DESPENALIZACION DE LAS DROGAS

INTRODUCCION

En los últimos años en nuestro país, hemos sufrido una gran oleada de delincuencia provocada por el tráfico de drogas, se ha hecho mucho más activo e intenso provocando a su paso una gran inseguridad. Es por ello que los gobernantes no solo de nuestro país sino de toda américa latina han tocado el tema de legalización de las drogas, Parece haber una actitud más abierta a entablar un diálogo acerca de las actuales políticas y, en algunos sectores, una disposición a experimentar enfoques no tradicionales hacia el tema.

Los intensos niveles de violencia asociados al narcotráfico especialmente en países afectados por la producción, tránsito y tráfico de drogas ilegales entre ellos nuestro país, han sido el factor principal de alarma que ha llevado a las autoridades del más alto nivel a involucrarse de manera más activa en este debate. Otros factores deter¬minantes de esta nueva actitud han sido los cambios en los patrones de consumo de drogas, la mayor prevalencia de este consumo, la violencia que afecta a los grupos más vulnerables de la sociedad y la demanda creciente de servicios de salud para el tratamiento de las adicciones.

Líderes políticos, Jefes de Estado, académicos y representantes de la sociedad civil, preocupados por el impacto de la violencia relacionada con las drogas y el continuo flujo de drogas en la región, han promovido la adopción de políticas orientadas a reducir los daños a la salud, la seguridad y el bienestar de los individuos y la sociedad, favorecen la óptica de tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, de reducir el consumo con campañas de prevención basadas en la evidencia y de alentar la experimentación con modelos de regulación legal de ciertas drogas.

Sin embargo, al mismo tiempo se escuchan otras voces que plantean que es prematuro dar por fracasados los enfoques actuales sobre el tema. Sin dejar de reconocer que ha habido deficiencias en su aplicación, estos planteamientos sostienen que los países están comenzando a implementar a nivel nacional políti-cas consistentes en estrategias, estas Estrategias plantean un enfoque integrado y ba¬lanceado para la elaboración de políticas de drogas, no obs¬tante el interés internacional que suscita el problema y de todos los recursos que se han destinado a su análisis, es poco lo que sabemos acerca de lo que funciona bien y cómo utilizar buenas prácticas que no sólo son conocidas sino que están disponibles para uso o réplica.

Contamos con muchos buenos ejemplos de ello. Se trata de iniciativas que permiten enriquecer el diálogo y que pueden inspirar a cada país a entender cómo se pueden enfrentar con éxito los diferentes desafíos de las drogas de acuerdo a su propio contexto y sus características económicas, políticas y sociales. La despenalización de la tenencia para consumo personal en muchos países (que no ha incrementado el consumo y ha reducido la carga sobre los consumidores y el sistema judicial); las innovaciones en la ju¬risdicción penal y la prevención de sobredosis en Estados Unidos; el intercambio de agujas y otros programas de reducción de daños para evitar el uso inseguro y la transmisión del VIH en Canadá; el control social para contener el cultivo de la coca en Bolivia; el desarrollo de Normas Internacionales para la Prevención del Consumo de Drogas por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; y la construcción de instituciones fuertes para promover la salud en Chile y Costa Rica.

Sabemos, además, que los patrones de consumo se están modificando. Por ejemplo, el consumo de la cocaína está incrementándose en el Cono Sur y dismi¬nuyendo en los Estados Unidos, en donde el consumo de cannabis está aumen¬tando y el uso indebido de las drogas farmacéuticas legales se ha convertido en la preocupación principal. Sobre Estados Unidos se puede agregar que si bien el consumo de cannabis permanece ilegal en la mayor parte de este país, se percibe un cambio en la opinión pública, que se tradujo en el voto de 2012 para legalizar esta sustancia en dos estados y que se expresa también en que la mayoría de los ciudadanos apoya su legalización y regulación. No ocurre lo mismo con la opinión pública de la mayoría de los habitantes de nuestro país.

La creciente preocupación sobre el tema de los medios de comunicación en muchos países, incluyendo los medios sociales, da cuenta de un mundo mucho más consciente de la violencia y del sufrimiento relacionado con el problema de las drogas. Existe un mayor conocimiento de los costos humanos y sociales no solo del consumo sino también de la producción y del tránsito de sustancias con-troladas. El mundo es consciente, además, de la enorme estructura económica ilícita promovida por las ganancias del negocio ilegal de las drogas. Un negocio y unas ganancias que distorsionan las economías, enriquecen y empoderan al crimen organizado y generan corrupción en el sector público.

Parte de esa preocupación se vuelca también sobre los costos económicos y sociales de las leyes y políticas promulgadas para controlar las drogas. Se señala que las inversiones destinadas a expandir las capacidades policiales, judiciales y penales desarrolladas a ese efecto pueden ir en detrimento de las inversiones en salud, educación y otros bienes sociales.

Este último tipo de reclamos cobra mayor vigor cuando se constata que las formas en que el problema de las drogas afecta a nuestros países es diversa y por lo tanto son también diversas las formas de reaccionar a él y los efectos que esas reacción puedan tener. A nivel interno, algunos países afrontan tendencias relativamente altas de consumo de drogas ilícitas y sus consecuentes problemas relacionados con aspectos como la salud pública y la criminalidad. Otros países no son consumidores principales de sustancias controladas, pero tienen tasas mayores de violencia que se relacionan en parte con la acción de las fuerzas del orden en contra de la producción, el tráfico y el tránsito de drogas ilegales y sus efectos en materia de violencia criminal. Mientras que algunos países tienen mayores recursos y mayor fortaleza institucional para enfrentar mejor los daños relacionados con el mercado ilegal y con el consumo de drogas, así como para asumir los costos que se derivan de su control, otros países enfrentan mayores dificultades al lidiar con estos problemas. Por eso, las políticas que pueden ser útiles para algunos países (como reducir los recursos destinados al control del tránsito, por ejemplo) pueden ser percibidas por otros países como extremada-mente dañinas, lo que haría muy difícil la cooperación internacional. No hay duda, entonces, que en las discusiones del futuro sobre políticas de drogas podemos seguir encontrando no sólo acuerdos,

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