El Fin del Estado Nuevo

En la década que empezó en 1530, el gobierno portugués implantó en Brasil el sistema de Capitanías Hereditarias, o sea, de feudos concedidos a nobles, militares y burócratas, con amplia autonomía administrativa, limitándose la Corona a efectuar, en ellas, el cobro de algunos pocos tributos, según lo establecido en los forales y cartas de donación. Para ello, instaló en cada capitanía una Proveeduría de la Real Hacienda, encargada de efectuar tales cobros. Esas proveedurías tenían, también, la función de aduanas, por lo que sus jefes, los Proveedores, eran también Jueces de Aduana.

Se sabe, por la documentación existente, que prácticamente todas las capitanías, a excepción de las de Maranhão, Santo Amaro y São Tomé, instalaron sus aduanas. Entretanto, en la etapa en que se encuentran las investigaciones históricas, es imposible saber cual es la más antigua. Hay indicios, entretanto, de que talvez sean las de São Vicente el la de Pernambuco (instalada, en aquél entonces, en Olinda).

Entretanto, no fue dictado ningún regimiento para tales proveedurías, por lo que las actividades aduaneras estaban sujetas, frecuentemente, a dudas sin solución. Solamente en 1549, cuando fue creada la Proveeduría Mayor de la Real Hacienda, con sede en Bahía, y que tenía como jefe Antonio Cardoso de Barros, la Corona dictó regimientos para este y para los proveedores de las capitanías. El proveedor continuaba siendo juez de aduana, su jefe, juntamente con el escribano de la aduana, el pretor, el merino del mar, el juez de la balanza y algunos guardias. Además de las atribuciones meramente fiscales, los proveedores debían actuar también como representantes del Rey en otros asuntos, incluso en la defensa militar. Comandaron, en muchas oportunidades, la defensa de las capitanías en contra de los corsarios e invasores, lidiaban banderas en la búsqueda de metales preciosos, como Brás Cubas y Francisco Monteiro, y enfrentaron motines populares. Y aún tenían que cobrar aranceles.

Los principales arnceles aduaneros, entretanto, no eran cobrados en Brasil, ya que solamente las mercancías provenientes de Portugal podían entrar aquí. (No se debe criticar excesivamente esa política una vez que todos los países colonialistas de la época la adoptaban; Inglaterra la mantuvo hasta el siglo XX, en India y otras colonias). Los impuestos cobrados en las aduanas brasileñas incidían sobre las exportaciones hacia fuera del reino y sobre las importaciones realizadas por comerciantes extranjeros. Algunos tributos adicionales, entretanto, eran cobrados sobre las importaciones y exportaciones, a título de "donativos" o "subsidios".

Aún en el siglo XVI ocurrieron dos grandes alteraciones en el sistema aduanero de Brasil: la creación de la aduana de Río de Janeiro, en 1566, que iba a transformarse en la más importante del país, y la otorga del Foral de la Aduana Grande de Lisboa, en 15 de Octubre de 1587, modelo de toda la reglamentación aduanera posterior. ¡Por increíble que pueda parecer, ese foral estuvo vigente como legislación básica para las aduanas brasileñas hasta 1832! ( 1)

A fines del siglo XVI, la Ley del 09 de Febrero de 1591 cierra los puertos de Brasil a los navíos extranjeros, que no obtuviesen una licencia previa de la corona. Nuevos diplomas legales en 1605 prohibieron completamente el comercio con embarcaciones extranjeras, con la intención de perjudicar ingleses y holandeses.

En el siglo XVII se dieron pocos cambios; nuevas aduanas fueron creadas en el litoral norte, creció el cuadro de personal de algunas de las primitivas, presionadas por el aumento del comercio exterior, y otras murieron, siendo extinguidas debido a la falta de movimiento en el respectivo puerto.

Cambios significativos ocurrieron, entretanto, al comienzo del siglo XVIII. El oro que los paulistas habían descubierto en Minas Gerais revolucionó el comercio internacional. El gobierno portugués no logro evitar la avalancha de mercancías que bajaron sobre los puertos brasileños. Cerrar los puertos significaba, simplemente, abrir las puertas para el contrabando, que seria facilitado por la extensión del litoral y por los escasos cuadros de personal aduanero.

La solución fue una liberalización del comercio, manteniéndose el monopolio metropolitano, o sea, la prohibición del comercio directo con otros países. Sin embargo, productos extranjeros entraban libremente, vía Portugal, en los puertos brasileños. En compensación la Corona impuso el Idísimo de Aduana a todas las mercancías que entraban o salían de Brasil. Como consecuencia, creció el servicio en las aduanas, implicando en el aumento de sus cuadros. Donde había un funcionario, pasó a existir una Mesa, o sea, una sección, compuesta por varios funcionarios. De esa manera, el Juez de la Balanza pasó a ser el jefe de la Mesa de la Balanza. La Aduana de Río de Janeiro, principal puerto de escape del oro y de importación de mercancías intercambiadas por el mismo, conquistó una autonomía, separándose de la Proveeduría Real de Hacienda de la capitanía.

En la medida que el Ciclo del Oro ganaba importancia, el comercio exterior también crecía, aún cuando enfrentaba algunas crisis periódicas de corta duración. Las aduanas que sobrevivieron a la estagnación económica del siglo XVII se mantuvieron y ganaron espacio en la administración fiscal de la época. Como una paradoja, aproximadamente en 1770, cuando la minería ya entraba en decadencia, el Marqués de Pombal instituyó el Erario Regio y las Juntas de la Real Hacienda y extinguió las antiguas proveedurías, transformando las aduanas en entes autónomos, desconectadas de la recaudación de los impuestos internos. La figura de los Proveedores fue desapareciendo gradualmente, en la medida que se instalaban las Juntas, restándoles, únicamente, el puesto de Jueces de Aduana, puesto ya ocupaban de forma accesoria.

El siglo XIX empezó con una trasformación radical. La llegada de la familia Real a Brasil resultó en la inmediata apertura de los puertos al comercio internacional. Con relación al agotamiento de los yacimientos auríferos, las aduanas volvieron a crecer, tanto en número, como en movimiento. La situación política vivida por la Corona Portuguesa, totalmente dependiente de Inglaterra, impuso una orientación que protegía excesivamente los comerciantes ingleses, favorecidos por un arancel de 15%, mientras que todos los demás, incluso los portugueses, pagaban 24% ad valorem . Esa situación, tan esdrújula, solo fue totalmente corregida en 1826, año en que terminó el tratado firmado con Inglaterra.

La Regencia, a pesar de los frecuentes tumultos y rebeliones, encontró tiempo para organizar administrativamente el Imperio,

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