De Los Datos Personales

La protección de los datos personales es el principal aspecto de la tutela de los derechos de las personas frente al uso de la informática a la que se refiere el artículo 18.4 de la Constitución. Se trata de una preocupación novedosa en nuestro ordenamiento, tanto desde el punto de vista jurídico, cuanto desde la perspectiva de la sociedad, ya que son muchos los que todavía no son plenamente conscientes de su necesidad e, incluso, entre los juristas no se han despejado aún muchas de las dudas y confusiones iniciales.

La previsión constitucional de la tutela de los derechos frente al uso de la informática se proyecta sobre los datos personales e implica, por un lado, derechos y garantías para los titulares de esos datos de carácter personal. Por el otro, supone para quienes los recogen, tratan, transmiten, ceden o conservan, una serie de obligaciones en lo que se refiere a la calidad y a la seguridad de la información de esa naturaleza que manejan y a las condiciones en que pueden utilizarla, almacenarla, facilitarla o cederla. Además, implica restricciones a la posibilidad de acceder a ella por parte de terceros, así como límites respecto de los datos personales que pueden ser tenidos en consideración y, posteriormente, incorporados a los ficheros automatizados.

En fin, la importancia que se le da a esta materia y la necesidad de articular unos mecanismos de tutela adecuados a los riesgos que, por este flanco de la información personal automatizada, amenazan a los individuos explican que el legislador estatal, explicitando el espíritu constitucional, se haya preocupado por fijar reglas objetivas sobre el tratamiento de estos datos, haya previsto procedimientos específicos de garantía para sus titulares y haya creado una institución pública, la Agencia de Protección de Datos, cuya razón de ser no es otra que la de velar por el cumplimiento de las normas que integran este nuevo sector del ordenamiento jurídico y contribuir a la garantía de los derechos que en él se reconocen a los individuos. Tarea ésta a la que contribuirán, también, los órganos que creen las Comunidades Autónomas para asegurar el respeto a la protección de los datos personales por su Administración y por las corporaciones locales de su respectivo ámbito territorial.

Es menester señalar que lo novedoso de esta materia --que podemos denominar Derecho de la Protección de Datos Personales en atención al bien jurídico que pretende satisfacer y a la técnica jurídica que para ello se emplea-- no quiere decir que haya sido abordada con improvisación por nuestro legislador. Más bien puede decirse lo contrario: después de que la Constitución de 1978 fuese --con la portuguesa de 1976-- una de las primeras en hacerse eco de la necesidad de dar carta de naturaleza, como derecho fundamental, a la salvaguarda de los datos personales frente al uso de la informática, sin embargo, la adopción de normas e instituciones concretas

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