El Fin del Estado

1. ¿Cuál es el fin último del estado de derecho y cuáles son sus instituciones?

A través de la historia, es evidente que la más grande amenaza de las libertades individuales (entendida, claro está, como aquella esfera de libertad sin ningún tipo de coacción) ha sido el Estado (o gobernante). A lo largo de la misma, han surgido innumerables déspotas que han causado estragos en la humanidad (Stalin, Hitler, Mao, entre otros), teniendo toda la coincidencia que controlaban su respectivo Estado a su antojo, teniendo el mismo el más amplio de controles a ejercer y sin ningún tipo de limitaciones.

Es así que surge el Estado de Derecho, concebido desde sus inicios como la forma más efectiva de garantizar y proteger los derechos e intereses legítimos de todos los individuos. De esta forma, se busca proteger los valores primordiales de la sociedad (libertad en sentido negativo, igualdad formal y respeto absoluto de la propiedad privada), para lograr que cada individuo pueda lograr sus objetivos y obtener la felicidad en su vida, siempre y cuando actué de manera virtuosa y nunca en detraimiento de los demás.

SANTAMARÍA PASTOR (citando a R. THOMA) establece que “Estado de Derecho es aquél en el que rige el principio de legalidad de la Administración, así como las reglas de la división de poderes, de la supremacía y reserva de la ley, de la protección de los ciudadanos mediante Tribunales independientes y de la responsabilidad del Estado por actos ilícitos”. A partir de estas concepciones es que empiezan a surgir las instituciones que van a garantizar dichos objetivos, las cuales son:

• Separación de poderes: Gracias a este principio, concebido en la Primera Constitución de Estados Unidos, se dio el quiebre entre los antiguos regímenes monárquicos y se pasó a uno concebido para garantizar los derechos de los individuos, en donde se dieron cuenta que para lograr ello se debía de desconfiar de quienes ostentaban el poder (los gobernantes). Es así que se decidió fraccionar dicho poder en tres principales: ejecutivo (quien administra), legislativo (quien legisla) y judicial (quien juzga y resuelve controversias). Con ello se logró fraccionar el poder, pero no se detuvieron ahí, sino que siguieron desconfiando de quienes ostentaban los cargos de cada uno de esos poderes, por lo que se estableció un sistema de pesos y contrapesos, en donde cada poder tendría unos determinados mecanismos para controlar las decisiones de los demás poderes (ya sea política, económica o jurídicamente).

• Principio de legalidad: Este es uno de los principios más arraigados de los sistemas liberales. Históricamente se han dado dos concepciones a este principio, uno denominado vinculación positiva (lo que no está permitido, se considera prohibido) y la otra vinculación negativa (todo lo que no está prohibido por la norma se entiende como permitido).

De esta forma, si un estado quiere regirse bajo las premisas esenciales del Estado de Derecho, deberá adoptar la primera de las concepciones nombradas, ocasionando que toda actuación de la Administración Pública debe estar previamente establecida en la ley, es decir, que la administración no podrá ejecutar ningún tipo de acto si no existe una ley que le indique o le permita dicha actuación (lo que se conoce como “plena juridicidad de la acción administrativa”). Asimismo, la administración se encuentra igualmente obligada a respetar y a cumplir, no solo la ley, sino lo dispuesto en la norma suprema.

Aquí podemos mencionar otro principio como lo es el de la supralegalidad constitucional, el cual trata de que dentro de la misma Constitución se deben encontrar todos los preceptos fundamentales (estipulados mediante normas generales y abstractas) para la garantización de las libertades individuales, que deben de ser acatados por todos igualmente, y que, además, debe de ser la fuente de todo el ordenamiento jurídico de una sociedad determinada, en donde ninguna disposición podría de ir en contra de esos principios fundamentales.

• Tutela judicial efectiva: Bajo esta concepción de Estado de Derecho, el Poder Judicial juega un papel fundamental, en vista de que son los jueces los únicos que pueden ejercer el poder jurisdiccional del Estado, es decir, el poder de dar resolución a las controversias habidas entre las personas (incluyendo al mismo Estado).

Uno de los problemas que surge aquí a la hora del análisis del contencioso administrativo, en vista de que estos son los jueces encargados de dirimir los conflictos habidos entre los privados y la administración. Antiguamente (e incluso ocurre en muchos países del mundo actual, incluido Venezuela por supuesto) se tenía la concepción de que el poder judicial no podía intervenir u obstruir las actuaciones del ejecutivo, pero con el pasar de los años se fue entendiendo a duras penas que el Estado no puede ser enjuiciado bajo extensas prerrogativas y privilegios, que los individuos o privados no poseen, en vista de que ello va en contra del valor de la igualdad formal.

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