El gasto Publico frente a resultados de seguridad enfocado en homicidios dolosos en México

El gasto Publico frente a resultados de seguridad enfocado en homicidios dolosos en México (2010-2020)[pic 1]

¿Entre más se gasta en seguridad pública menos homicidios dolosos hay?

Katherine Villamil Ortega.

Finanzas publicas [pic 2][pic 3]

Introducción [pic 4]

El Estado mexicano tiene prohibido por ley todo acto que haga ilegítima inferencia sobre las prohibiciones administrativas. Toda infracción es reprimenda en la ley penal con indemnidad a los derechos y garantías constitucionales.

El presupuesto es el principal instrumento de política pública que tienen las instituciones gubernamentales para alcanzar los objetivos que se han planteado en beneficio de la sociedad. Es a través del presupuesto que se pueden distinguir las prioridades económicas y sociales del gobierno, cuyo monto, forma de distribución y uso determinan la calidad de los servicios y productos que son entregados a la población. En materia de seguridad pública y justicia, el presupuesto público se dirige a cumplir con la función básica que tiene el Estado de preservar el orden social y administrar justicia, que son parte de los temas que más han preocupado a la sociedad mexicana en los últimos años. Desde 2011, se observa que la población de 18 años y más percibe la inseguridad como el principal problema que enfrenta el país (Gráfica I), la cual está influida por los crecientes niveles de criminalidad observados en los últimos años (Gráfica II). Pese a la relevancia que ha cobrado el problema de seguridad pública en el país, entre 2010 y 2017 el gasto en seguridad pública y justicia del gobierno federal se ha mantenido alrededor de 0.8% del Producto Interno Bruto (PIB). Tomando en cuenta solo el gasto de los gobiernos centrales, este nivel de gasto ubica a México por encima de países como Brasil y Colombia, o del promedio de 25 países de la Unión Europea; sin embargo, es inferior al 1.8% del PIB que en promedio gastaron 15 países2 de América Latina en 2015 (Gráfica III). De hecho, 10 países de América Latina tuvieron mayor gasto del gobierno central en seguridad pública y justicia como proporción del PIB que México (Gráfica IV). A pesar de la importancia del elemento económico para entender cómo se han empleado los recursos destinados a resolver los problemas de seguridad pública y justicia, en México son escasos los estudios que han analizado el comportamiento del gasto público destinado a estas funciones; y de los que existen, la mayoría de ellos se ha centrado en analizar la distribución del presupuesto federal, limitando con ello un entendimiento más amplio del gasto que realizan los diferentes niveles de gobierno en estas funciones.

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En 2017, el gobierno federal ejerció un total de 3.5 billones de pesos, lo que representó 19% del Producto Interno Bruto (PIB); 4.0% de este gasto fue para seguridad pública y justicia, es decir, poco más de 140 654 millones de pesos. Entre 2010 y 2015, el gasto total del gobierno federal y el gasto destinado a seguridad pública y justicia aumentaron de manera sostenida, con tasas de crecimiento medio anual de 10.5 y 5.0% respectivamente, destacando el importante incremento que tuvo el gasto total del gobierno en 2013; momento en   que recién entraba en funciones la administración pública federal 2013- 2018. En 2017, el gasto ejercido del gobierno federal tuvo una disminución importante de 8.7% en las funciones de seguridad y justicia y 6.9% en el gasto total respecto a lo ejercido en 2016 (Gráfica V).

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[pic 21]Al analizar la relación entre el gasto federal en seguridad pública (AOSI) y uno de los indicadores clave para medir los niveles de violencia en el país, no se observa una asociación significativa entre el nivel de gasto per cápita y la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes; tampoco se encontró una asociación significativa entre la tasa de homicidios y el gasto per cápita en procuración de justicia, que es el gasto que el gobierno destina a las tareas de investigación y persecución de los delitos del orden federal (Gráfica VI). [pic 22]

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Al ajustar por el tamaño de la población, el gasto promedio per cápita fue de 1 288 pesos, siendo la Ciudad de México la entidad con el mayor gasto per cápita en seguridad y justicia con 3 574 pesos en 2016, mientras que nueve entidades destinaron menos de mil pesos por persona, siendo Puebla e Hidalgo las de menor gasto por habitante. Esto significa que por cada peso per cápita destinado a seguridad pública y justicia en Puebla, se ejercieron alrededor de cinco pesos en la Ciudad de México. Al analizar este gasto respecto al PIB estatal en 2016, se encontró que en promedio el gasto en seguridad pública y justicia representó 1% del PIB estatal, el cual es similar al porcentaje que representa el gasto federal en el PIB nacional. En algunas entidades como Chiapas, Michoacán de Ocampo o Zacatecas, el gasto en seguridad pública y justicia representó más de 1.5% del PIB, mientras que en otras como Coahuila de Zaragoza o Campeche representó 0.5% o menos del PIB estatal.

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En seguridad pública per cápita y la prevalencia de victimización por delitos del fuero común, ni con la prevalencia de robo o asalto en la calle o transporte público que es el delito que ocurre con mayor frecuencia en las ciudades del país (Gráfica VIII). Estos resultados sugieren que no hay una relación directa entre el gasto en seguridad pública, tanto federal como estatal, con los niveles de victimización prevalentes en las distintas regiones del país, incluso en aquellas entidades que operan bajo el esquema de mando único policial; sin embargo, se hace necesario profundizar en la relación causal que hay entre el gasto y los indicadores de seguridad pública. Tampoco se encontró evidencia que mayor nivel de gasto estatal en seguridad pública esté asociado directamente con una mayor percepción de patrullaje y vigilancia policial en el municipio o localidad por parte de la población. [pic 30]

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