El propósito de la ley 1480

Son los anunciantes, los publicistas, los ejecutivos de marketing y comunicaciones, los ciudadanos que deben conocer en detalle esta nueva ley que protege al consumidor y que al mismo tiempo sienta las bases para que en el mercado, productores y distribuidores aumenten su oferta de bienes y servicios, se alimente la competencia sana y las ganancias crezcan.

El objetivo

Comencemos por decir, entonces, que el objeto de la Ley 1480 es el de proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar su dignidad y el respeto a sus intereses económicos, en pie de igualdad con los demás protagonistas que activan las fuerzas de la economía.

El cambio de actitud más determinante que el Estatuto está llamado a generar en los consumidores, es que los compromete de plano para buscar la abundancia, en el entendido de que cuando esta se da, en condiciones armónicas, los productores y distribuidores podrán aumentar la oferta de bienes y servicios, alimentando una competencia sana y edificante. El resultado milagroso será, por lo tanto, que los proveedores vendan más con mayores ganancias. Y los consumidores puedan adquirir lo necesario, a menores precios y con calidades óptimas.

¿Cómo el Estatuto ayudará en el incremento del empleo rural?

Piezas centrales del Estatuto son los artículos 75, 76 y su parágrafo y 81 y su parágrafo, que crean la Red Nacional de Protección al Consumidor, desarrollan las políticas sectoriales más apropiadas para proteger a los consumidores y consagra sus derechos en afortunado consenso con el gobierno, los productores, los distribuidores y los prestadores de servicios correspondientes. Estos consensos deberán conducir a la contratación de la producción como método de uso permanente, a la creación de empresas agrícolas de carácter solidario, cuya finalidad sea producir los alimentos de mayor peso en la canasta familiar y al traslado directo de sus productos a los centros urbanos, para que sean distribuidos por otras entidades solidarias y cadenas comerciales particulares, comprometidas con el programa. Igualmente, las regulaciones establecidas por el Estatuto deberán promover la constitución de comités de abastecimiento, que en cada municipio aseguren a los consumidores la provisión suficiente y permanente de alimentos básicos, así como la incorporación de sistemas de mercadeo efectivos y la fijación de condiciones propicias para estimular la reinversión de utilidades en el campo. Y para que las plantas procesadoras de materias primas de origen agropecuario se establezcan en la misma zona donde aquellas se produzcan, con objeto de aumentar la producción de alimentos e incrementar la oferta de empleo rural.

El Estatuto le cierra el paso al engaño

El Estatuto, por otro lado, desanima la aplicación de contratos de adhesión

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