Derecho Adm. Especial

República Bolivariana de Venezuela.

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacin.

Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas.

Escuela de Derecho.

“Análisis de cómo el Estado reguarda el Derecho a la Educación Universitaria”

Realizado por:

López Chávez, Cristian Irais.

C.I: V- 24.266.254

Maracaibo, Enero 2013.

El análisis acerca de la educación superior no acepta sugerir que un modelo académico es mejor o más ventajoso que otro, excepto en la medida en que cada modelo, independientemente de su diseño institucional, acoja los principios básicos elementales y esenciales de lo que es una institución de educación superior, cuyos objetivos descansan en las necesidades de la sociedad, de entrenar recursos humanos, de prestar servicios a la comunidad y de buscar nuevo saber, nuevo conocimiento, a través de la investigación científica, tecnológica y humanística. Cabe acotar como la universidad no ha cambiado sus objetivos, desde que fue creada hasta ahora, pero, ciertamente, se ha adaptado a las nuevas tecnologías aplicándolas de forma tal de hacerse eficiente y andar a la marcha del tiempo.

El régimen dictatorial del Gral. Pérez Jiménez es depuesto en enero de 1958 por una amplia coalición cívico-militar que decreta en diciembre de ese mismo año una Ley de Universidades bastante progresista.

En ella se establece la plena autonomía universitaria y el principio de plena inviolabilidad de su recinto por parte de las fuerzas públicas. Pero a los pocos meses el poder quedó en manos de los principales partidos políticos del país, Acción Democrática y Unión Republicana Democrática (socialdemócratas) y COPEI (socialcristiano), los cuales firman el 31 de octubre un acuerdo (el Pacto de Punto Fijo), mediante el cual se instaura un sistema de democracia formal, o de la IV República, que permite a esos partidos alternarse en el poder por 40 años y aislar y reducir las fuerzas políticas de izquierda. Todo esto condujo, en la década de los 60, al surgimiento de movimientos guerrilleros, cuyos dirigentes más importantes eran estudiantes y profesores universitarios.

En 1970 el Congreso Nacional reforma la Ley de Universidades con el propósito de lograr mayor control político sobre las universidades. En ella se redefine el concepto de autonomía fijándole límites en los aspectos organizativo, académico, administrativo y financiero. Se ratifica el principio de inviolabilidad del recinto universitario, pero deja a 1as autoridades nacionales y locales la vigilancia de las áreas de acceso y circulación, así como la seguridad de personas y bienes y la salvaguardia del orden público. Así mismo, la nueva Ley otorga mayores poderes al Consejo Nacional de Universidades (CNU), definiéndolo como organismo coordinador de las instituciones universitarias y asignándole nuevas y más amplias funciones en lo referente a responsabilidades normativas y distribución del presupuesto de las universidades públicas. En ella se introduce la idea de planificación nacional, por lo cual se crea la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), como organismo de asesoría técnica del CNU en la materia.

La Educación Media Diversificada y Profesional es el tercer nivel del sistema educativo; constituye el nivel siguiente al de Educación Básica y previo al de Educación Superior, con los cuales esta articulado curricular y administrativamente. Es la que tiene como objetivo capacitar al alumno para proseguir estudios superiores o bien para incorporarse al mundo laboral. Al terminar la educación secundaria se pretende que el alumno desarrolle las suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un buen desenvolvimiento en la sociedad. En particular, la enseñanza secundaria debe brindar formación básica para responder al fenómeno de la universalización de la matrícula; preparar para la universidad pensando en quienes aspiran y pueden continuar sus estudios; preparar para el mundo del trabajo a los que no siguen estudiando y desean o necesitan incorporarse a la vida laboral; y formar la personalidad integral de los jóvenes, con especial atención en los aspectos relacionados con el desempeño ciudadano

El 20 de diciembre de 1999 la Asamblea Nacional Constituyente electa por el voto popular aprueba la Carta Magna que sustituye a la de 1961. La nueva Constitución es legitimada por referéndum popular y en ella se establecen transformaciones substanciales en la estructura política nacional. Entre tales cambios sobresale la reestructuración del Estado (integrado ahora por cinco poderes públicos independientes: legislativo, ejecutivo, judicial, electoral y ciudadano), la consagración de los derechos humanos

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