El derecho administrativo es un conjunto de normas y principios de Derecho Público

El derecho administrativo es un conjunto de normas y principios de Derecho Público que regula la organización y comportamiento de la administración pública, así como las relaciones de los órganos de la administración pública con sus funcionarios, a fin de cumplir con sus objetivos y metas. El derecho administrativo se caracteriza por ser: Contralor ya que se han creado órganos que tienen funciones de control; es Común, debido a que es frecuente a todas las actividades (municipales, tributarias, etc.) y sus principios son aplicables a todas las materias; también es Autónomo porque tiene sus propios principios generales y se autoabastece; además es Local porque tiene que ver con la organización política en nuestro país.

En toda disciplina existen unos principios o normas que rigen el proceso de ejecución, tal es el caso del Derecho administrativo en donde se han establecido unas nociones a fin de guiar cada paso que se realice dentro de su actuación.  En primer lugar se tiene el Principio de legalidad de la Administración Pública, en donde se indica que todo proceso administrativo debe estar basado en las normas jurídicas establecidas, tal como lo señala la LOAP en su artículo 4, manifestando que la Administración pública se organiza, se distribuye y actúa de acuerdo con ciertas normas, en especial considerando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y otras leyes que rigen los actos administrativos.

Otro principio es el denominado Principio de Supremacía de la Administración Pública, en este caso la supremacía, es decir, la superior de todas las leyes para todo órgano administrativo y público es la Constitución, que va a condicionar todos los órganos jurídicos que actúen dentro del territorio, porque en ella se establecen las normas que amparan el control jurídico de toda actividad administrativa. Por lo tanto, ante todo juicio o resolución de conflicto, los jueces deben considerar las leyes que este relacionadas con el tema tratado, pero teniendo siempre presente a la Constitución como Ley suprema, por ello, toda actuación jurídica debe permitir la aplicación del Derecho, usando o aplicando las leyes inferiores, sin contradecir la ley superior.

Seguidamente se encuentra el Principio de Discrecionalidad de la Administración Pública, en donde se demuestra que todo acto no reglado por el Derecho Administrativo es justificado por la racionalidad que demuestre que no es un capricho ni que busca desviar el poder, sino por el contrario que se basa en una situación real y efectiva. Debido a que en la  administración pública están las actividades regladas que indican las formas exactas de proceder y las actividades discrecionales que da cierta libertad de proceder, es decir una forma subjetiva, es una libertad que aunque parezca contradictorio es una libertad condicionada, que propone ciertos elementos para que se pueda ejercer.      

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