¿Cuáles fueron las usinas ideológicas y los objetivos de la Reforma de Estado en Argentina?

Actividad

¿Cuáles fueron las usinas ideológicas y los objetivos de la Reforma de Estado en Argentina? ¿Se lograron los objetivos deseados? ¿Por qué? ¿Qué implica la aplicación de una Nueva gestión pública? ¿Cuáles son las consecuencias de su aplicación en los países latinoamericanos?

La caída del estado Benefactor significo un cambio en las políticas de estado  de muchos países en el mundo y en consecuencia surge un nuevo modelo de estado Neoliberal, el cual cambio la concepción del rol del estado en la sociedad e impuso grandes cambios en la realidad social. También supuso la necesidad de  “mejorar el desempeño estatal”. Iniciativas para reducir de modo drástico sus funciones, recortando gastos y personal.

 En Argentina en la década de los 80/90 entre las presidencias de  Alfonsín, Menem y De la Rúa, se quiso llevar a cabo una Reforma Administrativa del estado Argentino.

Para comprender las reales implicaciones de lo que significo en la Argentina la reforma de Estado en materia de políticas públicas, debemos analizar que tuvo su correlato inherente en las características socio-políticas de la sociedad.

Para esto desarrollaremos brevemente un recorrido por los cambios en los modelos de acumulación de nuestro país que implicaron, necesariamente, formas de intervención particulares del estado.

LA REFORMA DE ALFONSÍN: DEL MITO FISCAL: FUNDACIONAL A LA URGENCIA

Durante la década de los 80, durante el mandato de Raúl Alfonsín fue quien impulso la primera propuesta de reforma centralizada desde la secretaria de Función Pública.

Hacia el año 1987, luego del fracaso del Plan Austral, la situación del país se vio muy comprometida, género que  las políticas de reforma adoptaron cierto criterio de ajuste que, dio inicio a la medidas de reducción de plantas de personal de los empleados de la administración pública nacional (APN) y la unificación de horario para evitar  la situación de doble empleo.

Alfonsín padeció las consecuencias  de un giro de las demandas del pueblo, la agudización de la crisis económica hizo que de deje resaltar mayormente las políticas sociales y paso a darle una creciente impotencia a los asuntos económicos.

LA PRIMERA REFORMA MENEMISTA: UNA PROPUESTA DEL ESTABLISHMENT PARA DESMANTELAR EL ESTADO/LA SEGUNDA REFORMA MENEMISTA: “REINGENIERÍA TÉCNICA” Y GASTO POLÍTICO

A partir de 1989, la caótica situación económica se convirtió en el disparador de una reforma estructural sin precedentes en el Estado argentino. La crisis hiperinflacionaria garantizó la incorporación en la agenda pública de la “cuestión estatal”, problemática en torno a la cual se había montado, desde 1987, una activa campaña de desprestigio motorizada por importantes medios de comunicación, los principales grupos empresarios, los organismos internacionales de crédito y el núcleo de técnicos y consultoras que tuvieron a su cargo el “rediseño” del Estado.

Esta transformación se llevó a cabo a través de una serie de normas, que acompañada de ciertas medidas económicas permitieron la consolidación del nuevo modelo estatal. Algunas de las normas más importantes fueron las Leyes de Reforma de Estado (23.696/89) y de Emergencia Económica (23.697/89). Las mismas decretaban una situación de emergencia económica, por la cual se anunciaba la necesidad de un cambio en la Administración Publica.

Por lo tanto hubo una reducción de áreas de la administración y las empresas públicas que se consideraban innecesarias.

Se creó el Programa de Reforma Administrativa, que otorgo la CECRA (comité ejecutivo de controlar de reforma administrativa), amplios poderes para formular una profunda reestructuración en la APN, que tuvo como fin la reducción del sector público y con ellos sus gastos.

En el año 1995, agotadas las privatizaciones más “jugosas” y con el paulatino decaimiento de la reactivación económica, sumado al profundo agujero que provocara en las cuentas del Estado la reforma previsional, el desequilibrio fiscal se convirtió en la preocupación central del gobierno y el FMI. El contexto nacional e internacional (“efecto Tequila”) hizo propicia la oportunidad para retomar el ajuste en la administración pública, encubierto tras el pomposo anuncio de lanzamiento de la llamada “Segunda Reforma del Estado”. Las medidas anunciadas preveían la inclusión en el presupuesto de 1996 de poderes que facultaban al Poder Ejecutivo a eliminar o fusionar organismos públicos, así como la adopción de otras disposiciones esenciales para la marcha del plan económico, en particular, la prórroga del impuesto a las ganancias, la privatización de Yacyretá y la nueva caución de acciones de YPF. 

A comienzos de enero de 1996, el gobierno dispuso por decreto la aplicación de un recorte adicional e imprevisto en el Presupuesto Nacional, que afectaba a todos los ministerios y organismos descentralizados de la administración. En febrero de 1996, la centralización, fusión, reorganización o supresión total o parcial de los organismos descentralizados de cualquier naturaleza jurídica, incluso los creados por ley. También se aprobaba la privatización de actividades relacionadas con la prestación de servicios periféricos y de gestión de producción de obras o bienes que se encontraran a cargo de la administración central, aunque excluía la posibilidad de privatizar por decreto empresas públicas, universidades, entidades financieras oficiales, entes reguladores de servicios públicos y paquetes accionarios en poder del Estado.

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