Elecciones En México: La Sociedad Civil Y La Defensa De Los Derechos Humanos.

Elecciones en México: La sociedad civil y la defensa de los derechos humanos.

La sociedad civil, se hace presente en la vigilancia de los procesos humanos.

Antecedentes.

Es un hecho incontestable que los procesos electorales en México carecen de credibilidad y que la erosión de la legitimidad de estos se ha acelerado notablemente desde las elecciones presidenciales en 1988,- A partir de las ultimas elecciones federales en 1991 la pérdida de credibilidad ha aumentado.

El sistema político mexicano, sobre todo después de 1991, no parece encaminarse hacia un mayor pluralismo político caracterizado por competencias electorales, en condiciones de igualdad que aseguren la alternancia de los diferentes partidos políticos en el poder. El presidencialismo autoritario- calificado a veces como “autoritarismo flexible”- se niega a morir. Incluso parece haberse acentuado, sobre todo durante el presente régimen.

Los partidos políticos se muestran incapaces, por si solos, de enfrentar el enorme reto que significa transitar en forma pacífica hacia la competencia electoral autentica.

Sin embargo, frente a este panorama, aparentemente desolador, ha surgido y se fortalece a pasos veloces un nuevo actor político: la sociedad civil, que asume como tarea central la de hacer transitar a México la democracia política. Esta sociedad civil es la ciudadanía, pura y simple.

La movilización ciudadano tiene en nuestro país una historia que data, al menos, desde 1956. Sin embargo, es realmente en 1968 cuando esta ciudadanía reivindica sus derechos civiles como tal, cuestiona el modelo político y económico del país y vislumbra con claridad la necesidad- imperiosa de la democracia y la participación ciudadana como la vía para superar el autoritarismo.

Se crean desde entonces organismos como la Asociación Democrática por el Sufragio Efectivo (ADESE, 1988), el Tribunal Independiente de Ciudadanos (TIC, 1989), el Consejo para la Democracia (1990) y otros con el propósito de vigilar y monitorear elecciones e informar a la opinión pública nacional o internacional sobre la lucha por la democracia electoral. Se caracterizaron por enfatizar una composición pluralista y una estructura interna democrática, basada en el consenso.

Pero fue en 1991 cuando el movimiento popular en su conjunto empezó a participar de manera distintiva en esta vigilancia y monitoreo de los procesos electorales con el propósito de claro defender no únicamente a los partidos y sus candidatos, sino también los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos, independientemente de los resultados de las justas electorales.

Democracia y Derechos Humanos.

Desde luego, el terreno era fértil y había sido abonado desde tiempo atrás. En su quehacer cotidiano, las diversas asociaciones de carácter civil y el movimiento popular en su conjunto ya habían descubierto la íntima relación entre el ejercicio democrático y la consecución de sus logros.

Un vasto sector de la población mexicana estaba preparado, pues, para la movilización ciudadana en pos de la democracia electoral.

Los partidos políticos de la oposición contribuyeron en forma determinante para que así sucediera. Con el empleo de diversas estrategias, como la organización en la defensa del voto y la resistencia civil (primero Chihuahua y Nuevo León, y luego en el país entero, a partir de 1988); el empleo de recursos internacionales para denunciar el atropello electoral.

Sin embargo, se habría de dar un paso más que fue el de concebir a la movilización lectoral como una lucha por la defensa de los derechos humanos. Este cambio sustancial se dio, principalmente, a partir de las elecciones de agosto de 1991 en las que se renovaron varias gubernaturas, la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

La lucha por la democracia como parte integral del respeto a los derechos humanos.

A partir de la segunda mitad de la década de los ochenta, surgió en México un número considerable de organizaciones dedicadas explícitamente a la defensa de los derechos humanos.

En la mayoría de los casos, aparecen grupos de defensa de los derechos humanos como una respuesta ciudadana al atropello de estos y a la complicidad de las autoridades encargadas de administrar y procurar

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