Corrupción y crisis de confianza en las instituciones públicas

Corrupción y “Crisis de confianza” en las instituciones públicas.

Jorge Barriga Salas.

La corrupción se erige como un fenómeno social de larga data que afecta a prácticamente todos los sistemas dentro de una sociedad y está presente en todo el mundo. Para abordar el fenómeno de la corrupción y sus implicancias en el sistema político, es preciso delimitar el alcance y establecer una definición que se acerque, más o menos, al ámbito de la función pública. Considerando la ubicuidad de los actos de corrupción, se abordará el tema acotado al accionar público y se considerará la definición de la organización Transparencia Internacional, que establece que la corrupción consiste en el abuso del poder público para beneficio propio. Por su parte, la Organización de Naciones Unidad señala que el concepto de corrupción engloba soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, así como también establece que la corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales.

Evidentemente estas acciones son percibidas por la sociedad como deformaciones del accionar gubernamental, una desviación en el comportamiento de quien ostenta un cargo público y que degrada los valores rectores de la función pública. En este sentido la probidad y la ética pública en el accionar del Estado cobra una alta relevancia para la sociedad.

Ahora bien, bajo el análisis del sistema político que, según lo descrito por David Easton, el sistema actúa convirtiendo inputs, que son demandas o apoyos por parte de la sociedad, en outputs que básicamente son el producto derivado de las demandas o apoyos en donde se generaran intercambios, entendidos como la reciprocidad de las relaciones entre el sistema político y los demás sistemas del ambiente, y transacciones como un efecto que actúa en cierta dirección, ya sea desde el sistema político a los actores de su entorno o viceversa. Estas interacciones representan la vida del sistema político y le dan forma al manejo del país. En cuanto a las demandas, estas son la materia prima de un gobierno para focalizar sus decisiones y acciones.

La corrupción es un fenómeno que perturba y genera tensión en el sistema político, esto implica que sus consecuencias desplazan el equilibrio del sistema tomando en consideración las variables esenciales, a saber, la asignación de valores para una sociedad y la frecuencia relativa con que se los acepte. Estas tensiones, generadas por los actos de corrupción, lleva al sistema hasta su margen crítico, originando una autentica crisis social, hoy por hoy denominada “Crisis de confianza”.

Estas fluctuaciones en el sistema político, producto de los actos de corrupción conocidos por la sociedad, generar tensión en el sistema y consecuentemente producen demandas (inputs), las que deben ser abordadas por los actores gubernamentales, pues no hacerlo implica una perdida de gobernabilidad, se ve truncada la legitimidad de las instituciones pública y en consecuencia se debilita el sistema democrático, en resumen, el propio sistema se puede volver insostenible.

Bajo la misma línea, los actos de corrupción pública, como fuente de presión en el sistema político, y que como ya mencionamos generar demandas, también son un output del sistema, esto se explica debido a que son los actores gubernamentales quienes llevan a cabo estos actos desviados de lo que espera la sociedad, en pro del “bien común” y no de intereses particulares.

Esto es razón suficiente para considerar la corrupción como un tema de la mayor importancia y los actores gubernamentales deben actuar para liberar presión al sistema y encontrar un punto de equilibrio.

Desde el punto de vista del análisis político, el tema de la corrupción lo podemos abordar considerando las orientaciones que propone Robert Dahl, las que comprenden un análisis empírico, normativo, político y semántico. Es importante señalar que estas orientaciones no pueden ser vistas de manera separada, sino que, se complementar unas con otras para desarrollar un análisis lo más certero posible de la realidad.

Bajo el análisis empírico y acotándolo al escenario chileno, se ha tenido que realizar un gran esfuerzo para determinar la veracidad y credibilidad de los actos corruptos, pues culturalmente no nos considerábamos un país corrupto y por ende no se daba crédito a aquellos “alarmistas” que señalaban que en Chile si se cometían actos de corrupción. Sin embargo, en la década de los noventa, en Chile se estaba generando una presión social que obligó a actuar al gobierno en este tema. Se comenzó a construir una estructura que le diera un sustento empírico al tema de la corrupción. En el gobierno del Presidente de la República de la época, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se crea la comisión de ética pública. Del trabajo realizado por esta comisión se desprende el informe sobre la probidad y la prevención de la corrupción, en la que constaban 41 recomendaciones, destacando la propuesta de elevar a rango constitucional la transparencia de la función pública. Finalmente, todo este trabajo concienzudo se materializó en la Ley 19.653.

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