- Elección De Cargos Públicos

- Elección de Cargos Públicos:

A diferencia de la Constitución de 1961, donde se reconocía el sufragio en cuanto un deber y, por ende, su ejercicio debía ser obligatorio, en el actual texto constitucional se declara al sufragio como un derecho, que se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas, y secretas.

En cuanto a la definición de los electores se da ese carácter a los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad, ampliándose este derecho a los extranjeros que hayan cumplido dicha edad, pero limitado a las elecciones parroquiales, municipales, y estadales, exigiéndose en todo caso como una condición sine qua non el tener más de diez años de residencia en el país (artículo 64 CRBV).

El derecho a desempeñar funciones públicas y ejercer cargos de elección popular se otorga, de manera igualitaria, a los electores venezolanos y venezolanas, que sepan leer y escribir, con las solas restricciones derivadas del propio texto constitucional o de las condiciones de aptitud exigidas por las leyes para determinados cargos.

Como una de las respuestas a as demandas de los venezolanos ante las graves desviaciones del sistema político y a la corrupción desmedida, se incluye la prohibición de optar por cargos de elección popular a aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos cometidos durante el tiempo en que ejercieron las funciones públicas, así como otros delitos que afecten el patrimonio público (artículo 65 CRBV).

Además, se reconoce, superando las restricciones del sistema partidocrático que rigió anteriormente, la participación por iniciativa propia de los ciudadanos, tanto en la fase de la postulación de candidatos como en el ejercicio de la supervisión y vigilancia de todo proceso electoral (artículo 67 CRBV). Se produce, así, una ruptura con el anterior modelo político, en el cual la participación de los ciudadanos se orientaba desde las organizaciones partidistas únicamente.

Igualmente se consagra el derecho del pueblo al control de la gestión de los representantes, el cual se producirá a través de las rendiciones de cuentas públicas, transparentes y periódicas. De este modo, se intenta asegurar la relación permanente de los representantes con los electores, así como cumplir cabalmente con el programa planteado durante el proceso electoral (artículo 66 CRBV).

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