El Sector Público y los Agentes Privados en la Ordenación Territorial

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad exponer a groso modo algunos apuntamientos del Ordenamiento Territorial (O.T.). Esencialmente, ilustrar el tema referente a la participación de diversos sectores en esta política de Estado, particularmente en México, que conforme al contexto social, económico y político, resulta ser un tema complejo en virtud de que sus aspectos se cargan de conflictos de interés entre sectores políticos y empresariales, por lo que casi nunca queda al margen de la corrupción todo lo relativo a la obra pública para los asentamientos humanos y la ordenación del territorial, echándose a andar proyectos sin que exista una adecuada planeación, no se plantean las interrogantes: ¿por qué hacerlo? ¿para qué hacerlo? ¿qué se espera? ¿cuál es el objeto o fin? generándose un sinfín de dificultades, como son: los problemas de movilidad, la saturación de servicios públicos, limitación de áreas verdes, etc. Lo cual, requiere de la confección de programas eficientes y eficaces que no excedan las limitaciones políticas y eviten un crecimiento mal ordenado, lejos de la corrupción que siempre ha generado licitaciones arregladas (“amañadas”), que llevan a un mal asentamiento y/o construcción de desarrollos en los lugares más inconvenientes.

PRÓLOGO

Antes de ahondar en la esencia del presente artículo, cabe referirse al concepto de lo que es el Ordenamiento Territorial (O.T) desde un punto de vista jurídico y algo más extenso, y con ello construir una delimitación del concepto en cuanto a los actores que participan en su tejido, pues su actividad está inmersa en la función pública prevista en el orden jurídico de todo el país, conjuntamente en la doctrina en general. Primeramente, puede hallarse el concepto jurídico al hacer la interpretación de la legislación que incumba a la materia, así como en algunos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además en lo concerniente a los Estados y Municipios están las Constituciones Locales, las leyes que emita el Poder Legislativo de cada Entidad, los Reglamentos, etc. Así en el ámbito federal tenemos, sólo por citar algunos ejemplos de la legislación a este respecto: la Ley de Planeación, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano^[1], la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, etc.

De conformidad con lo anterior, y de acuerdo con lo definido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el O.T. es un proceso político en medida de que implica una toma de decisiones concertadas de factores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Asimismo, la señala como un proceso técnico-administrativo porque orienta la regulación, promoción de la localización y avance de actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial, así como de los asentamientos humanos. Al mismo tiempo, refiere que es un instrumento que tiene como fin la distribución imparcial de la población y sus actividades económicas, contribuye a la consecución de los objetivos del desarrollo nacional, estatal y municipal en su dimensión territorial y permite entre otras cosas llevar a cabo procesos eficientes de reubicación de la población asentada en zonas de riesgo.

Ahora bien, de manera universal el concepto de O.T. no tiene definición que resulte precisa pues al final siempre recae en la rama pública del derecho y por otro lado está fuertemente ligado a la actividad humana, se encuentra intrínsecamente unido al hecho cultural del hombre, tiene un fuerte contenido económico, motor y condicionante de las actividades del ser humano, se refiere a la actividad de administrar y fundar un orden de prioridades en el uso de un espacio de un determinado país y/o área regional con el propósito de lograr un fin deseado y por ser de interés general y colectivo está por encima de los intereses más o menos legítimos de los particulares y/o individuales, por lo que en esencia es una función pública derivada del orden público y de no disponibilidad para particulares.

En suma de lo anterior, podría decirse que el O.T. organiza los usos de las diferentes zonas que conforman el territorio, el cual es elemento básico del Estado y se traduce en acciones encaminadas a orientar la transformación, ocupación y utilización de espacios geográficos buscando el desarrollo socioeconómico, vigilando continuamente que los “supuestos” fines de la administración pública se cumplan, es decir, lograr el bienestar social y el bien común satisfaciendo las necesidades de la población sin dejar de lado el factor medio ambiente y su sostenibilidad, trazando para todo esto los ejes para su desarrollo, fundando objetivos dentro de su planeación, la cual representa el proceso de toma de decisiones para alcanzar el futuro deseado (a largo plazo), teniendo en cuenta la situación presente y sus factores, pues al elaborar y aprobar planes de actuación se definirá el modelo territorial pretendido, haciendo uso de técnicas y una visión lógica.

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