El desmantelamiento de la seguridad social en México

Desmantelamiento de las instituciones de la seguridad social en México:

Pensiones. La problemática de la compensación económica justa

ANTECEDENTES

   En nuestro país, por primera vez se reconoce, a partir de 1917, a la clase trabajadora con derechos específicos a los que el Estado se obliga a proteger y garantizar. La Constitución Mexicana fue la primera en elevar a la categoría de norma fundamental el reconocimiento de los derechos sociales, entre los que se encuentra el derecho a la seguridad social. El artículo 123 de la Constitución mexicana de 1917^[1] pero no fue posible legislar al respecto, sino hasta 1943 cuando se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuya finalidad es dar cobertura a la población trabajadora en general, que se rige por el apartado A del artículo 123 de la Constitución. A la fecha, tiene cerca de 50 millones de derechohabientes. En el marco de las luchas de los maestros y ferrocarrileros, de finales de los años cincuenta, el Presidente Adolfo López Mateos impulsó la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 1959, que comenzó a prestar sus servicios en 1960 adicionando la fracción “B”  diferenciando los derechos de los trabajadores en general (Apartado A) de los servidores públicos federales (Apartado B), el ISSSTE, a la fecha atiende a un poco más de 13 millones de derechohabientes. (Anuarios, 2016)

  A nivel internacional, tenemos como antecedente el impulso de las movilizaciones de los trabajadores; a finales de la Segunda Guerra Mundial, se plasmó en el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, de la recién creada Organización de las Naciones Unidas, el derecho a la seguridad social (ONU,2012) afirma que  toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella misma y a su familia la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesario.

A partir de ese momento, en mayor o menor medida, las legislaciones nacionales incluyeron ese derecho, situándolo en algunas ocasiones como parte del derecho laboral, dentro del derecho público o considerándolo como un derecho social que rebasa el marco del derecho del trabajo y trata de proporcionar a la población se le denomina “estado de bienestar”.

 Sin embargo, a partir de la implementación del modelo neoliberal en la década de los ochentas, el derecho a un sistema íntegro de seguridad social, en donde un trabajador y su familia se encuentre asegurado ante cualquier riesgo laboral, enfermedad, urgencia médica y un retiro decoroso, ha tenido un proceso de cambios como la reducción paulatina de la protección y responsabilidad estatal de garantizar los derechos sociales y el bienestar.

 En este esquema, el cambio de la política social, se ha venido realizado mediante una propuesta en donde el bienestar social pertenece al ámbito de lo privado, la salud sólo interesa en términos de capital humano o de inversión rentable, y la acción pública como lo ha señalado la propia Organización de las Naciones Unidas, se limita al combate de lo que han definido como “la pobreza extrema” (Chinas, 2017).

   Retomando el contexto nacional, en México, la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE) como un órgano desconcentrado del Instituto, tenía a su cargo la administración de cuentas individuales de los trabajadores y la inversión de los recursos, excepto los fondos destinados a la vivienda.

   En 1995 Ernesto Zedillo Ponce de León, al plantear la reforma, el país se encontraba en medio de la peor crisis que había vivido el país en seis décadas, el entonces mandatario propuso, modificar la forma en que había funcionado el sistema de retiro, basado en la solidaridad intergeneracional. Los trabajadores en activo financiaban la pensión de los que pasaban a retiro. Una ecuación que se hacía difícil de sostener por el cambio en la demografía del país y el aumento en la expectativa de vida.

   La reforma fue presentada por el gobierno y apoyada en todo momento por la iniciativa privada. Lo que se buscaba, según la iniciativa, era regresar la viabilidad financiera al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al liberarlo de la obligación de hacerse cargo de las pensiones de la población que se incorporaba al mercado de trabajo. Y, para alcanzar ese objetivo, los trabajadores tendrían que aportar a lo largo de su vida laboral para financiar la pensión (Amador, 2017).

    La reforma a la Ley del Seguro Social en que se incluyó la privatización de las pensiones fue aprobada en diciembre de 1995, en la última legislatura en que el PRI tuvo mayoría en la Cámara de Diputados. Y entró en vigor el primero de julio de 1997. Ahí nacieron las administradoras de fondos para el retiro (Afore), empresas privadas que gestionan los recursos a partir de invertirlos en instrumentos financieros, cuyo rendimiento está influido por los vaivenes de los mercados financieros internacionales.

  En el 2007 tocó el turno al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La nueva Ley del ISSSTE homologa las prestaciones que tenían los servidores públicos desglosadas en más de 20 rubros, con las cinco áreas que contempla la Ley del Seguro Social reformada en 1997:  a) Riesgos de trabajo b) Salud c) Invalidez y Vida d) Retiro por cesantía en edad avanzada y vejez. e) Servicios sociales y culturales.

  A diferencia de las demás administradoras de fondos para el retiro (afores), este organismo público (PENSIONISSSTE) fue creado para que, además de garantizar el mayor rendimiento y seguridad del ahorro de los trabajadores, tenía un objetivo social y no de lucro.

  Por varias décadas, la seguridad social y los beneficios de la protección social para determinados grupos de trabajadores se fincaron en la circunstancia, ahora rebasada, por una población urbana en expansión con acceso al mercado de trabajo, relativa estabilidad laboral, una joven edad promedio de vida y una menor esperanza de vida.

  Este contexto invitaba a pensar en escenarios en donde las aportaciones de los jóvenes trabajadores en activo eran más que suficientes para financiar las pocas pensiones de reparto de adultos mayores, cuya expectativa de vida era reducida y con pocos años de disfrute pensionario (ASF, 2014).

  El ocho de septiembre de 2015 el presidente Enrique Peña Nieto remitió  a la Cámara de Diputados, junto con el paquete económico para el ejercicio fiscal del 2016, la iniciativa que reformó la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada el 31 de marzo de 2007 (LISSSTE 2007), que tiene por objeto desincorporar del ISSSTE la administradora de fondos para el retiro (AFORE) denominada Pensssioniste y crear en su lugar una empresa de participación estatal mayoritaria (EPEM) con participación de particulares hasta un 49% (Ullloa Padilla, 2016).

...