El derecho a decidir

El derecho a decidir

Cuando hablamos de la legalización del aborto estamos hablando del derecho a decidir cuándo y bajo qué circunstancias ser madre. En términos médicos, un aborto significa la terminación (voluntaria o involuntaria) de un embarazo dónde el producto no es viable, es decir, no puede sobrevivir por su cuenta. Las circunstancias en las que se puede dar un aborto son infinitas, en ocasiones el embarazo es atípico o representa un riesgo de muerte para la mujer, por lo que es clínicamente necesario terminarlo. En otras ocasiones, ocurre de manera accidental e involuntaria, como una respuesta del organismo ante el embarazo. Comúnmente, asociamos la palabra aborto con la acción de buscar de manera voluntaria la interrupción de un embarazo, aunque este no siempre sea el caso. Dicho lo anterior, es muy importante entender la diferencia entre aborto e Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVLE).

Las campañas por la IVLE no solo buscan la despenalización del aborto bajo todas sus causales, sino también el acceso seguro y gratuito a este procedimiento como parte de los servicios de salud pública del Estado. Esto para sanar la brecha que existe en la calidad y el acceso a este procedimiento entre las mujeres que tienen los recursos necesarios para viajar fuera del estado o país para realizarse un aborto, contra aquellas que recurren a métodos inseguros que ponen en riesgo su vida. Como parte de esta iniciativa, se presenta también un proyecto de educación y salud sexual gratuita y obligatoria para toda la población, siguiendo la consigna del movimiento de marea verde: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir”. A pesar de la controversia alrededor del tema, la evidencia a nivel global respalda que la legalización del aborto no tiene efectos negativos en la mortalidad o natalidad de las poblaciones, por el contrario, se predicen efectos positivos a largo plazo en materia de embarazo adolescente, violencia intrafamiliar y muerte infantil.

En un país como México, donde la violencia sexual, la violencia de género, el maltrato infantil y los embarazos adolescentes son abundantes, limitar a las mujeres en el acceso a sus derechos reproductivos es seguir atentando contra su integridad. La OMS ha reconocido la IVLE como un derecho reproductivo, similar al acceso a métodos anticonceptivos y la libertad de formar una familia, por lo que es cuestión de tiempo para que los gobiernos estatales en México reconozcan este hecho y acepten que es anticonstitucional penalizar a una mujer por terminar con su embarazo, como sucedió recientemente en Coahuila.

Penalizar el aborto es fomentar la maternidad involuntaria, la orfandad, la violencia intrafamiliar y las brechas socioeconómicas. No hay necesidad de seguir cuestionando y condicionando a las mujeres en su decisión de ser madres o no. Establecer causales como “solo en caso de violación, pederastia o incesto” es afirmar que las mujeres sólo tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos una vez que se las ha violentado. Por otro lado, poner limitaciones de tiempo muy reducidas, como ha sucedido en otros países, es absurdo. Hay mujeres que no pueden saber o confirmar que están embarazadas hasta después de la 6ta semana, y para algunas no es posible tomar una decisión inmediatamente. Tampoco hay evidencia que las mujeres que se practican un aborto caen en depresión o se arrepienten de su decisión.

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