DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Leyes como la ley 232 de 1995 por la cual constituye el marco normativo establecido por el legislador para la regulación de establecimientos de comercio abiertos al público que tuvo como propósito armonizar el interés general de la sociedad y los consumidores, por lo cual prohibió a las autoridades la exigencia de permisos o tramites que estén fuera de las normas establecidas por la ley, suprimiendo licencias o permisos y en lugar de esto creo condiciones que incluyen la necesidad de preservar el orden público y de cuidar la salubridad pública, por lo cual se erradica la posibilidad que cualquier entidad administrativa pueda intervenir en el funcionamiento de un establecimiento comercial, violando con las normas y leyes protegidas por la Constitución.

El legislador es el responsable de velar porque el establecimiento de comercio cumpla con los requisitos exigidos y consagrados en la ley 232 de 1995 haciendo uso del principio constitucional de la buena fe. Estos requisitos son de contenido sanitario y constituyen limitación razonable y proporcionada al ejercicio de empresa e iniciativa privada, estos requisitos son establecidos por el legislador quien tiene la competencia para ordenar o autorizar las exigencias para que operen establecimientos de comercio sin que se violen derechos fundamentales como la libertad de empresa, la cual no constituye un derecho fundamental y consiste en la libertad que se dan a los ciudadanos para afectar o destinar bienes de cualquier tipo (capital) para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios, lo que significa que en Colombia se fundamenta la libertad de competencia para que una empresa determine su actividad económica y haya una economía social de mercado.

La libertad de Empresa tiene unos límites, eso quiere decir que no es un derecho absoluto, por lo cual el legislador tiene la potestad de delimitar su alcance cuando asi lo exija el interés social, el ambiente o el patrimonio cultural de la Nación. Debido a esto es importante la intervención del Estado en la economía, a través de diferentes instrumentos de regulación, para el establecimiento criterios jurisprudenciales y de las limitaciones consagradas en la Constitución, los cuales deben estar conforme con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Lo que implica la participación de varias instancias del Estado como el poder ejecutivo y legislativo.

De su alumno preferido: Fabian Castrillon linares

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