Estados de Emergencia, Pandemia

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Estados de Emergencia: Parte I

Introducción

La lucha contra COVID-19 ha llevado a muchos países, incluidas las democracias liberales, a tomar medidas extraordinarias que, sin duda, serían constitucionalmente problemáticas en tiempos normales. En todo el mundo, hemos sido testigos de que países enteros están encerrados, con vigilancia masiva de teléfonos celulares, servicios religiosos suspendidos,,  ,  viajes restringidos y  toques de queda forzados por el ejército.  Si bien estas medidas son ampliamente  apoyadas por el público en muchos países,  algunos estudiosos y activistas han suscitado la alarma de que éstas podrían conducir a un deterioro de las libertades civiles y a la democracia constitucional a largo plazo. Específicamente, les preocupa que muchos líderes no renuncien fácilmente a sus nuevos poderes, y que las restricciones de libertad civil se conviertan en la nueva normalidad.

Aunque, por supuesto, es demasiado pronto para explorar las consecuencias a largo plazo de COVID-19 para la democracia constitucional, creemos que es útil comprender las bases jurídicas de los poderes extraordinarios que los gobiernos están ejerciendo actualmente. En este breve Ensayo, encontramos que, si bien los detalles varían, por supuesto de un país a otro, existen tres bases jurídicas amplias para las medidas COVID-19: 1) la declaración de un estado de excepción en virtud de la constitución, (2) el uso de la legislación vigente que se ocupa de la salud pública o los desastres nacionales, y (3) la aprobación de una nueva legislación de emergencia. En el resto de este Ensayo, describimos estos tres enfoques generales. En un Ensayo de seguimiento, evaluaremos sus respectivos riesgos para las libertades civiles y el Estado de derecho.

Bases Legales para Combatir COVID-19

1. Declarar el estado de emergencia.

En respuesta a COVID-19, algunos países han invocado la cláusula de emergencia en su constitución. Más del  90 por ciento de las constituciones vigentes en la actualidad incluyen cláusulas de emergencia que permiten al gobierno salir del marco constitucional ordinario y tomar medidas que de otro modo no estarían permitidas. Mientras dure la emergencia, el gobierno puede gobernar por decreto con pocos controles de su poder. Puede suspender derechos, aunque no sin limitaciones. Sin embargo, una vez que el estado de emergencia termina, los controles y equilibrios constitucionales ordinarios vuelven a su lugar y los decretos aprobados durante la emergencia pierden su fuerza legal.

Todos los regímenes de emergencia lidian con una tensión genuina. Por un lado, es necesario responder a la crisis inmediata de maneras que, por definición, no fueron contempladas por los redactores constitucionales.  Por otro lado, la capacidad de suspender las normas normales de gobierno es potencialmente propensa al abuso: los titulares de oficinas podrían tratar de ampliar e incluso afianzar su poder durante el período de emergencia.

Para hacer frente a esta tensión, las disposiciones de emergencia en la mayoría de las constituciones modernas se adaptan a los poderes de emergencia, pero al mismo tiempo construyen salvaguardias para restringir su uso.  Cincuenta y seis por ciento  de las constituciones con disposiciones de emergencia requieren que el legislador apruebe la declaración de una emergencia, haciendo así un control importante sobre la invocación gratuita.  Como un cheque adicional, muchas constituciones estipulan reglas para poner fin al estado de emergencia, a menudo proporcionando una fecha de vencimiento automática.  Para ilustrar, la   Constitución de la India establece que las declaraciones de   emergencia "se presentarán ante cada Cámara del Parlamento y ... dejar de operar al vencimiento de un mes, a menos que antes de la expiración de ese plazo haya sido aprobado por resoluciones de ambas Cámaras del Parlamento."   La mayoría de las cláusulas  de emergencia también enumerar un conjunto limitado de circunstancias en las que se pueden invocar emergencias, como la guerra o la agresión extranjera (que se encuentra en el 48% de las constituciones con disposiciones de emergencia), la seguridad interna (39%) o un desastre nacional (26%). Además, muchas cláusulas de emergencia prohíben las enmiendas constitucionales durante la emergencia, lo que refleja la idea de que el objetivo final de un estado de emergencia es preservar el orden constitucional y no cambiarlo. Por último, algunos países tienen diferentes niveles de regímenes de emergencia, reservados para diferentes niveles de desastre. Por ejemplo, la   Constitución de España tiene tres   niveles diferentes, que van desde un estado de alarma, hasta un estado de emergencia, y en última instancia a un estado de sitio que permite la ley marcial: cada uno de ellos requiere diferentes niveles de supervisión parlamentaria y otorga diferentes niveles de poderes al gobierno. En su lucha contra el coronavirus, el gobierno español declaró   el estado de alarma, pero no ha invocado(todavía) el estado de emergencia de alto nivel.   Otros países  que han activado sus cláusulas constitucionales de emergencia en respuesta a COVID-19 incluyen  Francia,   Hungría, Chile, Estonia   ,   Ecuador, Guatemala  ,   Honduras,   Armenia,   Namibia, Moldavia,  y   Jordania.

No todos los países pueden declarar un estado de emergencia constitucional para hacer frente al COVID-19. Algunas constituciones no prevén un régimen de emergencia. Los EE.UU.  ofrece un ejemplo bien conocido: su Constitución no reconoce un "estado de emergencia" general, pero el Congreso puede suspender la orden del hábeas corpus "cuando en Casos de Rebelión o Invasión la Seguridad Pública pueda requerirlo" y "prever la llamada a la Milicia para ejecutar las Leyes de la Unión, suprimir las Insurrecciones y repeler Invasiones".  Es probable que los enmarcadores creyeran  que la Constitución otorga suficientes poderes ordinarios al Presidente y a los Estados para hacer frente a las emergencias.  Estados Unidos no es el único que tiene un lenguaje mínimo sobre emergencias en la constitución.  Japón, Bélgica y Suecia, entre otros, se encuentran en el mismo barco.  En otros casos, las excepciones de emergencia pueden reservarse únicamente para la guerra y la invasión extranjera. Por ejemplo, la Constitución de Italia sólo reconoce un estado de guerra, pero no un estado de emergencia.  En términos más generales, vale la pena señalar que sólo unas pocas constituciones mencionan explícitamente la salud pública como un motivo para declarar una emergencia constitucional, lo que podría ser un obstáculo para el uso de poderes de emergencia en la crisis actual.

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