El Nuevo Rol Del Estado

El nuevo rol del Estado.

La población salvadoreña aumentaba de forma alarmante, y ya para la década de 1950 era motivo de mucha preocupación. Se hacia ver con frecuencia que El salvador se había convertido en uno de los países mas densamente poblados del hemisferio. En 1950 había 93 habitantes por km2, y para 1961 había 126. Era evidente que habría dificultades para satisfacer las demandas sociales, sobre todo del creciente sector urbano. Aunque para 1950 más de 63 habitantes por cada 100 vivían en el campo, esta proporción se estaba acortando con rapidez, debido a la migración hacia las ciudades, que presentaban más oportunidades de trabajo que el campo. Ya para 1961, la proporción de población rural había bajado a 61 de cada 100, notándose desde luego el crecimiento vertiginoso de la ciudad capital y de otras ciudades como Santa Ana en el occidente del país y San Miguel en el oriente, aunque en menor medida.

Ahora bien, el proyecto industrializante reseñado en las paginas anteriores cumplía una función económica y conjugaba una visión del desarrollo de la sociedad y del sistema político que debería acompañarlo, puesto que, de otro modo difícilmente podría funcionar.

Se trataba de promover condiciones de bienestar que permitieran a la población, sobre todo a la creciente población urbana, un mejor nivel de vida. De esta manera, podrían participar en el proyecto económico industrializante en forma mas dinámica. Esta participación podría ser como consumidores de los productos de la naciente industria, como mano de obra de mayor calificación o como presentadores de servicios técnicos y profesionales.

Por otro lado, se percibía a este sector de la población como el principal participante del “mercado político”, es decir, como sujeto activo de un esquema en que distintos grupos (los partidos políticos) competirían por el apoyo de la población para obtener el poder en los distintos niveles de gobierno.

Se quería promover un tipo de democracia, aunque la mayoría de los dirigentes de los gobiernos la concebían como limitada, en gestación, que solo paulatinamente habría de extenderse a todos los habitantes del país.

Asimismo, creían que solo seria una autentica democracia cuando la cultura política del país hubiera madurado, sobre todo por acción de la educación formal.

Como se apreció en el capitulo anterior, el proceso de democratización de la sociedad tuvo, en comparación con la modernización de la economía, un desarrollo muy limitado en la década de 1950, pese a haberse iniciado sobre la base de un Constitución moderna. Sin embargo, las medidas sociales de beneficio a la población se llevaron a cabo con mucha rapidez y a un nivel que no se había visto nunca en el país.

Estas medidas pueden estudiarse a través de la legislación en dos aspectos: las leyes y disposiciones que ampliaron el papel del Estado como promotor del bienestar de la población, y las leyes y disposiciones que específicamente fueron destinadas a los trabajadores.

Aunque en la década de 1940 el Estado había iniciando actividades sociales, por ejemplo, el Mejoramiento social, fue a partir de 1950 que se llevaron a cabo gastos públicos de grandes dimensiones. Estos se concentraron en las obras públicas y el fomento económico, de salud, educación y bienestar social, y de la seguridad social, que era una novedad para ese entonces. Los gastos de fomento económico subieron de 42.2 millones de colones en 1950 a 79 millones en 1956, que era un ritmo de crecimiento mucho mayor que los gastos de defensa y administración general del gobierno, los que se mantuvieron estáticos en dicho periodo, siendo el de defensa, en promedio, un poco mas del 10% del total del gasto.

Se crearon entidades descentralizadas como el Instituto Regulador de Abastecimiento (IRA), encargado de asegurar la operación de un mercado de alimentos básicos con precios atractivos, para el productor y para el consumidor. El Instituto de Vivienda Urbana (IVU) para facilitar la construcción de casas y apartamentos baratos, y el Instituto de Colonización Rural (ICR) para facilitar el proceso de asentamiento de campesinos sin tierra. Los programas de educación también recibieron un impulso especial, sobre todo en los primeros años de la década de 1950, lo mismo que la salud publica.

Si bien muchos de estos programas se extendieron por todo el territorio nacional, los que más se beneficiaron fueron los habitantes de las ciudades, sujetos principales de la legislación laboral y de seguridad social. Aunque dejaron fuera al campesinado, los gobiernos salidos de la revolución de 1948 efectuaron considerables cambios y colocaron a El salvador en igualdad con los países mas avanzados de Latinoamérica.

Las relaciones laborales fueron reguladas con leyes como la de Contratación Individual de Trabajo (1949), la de Contratación Colectiva (1950) y la de Sindicato (1950). En este campo, destaca la Ley del Seguro Social de 1949 (reformada en 1953), que sentó las bases para la creación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

La relación de los sindicatos de trabajadores con el gobierno tuvo varias etapas. Partiendo de un apoyo unánime en 1948, un sector de los trabajadores se distancio del gobierno, y para 1951 se dieron enfrentamientos que se agudizaron en 1952. En 1957, siendo Lemus presidente, se realizo el Primer Congreso Sindical Nacional que dio origen a la Confederación General de trabajadores Salvadoreño (CGTS), opuesta al régimen, la cual para el año siguiente patrocino la formación de otra organización, la Confederación General de Sindicatos (CGS). Las divisiones en el sindicalismo seguirían, con altibajos, a lo largo de las décadas siguientes. Algunas veces, el mismo gobierno se encargara de crear pugnas internas para dividir y debilitar la organización de los trabajadores.

El Estado, por su parte busco una relación de colaboración con los sindicatos. Inicialmente, era clara la intención de promover una legislación en apoyo al bienestar laboral. Aunque se descartaba la posibilidad de una sindicalización campesina, se intento crear una “relación

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