Contagio del virus COVID-19.

CRIMINOLOGIA

BORRADOR DECRETO EXCARCELACION

DOC. MARIA DEL PILAR SOTO

DOCENTE

FIDEL FUENTES CAMPILLO

ALUMNO

GRUPO # 04

PROGRAMA DE DERECHO

FACULTAD DE DERECHO, CINECIAS POLITICAS Y SOCIALES

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

VALLEDUPAR

2020

Desprender el fenómeno de la superpoblación carcelaria del contexto social en el que se produce y desligarlo a la problemática que estamos viviendo actualmente con la pandemia del COVID-19, sería una visión errónea de la de la realidad. El hacinamiento carcelario, que está presente en la mayor parte de los países de Latinoamérica, es una problemática de gran impacto social que viven de miles de personas privadas de libertad. El deplorable estado de las infraestructuras penitenciarias y las condiciones deshumanizantes en que transcurren este sector, comprometen la posición del Estado como garantista de los derechos fundamentales consagrados en la constitución política. Esta situación ha trascendido de tal manera, que supone llevar un debate aún más profundo y específico que los anteriores, sobre la situación de estas personas privadas de la libertad que en esta ocasión súper pone la necesidad de decidir en cuanto a la situación que estamos afrontado respecto al manejo de la pandemia en los establecimientos carcelarios.

El presente trabajo tiene como objetivo principal plasmar la postura acerca de la realidad del sistema penitenciario colombiano en relación al borrador del decreto de excarcelación presentado por el gobierno nacional, con el fin de decidir si se está o no de acuerdo con este decreto.

El Gobierno Nacional, en el marco del Estado de Emergencia económica, social y ecológica declarado a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y frente a la necesidad de proteger el derecho fundamental a la salud de la población privada de la libertad por los eventuales contagios masivos del virus COVID–19, dio a conocer un borrador de decreto legislativo en el cual se proponen mecanismos transitorios para abordar la situación de esta población.

Para ofrecer una respuesta acorde al gobierno nacional y al país, la Fiscalía General creó un comité técnico asesor, mediante la Resolución 0451 de 2020, conformado por funcionarios de amplia experticia y conocimiento que se ha dedicado esta semana a evaluar minuciosamente las medidas propuestas y las implicaciones que estas generarían en las investigaciones que cursan en la Fiscalía. Esta comunicación es el resultado del estudio realizado en ese escenario, de los comentarios individuales y las reuniones sostenidas en el equipo liderado directamente por el Fiscal General de la Nación. Sin embargo, esta propuesta no fue bien acogida por la Fiscalía General de la Nación por cuanto este Decreto ley lo que busca en esencia dar solución a la problemática de reducción del hacinamiento y por el contrario deja a un lado o es algo confusa su verdadero fin que es el de evitar y brindar las garantías mínimas para la propagación del virus, algo que no puede tomarse a la ligera.

El problema del hacinamiento carcelario en Colombia se debe a que con el transcurrir de los años, se ha visto al Derecho penal como el único medio de control social en reacción a la protección de los bienes jurídicos tutelados y resguardados por el estado; y no como la última ratio del ordenamiento jurídico, dejando de lado otros modelos o mecanismos que sirven para prevenir la pena privativa de la libertad como última decisión del juez para el delito. También hay que tener en cuenta que la intervención penal en la imposición de la pena privativa de la libertad con medida intramural en establecimiento carcelario no cumple los fines propuestos, es social y económicamente perjudicial para el condenado y para la comunidad no es positiva. Lejos de crear ámbito de reinserción social lo que hace es acomplejarlo, estigmatizarlo, creando en la persona una modificación a su comportamiento después de haber cumplido la pena; ante esto, el Estado se vuelve responsable por crear estrategias y políticas en beneficio para que estas personas privadas de la libertad puedan tener la posibilidad de reingresar y retomar su vida dentro de la sociedad. El derecho penal mínimo en Colombia conlleva a que se modifiquen las políticas criminales en sí y hacerse la idea de que hay maneras de sancionar al infractor con otros mecanismos y por última posibilidad, y para evitar el hacinamiento.

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