El delito de cohecho

COHECHO

Puede definirse el cohecho como la solicitud o recepcion, en provecho propio o de un tercero, de dádivas, presentes u ofrecimientos, realizada por una autoridad, funcionario publico, jurado, árbitro, perito o cualesquiera otras personas que participen en el ejercicio de de funciones publicas, con el objeto de realizar un injusto relativo al ejercicio de su cargo, pudiendo ser éste constitutivo o no de delito.

PARTICIPANTES

• Sujeto Activo: es la persona física que comete el delito es decir, quien ofrece dinero, dádivas o promesas a cambio de una acción beneficiosa a su favor por parte un funcionario público también llamado cohechador.

• Sujeto Pasivo: Se cataloga como la persona física o moral sobre quien recae el daño ocasionado por el sujeto activo. En el delito de cohecho, el funcionado pasivo siempre será tomado como el Estado.

QUE REGULA EL COHECHO

El delito de cohecho esta regulado por el código penal colombiano en su segundo libro”delitos contra la existencia y seguridad del estado”, capitulo IV artículos 41 al 44.

CLASES DE COHECHO

COHECHO PROPIO:El servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) o ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal

COHECHO IMPROPIO:El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.

COHECHO POR DAR O RECIBIR: El que de u ofrezca dinero o otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal y prohibición de celebrar contratos con la administración por el mismo término.

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