El derecho a la educación superior en México

El derecho a la educación superior en México

Diego Ángeles Colín / octubre 24, 2018

Los difíciles retos que México enfrenta en educación superior ya han sido abordados con anterioridad en este mismo espacio y por igual se han analizado algunas de las propuestas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la materia. Su programa de trabajo en educación, plasmado en el texto “Proyecto de Nación 2018-2024,” toma como referencia el principio de inclusión en educación — educación para todos— la cual se vuelve fundamental ante la baja matrícula en educación superior del país (solo tres de cada diez jóvenes mexicanos lograr estudiar una carrera universitaria). En días recientes, representantes de MORENA y del PAN pusieron a discusión en la Cámara del Senado la propuesta de amparar en el artículo tercero de la Constitución la obligatoriedad de la educación superior. Con ello en mente, a continuación, presento algunas consideraciones sobre el contenido normativo de un derecho a la educación superior con la finalidad de ponderar sus alcances y limitaciones.

• Se menciona en el artículo tercero que la educación debe der ser de acceso gratuito, pero solamente en los niveles de preescolar a secundaria y en la preparatoria solo bajo el amparo del estado, y que en universidad solo se hace cargo de gastos de la universidad y que no hay mención de que sea gratuita y que no garantiza que todo aquel que quiera ingresar será aceptado.  

• La declaración de los derechos humanos en 1948 establece que “el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos” eso esta estipulado en el articulo 26 y en el articulo 49 establece que la educación superior será abiertas para todas las personas para que tuvieran un alto nivel de estudios.

• En ninguna de las declaraciones se dice sobre la gratuidad de los estudios de universidad, menciona sobre un problema que hubo en el país de CHILE donde menciona que hubo grandes problemas financieros y sociales, que esto impide que sea el acceso gratis el estudio universitario, pero menciona que en México por el incremento de matricula requiere que sea gratuito.

• McCowan analiso quienes podían reclamar los derechos a estudiar, si solo jóvenes o también como adultos mayores, también consideraba que no solo fuera la educación superior si no también la educación continua y algunas otras actividades formativas que pudieran ayudar a la integración.

Principalmente el derecho a la educación superior debería construirse con una visión de justicia social, nos dice este mismo académico. En el caso mexicano, este punto es central para cualquier proyecto educativo ante la exclusión histórica de miles de mexicanos de escasos recursos y de origen indígena. Algunos académicos ya han planteado políticas en educación superior con el enfoque de justicia social que analizan temas más allá del acceso, como la permanencia, la calidad y la conclusión de los estudios. De vuelta al caso chileno, la política de gratuidad en las universidades públicas se ha desarrollado a través de un enfoque gradual, favoreciendo en primera instancia a los estudiantes con mayores desventajas socioeconómicas.

Lamentablemente, en el caso mexicano un decreto legislativo no será suficiente. Por un lado, la baja matrícula en educación superior del país responde a las varias fracturas de nuestro sistema educativo, especialmente las relacionadas a la educación secundaria y media superior, en donde, a pesar de su carácter obligatorio, persisten altas tasas de deserción y muy baja calidad. Sin una política

educativa integral en donde inclusión y calidad sean prioridad, no habrá derecho a la educación superior que valga la pena. Por el otro lado, el sistema universitario público se encuentra actualmente sumergido en una crisis de legitimidad ante los gravísimos escándalos de corrupción en una docena de establecimientos académicos y el desaseo financiero en otros tantos. Si sumamos el aumento de la inseguridad y la venta de drogas al interior de algunas de las instituciones de mayor prestigio del país, el panorama se vuelve más desolador. En lugar de fungir como faros de luz en el momento más oscuro del país, las universidades mexicanas se nos muestran enquistadas y rebasadas por la cruda realidad que nos azota.  

En este sentido, de poco serviría la creación de 100 nuevas universidades, como AMLO ha prometido en repetidas ocasiones, si no hay una revisión de fondo de los arreglos institucionales de las universidades públicas, especialmente a sus mecanismos de transparencia y métodos de gobierno ya caducos, como en el caso de la UNAM. Además, la obligatoriedad de la educación superior debe considerar un robustecimiento a la ciencia y la tecnología, de las misiones de investigación y difusión cultural de las universidades mexicanas. Y es que México necesita, desesperadamente, de jóvenes preparados para investigar qué nos condujo a esta situación de barbarie y cómo salir de aquí, y de jóvenes empapados de un nuevo humanismo.  

• Me parece muy bueno que podamos tener educación gratuita en los niveles de preescolar a preparatoria, pero sería mucho mejor que se diera también apoyo para que fuera más en su totalidad gratis la universidad algún programa para apoyo de jóvenes personas adultas para que puedan realizar los estudios de una profesión, ya que hay mucha gente de bajo recursos que les impide poder seguir sus estudios por el bajo pago de su salario por lo cual no pueden seguir estudiando o realizando alguna actividad educativa o de integración que le podría ayudar mucho en un futuro.

Artículo en: https://educacion.nexos.com.mx/?p=1548

Los temas pendientes de la legislación mexicana de educación superior

Romualdo López Zárate / mayo 11, 2016

En fechas recientes se debate el tema de posibles cambios que se deberían realizar a la legislación mexicana en materia de educación superior, existen temores fundados e infundados al respecto. Uno de los tópicos que debe ser analizado en una futura ley es el relativo a la responsabilidad del Estado para financiar la educación superior pública. Sobre el tema particular del financiamiento y sus posibles afectaciones en cambios legislativos deseo expresar algunas opiniones empezando con que es evidente que la legislación vigente no garantiza la suficiencia y certeza financiera de las instituciones públicas de educación superior en la actualidad.

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