Eliminación de contralorías territoriales en Colombia

En Colombia, existen 62 contralorías territoriales, 32 del ámbito departamental, una por cada departamento, 5 del nivel distrital y 25 del ámbito municipal. Son a quienes les compete ejercer la función pública de control fiscal en sus respectivas jurisdicciones, conforme a los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la constitución y la ley (Art 272. Constituciòn).

Las contralorías departamentales ejercen vigilancia de la gestiòn fiscal en su juridicciòn “las asambleas departamentales les concierne la organización y funcionamiento y las dotan de autonomía presupuestal, administrativa y contractual, para cumplir con sus funciones como entidad técnica” y las contralorías municipales les corresponden a los concejos municipales y distritales (Ley 42 de 1993).

Dentro de sus funciones están, llevar un registro de la deuda pública del departamento, de sus entidades descentralizadas y de los municipios que no tengan contralorías, exigir informes sobre su gestión fiscal a los servidores públicos departamentales y municipales y toda persona o entidad pública o privada que administre recursos del estado fiscalizados.

A pesar de lo que establecen las normas constitucionales y legales respecto a las funciones y obligaciones de estas entidades, se evidencia que el 100% de estas no cumplen con lo reglamentado, la investigación de “Calidad de los Hallazgos de Auditoría en la Contralorías Territoriales Paper” refleja que no todas las entidades publican en sus “portales web los informes de las auditorías que hayan realizado” y las contralorías que cumplen con la obligación lo hacen después de las fechas establecidas y con la información incompleta.

El contralor general de la República manifiesta que “No es un posible que en un país serio del mundo existan 62 Contralorías, haciendo cada una lo que considere de acuerdo con su leal entender y saber”, acotó. “Eso no puede continuar en esa forma”, las contralorías territoriales le cuestan al Estado anualmente 250 mil millones de pesos y sólo recuperan 1.500 millones; es decir, no compensan el esfuerzo financiero.

De acuerdo a lo anterior, el senador Rodrigo Lara estuvo de acuerdo con la eliminación de las contraloría y señaló “que los colombianos tendrían que seguir pagando por esos entes politizados e ineficientes 600.000 millones de pesos anuales”. este valor no justifica la ineficiencia y “nido de corrupción” de las contralorías.

El Manual de auditoría gubernamental colombiano indica que las causas más recurrentes de problemas detectados en la administración pública son las deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionario, falta de conocimiento de requisitos, procedimientos o norma inadecuadas, entre otras.

En conclusión, el estado debe buscar alternativas para consolidar

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