhattan en alianza con el Estado fujimorista. Durante el gobierno de Alberto Fujimori (1999), se autorizó mediante Decreto Supremo (N° 014-99-EM) el otorgamiento de derechos mineros en esta zona (2004:2) a la empresa en cuestión poniendo en riesgo con ello el éxito logrado en el valle y futuro promisorio en cuanto a su modelo agrario -este punto será explicado más adelante-. Este Decreto Supremo violentó el sistema jurídico nacional, al ir contra leyes y procedimientos constitucionales. Además, contradijo los principales enunciados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (2004:2). Asimismo, desestimó el sentir de la población y de las autoridades locales. A esto se suma que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue realizado por la propia empresa, lo que no garantizó imparcialidad ni confianza en la comunidad.

En este punto, podemos ver que existió mucha injusticia en una figura muy asimétrica de poder y control de recursos. A los comuneros de Tambogrande solo les quedó movilizarse con los escasos recursos que tenían a la mano. Entre estos estuvo la organización vecinal, el consenso generalizado que se tuvo acerca del rechazo a la mina y el liderazgo de Francisco Ojeda que luego sería elegido alcalde. Es que la mina, en 1999, había iniciado su actividad de exploración en un gran depósito de oro, plata, cobre y zinc, justo debajo de las principales calles del pueblo. Para esto, los comuneros de Tambogrande no habían sido consultados, provocando una serie de tensiones que solo se resolverían vía referendo y una larga espera de más de cinco años en aras de la expulsión de Manhattan.

La pregunta del referendo, el cual se llevó a cabo el 22 de junio del 2002, era: “¿Está usted de acuerdo con el desarrollo de actividades mineras en las zonas urbana, de expansión urbana, agrícola y de expansión agrícola en el distrito de Tambogrande?”. Este significó el primer referendo comunal sobre minería en el mundo. Los votantes debían marcar “no” en la boleta si estaban en contra de la mina y “sí” si estaban a favor. Más de 70% de los votantes registrados de Tambogrande participaron en el referendo voluntario, y cuando se hizo el conteo de los resultados finales, 98.6% votaron en contra de la mina (2003:7). Sin embargo, el gobierno peruano dijo que los resultados del referendo no eran legalmente vinculantes. Las regulaciones mineras del Perú no exigían el consentimiento de la comunidad. El gobierno podía realizar audiencias públicas sobre los estudios de impacto ambiental de las empresas, pero no estaba obligado a seguir las recomendaciones públicas. Por esto es que Tambogrande marcó un hito en la región, porque en febrero del 2005 la minera y el Estado peruano anunciaban que el proyecto no se llevaría a cabo si la comunidad no estaba de acuerdo.

En segundo lugar, rescatamos que la comunidad de Tambogrande hizo prevalecer su opción al modelo agrario por encima de la minería. Para los tambograndinos, el problema también estuvo en relación al hecho de que la actividad minera no podía reemplazar a la agricultura como actividad económica fundamental y motor del desarrollo de su región. Justamente en este punto, es donde daremos sentido a la anterior afirmación, aquella que refería a un éxito logrado en el valle y un futuro promisorio. En este sentido, la lógica argumentativa de la población descansa, en primera instancia, en que no había racionalidad macroeconómica en la propuesta de Manhattan, que justifique cambiar la agricultura por la minería. Así pues, el valle de San Lorenzo-Tambogrande siempre ha sido una de las colonizaciones más grandes y exitosas del desierto peruano. Con sus tierras fertilizadas por el más extenso y complejo sistema de canalización y riego del país, se trata de una de las regiones agrícolas más prósperas del Perú. La gran mayoría de su producción estaba direccionada a la exportación. Anualmente, la producción llegaba alrededor de los 150 millones de dólares, con posibilidades de duplicarse con un adecuado tratamiento (2003:9).

Tampoco había racionalidad microeconómica. La agricultura “había generado trabajo estable, al punto que Tambogrande fue en su momento una de las zonas del país con más baja tasa de desempleo efectiva (apenas 6%)” (2004:11). La actividad minera hubiera generado 600 puestos de trabajo directo y alrededor de cuatro puestos indirectos por cada directo. Es decir, no más de 3000 empleos. Era totalmente contraproducente el ingreso de la mina, más aún si se toma en cuenta que el trabajo generado por la minería es altamente especializado y pocos en la región estaban calificados para realizarlo. La comunidad estaba cómoda con que solo la actividad agraria sea capaz de generar empleo productivo y una alternativa para la lucha contra la pobreza y el desarrollo de la región.

Asimismo, no había ninguna racionalidad ecológica en la propuesta. La empresa había presentado estudios de impacto ambiental que no sólo no convencieron a los pobladores, sino que ahondaron sus

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