ECONOMÍA POLÍTICA: LA CONSTITUCIÓN DE 1991, EL CONFLICTO INTERNO Y EL NARCOTRÁFICO
Enviado por andrescobo97 • 8 de Octubre de 2019 • Reseña • 1.087 Palabras (5 Páginas) • 191 Visitas
El renacimiento del populismo, de la rebelión y el narcotráfico marco profundamente la historia de nuestro país en el ultimo tercio del siglo XX. A finales de los sesenta, el ex presidente Rojas Pinilla creo el partido político de la Anapo (Alianza Nacional Popular) que casi le otorga la presidencia en el año 1970. Consecutivamente a las milicias liberales se conformó un grupo de autodefensa campesina que sería el hoy conocido como las FARC, igualmente las juventudes radicalizadas de inclinación católica darían lugar al ELN, comandado por los hermanos Vázquez Castaño. Posterior a las elecciones del 19 de abril de 1970, en medio de la polémica por fraude electoral la juventud de la Anapo y el núcleo de disidentes de la guerrilla comunista, conformaron el M-19. Por último, los estudiantes maoístas conformaron el EPL.todos estos grupos compartían la idea de que el campo político estaba a favor de los partidos tradicionales y creían que la lucha armada era el mejor camino para alcanzar el tan anhelado poder.
Al mismo tiempo la economía del país atravesaba por una mala racha puesto que la carencia de exportaciones junto a la crisis de la deuda latinoamericana, la escases de oportunidades de inversión y el bajo ahorro redujeron la tasa de crecimiento, adicionalmente estos hechos pusieron en evidencia la alta tasa de población desempleada, la desigualdad y miseria que presentaba el país. El crecimiento descontrolado del narcotráfico en 1980 fue un ingrediente fundamental que impulso el desarrollo de la insurgencia, en especial de las FARC, hasta convertirse en una amenaza latente para la seguridad colombiana. El estado parecía nulo frente a los grupos armados, a los que se le unieron los grupos de narcotraficantes que desafiaban el sistema de justicia con actos terroristas de enorme violencia. Generalmente los gobiernos de turno buscaban adelantar procesos de negociación con los grupos terroristas y a su vez priorizaban el fortalecimiento del estado frente al crimen organizado.
La evolución militar en Colombia refleja la intensidad del conflicto interno que ha vivido Colombia desde 1946, cuando la violencia se manifiesta como una guerra partidista y por lo tanto civil. En el año 1950 el ejército contaba con 10.000 hombres, cantidad que se cuadriplico al terminar el gobierno de Rojas Pinilla en 1957. En el año 2002 esta cifra se volvería a cuadriplicar hasta alcanzar los 160.000 militares y ya en el año 2012 la suma alcanzaba los 525.000 militares, de los cuales 116.000 hacían partes de fuerzas especiales para la regulación de la insurgencia. Con las altas tasas de desempleo juvenil en el país y la pobreza extrema el reclutamiento por parte de la guerrilla y los paramilitares se facilitó y a la par el narcotráfico financio los gastos en la inversión de personal y armamento para los ejércitos irregulares.
El conflicto interno causado por la división partidista de los años cincuenta, que contribuyó a elevar la tasa de homicidios de un nivel “normal” de 9 asesinatos por 100.000 habitantes hacia 1945 a cerca de 80 en su pico de 1994, se desplazó a la frontera agrícola donde se mezcló con el narcotráfico, y esto ocasiono la siembra de cultivos ilícitos, su procesamiento y movilización. La pacificación propiciada por el Frente Nacional fue bastante efectiva en desmontar la guerra partidista, pero después de ella el país no se bajó de una tasa de 20 homicidios al año por 100.000 habitantes. El narcotráfico recibió protección armada tanto de la insurgencia como de los paramilitares y la competencia armada que lo caracteriza, es la principal causa del aumento de la tasa de homicidios. Los efectos sociales del narcotráfico fueron devastadores: contribuyó a disparar la criminalidad y en particular la tasa de homicidios del país, aumentó la corrupción y la extorsión contra el sistema legal, armó de manera exponencial a la insurgencia y a los paramilitares, imponiendo costos adicionales de seguridad a los contribuyentes colombianos.
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