Ensayo sobre la pobreza en México

ENSAYO SOBRE POBREZA

José Manuel Santiago Prospero

Es visible que a pesar del gran cantidad de recursos administrativos y financieros gastados por el gobierno federal mediante programas sociales tales como como Oportunidades, Progresa, Procampo, entre otros, la pobreza permanece como un problema crónico en nuestro país, según los datos que dan a conocer tanto el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Públicas (CONEVAL), como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); por su parte el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, reconoce que al año 2012 el 46.2% de los mexicanos viven en la pobreza y el 10.4%, en la pobreza extrema; es decir el 56.6% de la población nacional son pobres, (Peña 2013).

El gobierno federal vigente ha diseñado el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, que en el papel se plantea superar las limitaciones del asistencialismo de otros programas, ya que en sus propósitos articula la erradicación del hambre y la desnutrición de las personas en pobreza multidimensional extrema y en particular la desnutrición infantil aguda, con la propuesta de aumentar la producción de alimentos y del ingreso de los habitantes asentados en los 400 municipios incorporados al programa, así como minimizar las pérdidas post – cosecha en todo el proceso y promover la participación comunitaria para alcanzar los cinco objetivos propuestos (SEDESOL, 2013: 2):

“

1.   Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación;
2. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez;
3.   Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas;
4. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y
5. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.”

El sistema está concebido con un enfoque integral que le da sostenibilidad, sustentado implícitamente en el desarrollo de capacidades y competencias de los beneficiarios, así como el aprovechamiento de los recursos naturales de cada comunidad, con lo cual se contribuye a la formación de capital humano, capital social y desarrollo local.

Pero, es necesario entonces identificar las limitantes del desarrollo en México, para comprender por qué, a pesar de los esfuerzos del gobierno, no se ha logrado disminuir significativamente la pobreza en el país, ni proporcionar mayor bienestar a un mayor número de mexicanos.

MÉXICO: EL MODELO GLOBALIZADOR

En los años ochenta, las condiciones de vida de la población mexicana enfrentaron un gran deterioro expresado en la pérdida de empleos, la reducción del ingreso familiar, la emigración de jóvenes hacia las entidades con más oportunidades de trabajo y al extranjero, principalmente los Estados Unidos; el aumento de la deserción escolar, la desnutrición, el deterioro de la salud, la violencia; factores que en su conjunto detonaron la descomposición social, la desintegración familiar y el retraimiento del desarrollo social.

El modelo globalizador adoptado por la economía mexicana aumentó la concentración de la riqueza; para el año 2012 más del cincuenta por ciento de la población vive en la pobreza (Peña, 2013), al tiempo que unas veinte familias acumularon el 90% del producto interno bruto, ya que según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 0.18% de los mexicanos (204,472 inversionistas) controlan el 42% del Producto Interno Bruto del país, (CNBV, 2013); esto significa que 113,796,528 mexicanos viven con el 58% de la producción nacional.

En el informe de la pobreza en los municipios de México el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2011) la desigualdad divide al país en norte – sur, pero también polariza a la ciudad y el campo, igual que en las entidades federativas y municipios más desarrollados donde grandes grupos sociales han disminuido su bienestar, quienes al pasar de la pobreza a la pobreza extrema, aumentaron su vulnerabilidad social. El deterioro de las condiciones de vida de la población con menores niveles de ingreso debilitó el sistema de protección social, lo que se manifiesta en el incremento de la inseguridad pública y de la violencia social e intrafamiliar.

Para enfrentar esta compleja situación social es necesario que la economía crezca, genere empleos dignos, mejore la distribución del ingreso, la calidad de vida de la población, aumente la inversión en educación, salud, nutrición y vivienda, impulse la participación ciudadana y social, en condiciones de equidad, democracia y pleno ejercicio de los derechos humanos, de tal manera que tanto las comunidades como los individuos desarrollen sus capacidades productivas, humanas y ciudadanas; el reto es formar, desarrollar y fortalecer capital social.

El Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES) sostiene que el futuro de cada país, desde el municipio hasta la más pequeña localidad, depende de la capacidad de incorporarse creativamente a este nuevo contexto amenazante, que al mismo tiempo genera oportunidades para construir una sociedad incluyente que facilite el desarrollo social e individual (Mokate, 2006).

Un medio importante para impulsar la creación de capital social, es la inversión en capital humano; que puede detonarse formando gestores competentes en el campo del desarrollo social, para la implementación de políticas públicas que propicien la incorporación de individuos, familias y comunidades a nuevos modelos de organización y producción, que incrementen la productividad y generen riqueza social y la redistribuyan; así como para gestionar recursos nacionales e internacionales, públicos o privados, destinados al desarrollo social; tomando en consideración  que la inversión en capital humano es prerrequisito, a la vez que resultado del desarrollo social. Invertir en capital humano es invertir en educación, ciencia y tecnología, así como su transferencia; inversión que incrementa en altos porcentajes la productividad del país (Stiglitz, 2002).

En México, desde 1994 se acentuó el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos; muchos mexicanos continúan enfrentando factores que los mantienen en un círculo vicioso de desarrollo donde las oportunidades de progreso son escasas.

En 1996 la pobreza patrimonial era de 69% y la pobreza alimentaria alcanzó 37.4%; en el periodo de 1998 a 2006 el país mejoró al experimentar un descenso de la pobreza patrimonial al 54.7%; mientras que la pobreza alimentaria bajó al 24.5%, pero a partir del 2006 la población en pobreza patrimonial y la pobreza alimentaria empezaron a aumentar; en el 2008 llegaron a ser del 60.3% la patrimonial y del 31.3% la alimentaria (SAGARPA, 2012). Este panorama se agravó a consecuencia de la crisis económica mundial iniciada en el 2008.

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