EL DERECHO ADMINISTRATIVO & EL COVID-19

• Planteamiento

El año 2020 trajo consigo cambios abruptos, tanto para la forma de vivir de las personas como para el manejo estatal. La llegada del coronavirus o COVID-19 marco el inicio de una serie de eventos inesperados que retaban a los entes estatales a tomar decisiones cruciales en pro de frenar la expansión del virus, y como si se tratase de una cadena de eventos inusualmente desafortunados, las familias colombianas se vieron obligadas a acatar los dictámenes del gobierno para poder cuidar de su bienestar, lo cual desencadeno una serie de problemáticas sociales y económicas en el país.

Es en este punto donde inician los cuestionamientos acerca de como las leyes de nuestro país pueden protegernos en casos inesperados en donde hay que tomar medidas de igual calibre, para aclarar este punto es necesario hablar acerca del Código Administrativo de Colombia de 2011 y sus principios.

El derecho administrativo es un conjunto de herramientas fundamentales que se comunican y complementan entre sí, y con el derecho constitucional, esto con el fin de respetar las libertades constitucionales y el bienestar de las comunidades, a través de la limitación del poder de las autoridades, y el establecimiento de controles efectivos para el respeto de las libertades y derechos de los individuos en Estados Constitucionales Sociales y Democráticos de Derecho (Valencia, 2020). Ahora bien, la Ley 1437 de 2011 adiciono nuevos dispositivos y principios relacionados con el procedimiento administrativo y contencioso que fortalecen el papel del juez administrativo con respecto a la protección de los derechos fundamentales (Sierra, 2018).

Partiendo de lo antes descrito, el presente texto busca desglosar los sucesos que se vivieron a raíz del COVID-19 desde la visión del Derecho Administrativo, con el fin corroborar el papel fundamental que este desempeño durante la pandemia.

• Los principios del Derecho Administrativo frente a los aconteceres derivados del coronavirus.

Ante los acontecimientos sucedidos en China durante el fin de año del 2019 y los primeros meses del 2020 que se extendieron rápidamente a varios países, la Organización Mundial de la Salud OMS declaro al coronavirus como un virus pandémico. Este hecho suscito que varios países tomaran medidas inmediatas para frenar el avance del virus, en el caso de Colombia el gobierno a través del Ministerio de Salud y Protección Social expidió la resolución 385 del 2020, que declara la emergencia sanitaria debido al coronavirus o también llamado COVID-19, además de adoptar medidas.

Si bien esta medida fue una norma ministerial de segundo nivel, ejecutada para frenar y prevenir el COVID-19, a los pocos días, más exactamente el 17 de marzo se expidió el Decreto 417 del 2020 donde se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, amparado en el Art 215 de la Constitución Política de 1991. En este punto es importante resaltar que esta medida nace dentro de la constitución y esta regulada por la misma ya que, se establece que la declaración solo puede durar 30 días y extenderse máximo hasta 90 días; esta limitación es importante ya que durante el periodo de vigencia de la emergencia el órgano ejecutivo del gobierno adquiere un mayor poder.

Dentro del decreto 417 se les pedida a los colombianos dueños de bares y gastro bares que cerraran temporalmente sus comercios, a las EPS e IPS que facilitaran el acceso a la afiliación a la seguridad social de manera virtual, a los demás establecimientos de comercio tomar medidas que permitan la higiene de todos los ciudadanos, además de ordenar a los medios de comunicación emitir gratuitamente toda información acerca de la situación sanitaria del país y las medidas adoptadas para el cuidado, entre otras cosas. (República de Colombia, 2020)

Como vemos, las acciones del gobierno estuvieron direccionadas en su mayoría al beneficio de la ciudadanía. Esta ultima orden dada a los medios de comunicación se da bajo el decreto 806 del 2020 el cual buscaba que las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC ocuparan el papel de intermediario y transmisor entre las declaraciones del gobierno frente a la emergencia y los ciudadanos.

El actuar del gobierno se encuentra contemplando en el Derecho Administrativo bajo el Art 3 numeral 9, principio de publicidad el cual habla acerca de que “ las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código” (República de Colombia, 2011).

En concordancia con lo anterior, los medios de comunicación emitían boletines diarios acerca de la situación sanitaria del país, acompañado de una alocución pública del presidente Iván Duque, que tenía lugar al finalizar la tarde.

Sin embargo, el gobierno posteriormente tomo la decisión de encrudecer las medidas para prevenir el COVID-19. El 6 de mayo se dio a conocer el decreto 637 del 2020 donde los ciudadanos debían entrar en aislamiento preventivo obligatorio, en este momento la vida cotidiana de muchas personas se vio obligada a entrar en pausa y junto con ello el comercio nacional, lo que significo grandes pérdidas económicas puesto que, la mayoría de los gremios detuvieron sus actividades o las disminuyeron. Entre los que se vieron seriamente afectados están las empresas de aviación, quienes pasaron meses antes de que el espacio aéreo colombiano fuera autorizado a surcarse de nuevo.

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