Delitos que pueden cometer los servidores públicos

Presentación.

En el presente trabajo se aborda el tema “delitos cometidos por los servidores públicos”; en este sentido se expone al máximo posible de detalle todos los elementos jurídicos que son considerados por derecho penal mexicano y que mandata nuestra carta magna, así como, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción como marco legal que tiene la finalidad de prevenir, investigar y sancionar la corrupción en México.

El presupuesto principal de estudio es el “servidor público”. De acuerdo al artículo 108 Constitucional, establece, para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se REPUTARÁ como servidor público a los representantes de elección popular, a los miembros del poder judicial de la federación, y empleados y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión pública federal, así como los servidores públicos a los que esta Constitución otorgue autonomía…, en este sentido el Código Penal del Estado de Chiapas (CPECH) en su artículo 414 señala quienes son servidores públicos.

Los delitos que cometen los servidores públicos son de diversos órdenes y modalidades dependiendo del nivel jerárquico de sus funciones, que pueden ser desde el policía o empleado de base, altos funcionarios (secretarios de estado, etc.) y hasta los de elección popular, como son: gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales, síndicos y/o regidores, estos delitos pueden ser: desde actos u omisiones, hasta daños y perjuicios patrimoniales, así como, ejercicio ilegal y abandono de las funciones públicas, coalición de servidores públicos, delitos contra la procuración de justicia, delitos contra la administración de justicia, tortura, intimidación, cohecho, peculado, concusión, y demás establecidas en el Código Penal Federal (CPF)y en el CPECH.

La corrupción es un delito que con mucha frecuencia se observa, sin embargo, se sabe que con poca frecuencia se investiga y/o sanciona a los servidores públicos que comenten alguna falta en contra de los bienes del Estado, la ciudadanía y el interés público o interés general, que podría comprender la fidelidad, la integridad y la continuidad en la prestación de los servicios públicos, así como, la independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, donde se tome en cuenta, la legalidad de la competencia de quien ejerce funciones públicas, como puede suceder en los supuestos señalados en los códigos penales locales y federal y, que se analizan al afectar generalmente bienes jurídicos que requieren la intervención del derecho penal por el grado de importancia que la sociedad les da, en este caso, relacionados con actos de corrupción que atentan contra el Estado, democracia, transparencia y justicia.

Podemos decir que México atraviesa por una complicada etapa político – social que ha obligado al Estado a formular reformas y crear nuevas leyes e instituciones para combatir este flagelo llamado “corrupción”, que ha diezmado el desarrollo de las instituciones, impidiendo la imparcialidad en la administración e impartición de justicia, pues vemos que altos servidores públicos no son investigados debido a la corrupción existente en las entrañas de la administración pública.

Recientemente se ha creado el Sistema Nacional Anticorrupción, que promete ser la panacea a este mal que aqueja a nuestro país, sin embargo, se ven lejos los resultados, ya que, los intereses de grupos políticos son más fuertes que los intereses de los gobernados, por lo tanto, sólo se siguen creando elefantes blancos para establecer una imagen hacia el exterior de un país surrealista.

Las leyes son claras, precisas y estrictas, solo falta voluntad y conciencia de quienes administran y ejecutan las normas pues tienen la obligación de su estricta observancia. Por tanto, nadie debe estar por encima de la ley.

Introducción.

Los delitos cometidos por los servidores públicos están instituidos tanto en la ley suprema (Constitución) como en las llamadas leyes secundarias – Código Penal Federal, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, etcétera-; para el caso del Estado de Chiapas estas están considerados en el Título Décimo Octavo “Delito por Hechos de Corrupción” Capítulo I, del Código Penal.

Dentro del ordenamiento jurídico penal local, se enumeran más de 15 tipos de delitos en materia de corrupción. En el presente trabajo se desglosan cada uno de ellos, desde el presupuesto básico, la conducta típica, objeto material, penalidad, exclusión de la pena, así como, los requisitos de procedibilidad.

Cabe mencionar que, en los últimos sexenios, se han observados numerosos casos de servidores públicos vinculados a actos de corrupción, sin embargo, sólo en raras acaciones han investigados y sancionados, se sugiere que este tipo de impunidad o falta de castigo se debe a intereses de la oligarquía enquistada en los laberintos de la burocracia que se han convertido en el azote de las instituciones públicas y por consiguiente del pueblo mexicano.

Finalmente, la sociedad civil ha presionado el ejecutivo federal a fin de realizar lo conducente para que no haya impunidad por los delitos cometidos por servidores público que cada día son más comunes al interior del aparato gubernamental; para tal efecto, se han reformado 19 artículos de la Constitución, creado 4 nuevas leyes (Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación), y reformada 3 leyes secundarias (Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal), en tanto fueron creadas de nuevas instituciones como lo es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que en conjunto dan vida al denominado SISTEMA NACIONAL ANTICORRPCIÓN,   lo anterior es con la finalidad de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos en sus tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal.

1.- Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El poder público es encargado, sea mediante elección, selección, designación o nombramiento, a determinadas personas con el objeto de dar cumplimiento a los fines públicos que se establecen en el marco de nuestro Estado social y democrático de Derecho. La corrupción se produce cuando el ejercicio de este poder público es desviado de tales fines públicos y es utilizado para satisfacer intereses privados. De esta manera, la corrupción desnaturaliza los fines de nuestro modelo de Estado, toda vez que obstaculiza que la administración pública cumpla con sus funciones orientadas al bienestar general y a posibilitar el desarrollo igualitario de los ciudadanos. En esta línea, la corrupción es un problema grave de cualquier sociedad y su mayor reproche recae en la vulneración de derechos fundamentales que aquella genera, especialmente para las personas con menos capacidad económica.

...