EL INMINENTE ARRIBO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURA PROVOCARÁ LA DEMANDA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CON ALTA CALIDAD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA.
Enviado por MIRIAMVALFER • 6 de Agosto de 2015 • Ensayo • 1.597 Palabras (7 Páginas) • 258 Visitas
ARMAS DE FUEGO
EL INMINENTE ARRIBO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURA PROVOCARÁ LA DEMANDA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CON ALTA CALIDAD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA.
Derivado de las reformas legales que se encuentran en curso de implementación en el país, en rubros estratégicos, tales como energía, telecomunicaciones, desarrollo industrial e inversiones extranjeras, se destaca la necesidad de identificar sectores relevantes que necesariamente requerirán servicios de seguridad privada altamente profesionales y personal con las destrezas y habilidades que incluyen el manejo de armas, y cuyas actividades deben quedar reguladas por los tres órdenes de gobierno.
EN LA SEGOB (CNS-DGSP) HAY LA ABSOLUTA DISPOSICION PARA APROVECHAR LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE SE EJERCEN EN COORDINACION CON LA SDN.
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) tiene facultades establecidas en el marco normativo que determina su competencia en la materia y que contribuyen a la regulación del uso de armas por personal civil, autorizado mediante licencias emitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, previa opinión de SEGOB, a través de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP).
En la regulación mencionada, la SEGOB tiene previsto intervenir en los casos de emisión de autorización a funcionarios federales que por la índole de sus actividades requieran autorización para portación de armas de fuego mediante Licencia Individual Oficial, este tipo de licencias no se han expedido en los últimos años.
En el ejercicio de las funciones regulatorias correspondientes e inherentes a la “emisión de opinión favorable” determinada por la Ley Federal de Seguridad Privada y por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se han acumulado experiencias que son aprovechables para el mejor control regulatorio del personal civil con Licencia Particular Colectiva (LPC) para portación de armas.
BAJO LAS MISMAS REGLAS, FORMATOS, REQUISITOS Y TRAMITES, ALGUNAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA OBTIENEN LAS LPC’S Y OTRAS NO.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) evitando la proliferación de las armas, aparentemente ha negado la expedición de la mayoría de las licencias particulares colectivas solicitadas, de acuerdo a sus procedimientos y ejercicio discrecional de dichas autorizaciones, causando la inconformidad de los solicitantes ya que se confiere distinto valor decisorio a la emisión de opinión de la DGSP sin especificar criterios que permitan al solicitante modificar o corregir las omisiones que se les señalan.
La DGSP no recibe, en vía de coordinación, información oportuna que sustente la negativa, o en su caso, autorización de la LPC, y por ello continúa aplicando un criterio que no corrige o modifica las bases de la opinión emitida, atribuyéndose a la DGSP la causa de la negativa de SEDENA al respecto.
Las denominadas “policías complementarias” también conocidas como “bancarias” o “auxiliares”, han asumido en el país funciones que corresponden a la seguridad privada con notoria irregularidad en cuanto a uso de armas y licencias respectivas, autorizadas por SEDENA para proporcionar seguridad pública.
LA INSUFICIENTE COORDINACION SDN – SEGOB PUDIERA ALENTAR FIGURAS DE SIMULACION O FRANCA IRREGULARIDAD EN LA OFERTA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMADA.
Los solicitantes que no obtienen la LPC se ven precisados a insertarse en el mercado irregular de uso de armas, mediante personal de las fuerzas armadas en situación de retiro, y personal de seguridad pública que han adquirido entrenamiento en el uso de armas. En caso de los primeros tienen, adicionalmente, una credencial que le permite el uso de armas para su defensa personal, la cual, en ocasiones, la emplean para proporcionar servicios de seguridad privada.
Los prestadores de servicios de seguridad privada que no recibieron la autorización de la LPC, es común que recurran a emplear servicios subrogados de personal armado conforme a la situación del párrafo anterior, e inclusive se sistematiza el alquiler de esas armas, sin ningún registro o control de su uso, con los riesgos inherentes.
En las situaciones antes descritas se favorece la inserción de la delincuencia organizada y ocasional, dando como resultado el aumento de los índices de actos delictivos cometidos con armas de fuego usadas sin control.
NO SE PRETENDE “FACILITAR” LA EMISION DE LPC’S SINO ESTABLECER VERDADEROS MECANISMOS DE CONTROL EFECTIVO Y PARA ELLO SE SUGIEFRE CONSIDERAR:
- Estimular mayor y mejor coordinación entre SEGOB y SEDENA.
- Establecer un protocolo que permita la emisión de las LPC de manera que se favorezca el control del personal y armas de fuego que serán empleadas en las funciones de seguridad privada, lo que permitirá la profesionalización de los prestadores de servicios que requieren armas de fuego en estos servicios.
- Que la coordinación planteada permita a ambas Secretarías disponer de elementos registrales que hagan al personal autorizado para el uso de armas, cierto, determinado y localizable, mediante instrumentos administrativos innovadores.
- Sistematizar el grupo de trabajo conjunto SEGOB-SEDENA para que periódicamente se reúna y emita directrices de acciones coordinadas en todo lo que se refiere al control regulatorio del personal y de las armas en la función de la seguridad privada, incluyendo la documentación idónea y visitas de verificación conjuntas en los tres órdenes de gobierno, lo cual permitirá avanzar en la tarea de un mecanismo regulatorio nacional que efectivamente contribuya a la profesionalización del sector de la seguridad privada que presta servicios con armas de fuego.
PLANTEAMIENTO PARA IMPLEMENTAR DE MANERA COORDINADA EL USO DE ARMAS DE FUEGO EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA CON REGULACIÓN HOMOLOGADA EN EL ESCENARIO DE UN
MANDO ÚNICO
CONTEXTO
En el presente año 2015, el uso de armas de fuego sujetas a control vía SEGOB- SEDENA, se ha incrementado en virtud de la demanda de servicios de seguridad remunerados en el ámbito privado.
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