Catastro

Vivimos en una época de cambios económicos y políticos, resultado de una sociedad sin inhibiciones para manifestar sus expectativas, por lo que resulta urgente construir una administración pública moderna que no pretenda obtener más poder sino pasarlo a los ciudadanos; que no estandarice al público, sino que se vuelque hacia servicios especializados sin ejercer el secreto en el ejercicio de sus funciones; que le interesen sobre todo los resultados más que los procedimientos y acepte la evaluación oportuna.

Realizar acciones productoras de transformaciones radicales es una necesidad apremiante para el desarrollo de las entidades; una de ellas se refiere a la sistematización de los servicios públicos con la implementación de un gobierno electrónico.

Para cualquier proyecto de este tipo es de suma importancia la construcción de dos pilares de información: el registro de personas y el registro territorial.

El de personas porque permite identificar "a quién" se le van a otorgar los servicios y el territorial porque concede la información sobre "a dónde" llevarlos.

Este último corresponde al catastro y partiendo de la experiencia de nuestro país, proyecta una panorámica de limitados alcances y obsolescencia debido a que a lo largo de la historia sólo ha cumplido con la función de recaudación, lo que deriva la carencia de información precisa y útil para la planeación de otros aspectos como el desarrollo sustentable y la realización del inventario de las zonas de riesgos, por mencionar algunos.

Existen además dos variables importantes que igualmente deben considerarse para dar certidumbre legal a las propiedades; son el aspecto georeferencial y el jurídico. Ambos deben estar ligados íntimamente con el registro de la información y de esta manera permitir el acercamiento de los servicios electrónicos a la ciudadanía.

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