EXAMEN MODULAR DE DERECHO PÚBLICO CASO I

EXAMEN MODULAR DE DERECHO PÚBLICO

CASO I

El señor Pablo Pérez, adulto mayor de 78 años de edad llegó en el año 1993 a la ciudad de Medellín desplazado por la violencia que ha generado el conflicto armado en Colombia, para su sustento tiene un puesto de venta avenas y empanadas ambulantes hace 20 años en un parque de Robledo.

El pasado 15 de marzo, la Alcaldía Municipal, a través de la Subsecretaría de Movilidad y Espacio Público, le notifica y ordena retirar definitivamente su punto de venta en vía pública.

Pérez se acerca al Consultorio Jurídico en busca de ayuda y alude que, de ese puesto de trabajo informal, depende el sustento suyo y de sus nietas menores que tiene a cargo. Además, que de ahí obtiene el dinero para pagar $ 120.000 pesos de arriendo y con lo poco que queda de las ventas compra la medicina para tratar la leucemia que lo aqueja hace 5 años.

Solución:

• Adulto mayor de 78 años.
• Desplazado en 1993 por el conflicto armado.
• Hace 20 años es un vendedor ambulante.
• El 15 de marzo la alcaldía a través de sus funcionarios lo notifica y le ordena retirar definitivamente el punto de venta.
• El señor sostiene que de ese punto de venta depende sus ingresos y el sustento suyo y de sus nietas menores que tiene a cargo, además que de ahí paga el arrendo y compra medicinas.

Denuncia posibles maltratos de la policía. Hacer un llamado a la administración para que le ofrezca alternativas antes de dejarlo sin trabajo. No hubo una reunión previa con el señor Pérez ya que a este se le notifico y se le ordenó retirar su punto de venta.

Está bien y es loable que el alcalde pretenda recuperar el espacio público. De hecho tiene un amparo constitucional para hacerlo, pero la Corte Constitucional dice que eso no se puede establecer, como ha venido ocurriendo, una violación al derecho al trabajo y a la vida digna de los vendedores ambulantes.

Sentencia 396/97 “Principio de Buena Fe, Confianza Legislativa”; se requiere según las características de cada caso un proceso judicial o policial, porque en determinadas circunstancias el alcalde lo puede hacer mediante actuaciones administrativas que se derivan del poder general de policía, estas acciones deben ser previas a cualquier desalojo y si esto no ocurre se estaría en una vía de hecho que implicaría a una violación al debido proceso porque injustamente se dejaría de lado un proceso.

El derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, aunque el demandante ejerce actividades comerciales propios de la humanidad “economía informal” esta se encuentra reconocida y en tal virtud amparada como un nuevo fenómeno que acompaña al trabajo, por lo tanto dicha economía, como manifestación del trabajo requiere de un tratamiento en condiciones de dignidad y justicia, más aun cuando es indiscutible que esta clase de actividades depende la subsistencia de los comerciantes informales y de sus familias.

• Se viola el derecho al trabajo; ya que es innegable que al cerrarle su punto de venta se obstaculiza toda entrada económica dependientes de esta actividad.
• El derecho al debido proceso; pues lo que se pretende es el levantamiento sin las observancias propias de un proceso justo.
• Principio de la confianza legítima; con base en el principio constitucional de la buena fe es posible predicar la denominada confianza legítima en relación con aquellos ocupantes del espacio público que crea tener un derecho legítimo sobre aquel puesto que la respectiva autoridad pública no les ha impedido su ocupación, sino que por mucho tiempo les ha permitido y tolerado dicha ocupación.
• Pasa que el interés general de preservar el espacio público prima sobre el interés particular de los vendedores ambulantes, es necesario conciliar proporcional y armoniosamente los derechos y deberes en conflicto. El desalojo está permitido siempre y cuando exista un proceso que lo autorice y que garantice que los ocupantes no serán desamparados.
• Instaurar una acción de cumplimiento a la autoridad administrativa, pero sin ir en contra de los fallos de la Corte ante estos procesos frente a los vendedores ambulantes.
• Interponer una acción de tutela ante el Juzgado Laboral de Medellín, reclamando la violación al derecho al trabajo, por ende a una vida digna con los recursos para que esta se da y por ultimo al principio de confianza legítima.
• Derecho al trabajo artículo 25.
• Buena fe artículo 83.

CASO II

El día 14 de enero de 2018, Andreina, una mujer venezolana de 45 años, atravesó el Puente Internacional Simón Bolívar en la frontera colombo-venezolana debido a la difícil situación política de su país. Al realizar los trámites pertinentes en la oficina de migración, el personal responsable le preguntó cuál era la principal intención de ingresar a territorio colombiano a lo que ella respondió con palabras breves: «escapo de la dictadura socialista de Maduro, escapo del terror comunista, escapo de la miseria y la desolación». Surtido el procedimiento pertinente, Andreina, acompañada de sus dos hijos, Xavier de 15 años y Junior de 10, decidió dirigirse a la ciudad de Medellín donde tenía una familiar lejana con el ánimo de establecerse permanentemente.

Una vez llegada a esta ciudad, Andreina inició un trámite formal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores con el ánimo de que se le reconociera la nacionalidad colombiana, ya que tanto su abuelo como su abuela maternos habían nacido en territorio nacional. Mientras se evaluaba la veracidad de los documentos, tiempo que podía tardar algunas semanas, la funcionaria del Ministerio le explicó que el proceso de nacionalidad por adopción consiste, además de un trámite documental, en la presentación de un examen general de Constitución Política, Geografía e Historia el cual debe aprobar.

Preocupada por su desconocimiento de la cultura colombiana, Andreina se acerca al consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás para que los estudiantes de segundo semestre le enseñen los elementos generales de la historia constitucional colombiana, hitos sociales y políticos que se han presentado en Colombia, la teoría del estado y la constitución, la organización del Estado Colombiano, las ramas del poder público y los derechos humanos.

Solución:

Organización Política y Administrativa;

• Colombia cuenta con 1123 municipios, 32 departamentos y 5 distritos. (Art 286 CP)
• Un municipio es una entidad territorial organizada administrativa y jurídicamente. Es dirigido por la figura de un alcalde (art 311 CP)
• Los departamentos son encabezados por un gobernador encargado de la administración autónoma de los recursos otorgados por el Estado. (Art 289 CP)
• Los distritos son entidades territoriales con una administración especial. Por su importancia nacional, en Colombia las ciudades de Bogotá  (art 322), Cartagena (art 328 CP), Barranquilla, Santa Marta (art 328)  y Buenaventura llevan este distintivo.
• Las entidades territoriales indígenas son gobiernos locales indígenas que ocupan alguna porción departamental o municipal.

Teorías del Estado

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