Estatuto Anticorrupcion

LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN COLOMBIA LAS REFORMAS Y LOGROS

El problema de corrupción en Colombia se puede ubicar con la misma formación de su Estado, inclusive desde antes si se tienen en cuenta los saqueos y las malas administraciones de la Real Hacienda durante la colonia. A nivel internacional, la preocupación por reducir el problema durante las dos últimas décadas ha cobrado renovada importancia, y Colombia no ha escapado a esa tendencia. El surgimiento de organizaciones y agendas especializadas en combatir el problema, reformas estatales en varios países y una creciente literatura académica sobre el tema son reflejo de ello. En Colombia, esto se tradujo en cambios a partir de la Constitución de 1991 y varias reformas en la mitad de la década que buscaron reducir los niveles del problema. Las estrategias anticorrupción comenzaron formalmente con la administración de Cesar Gaviria, la cual creó la Misión para la Moralización y Eficiencia de la Administración Pública (Decreto 1860 de 1991).

Posteriormente, el gobierno de Ernesto Samper creó la Consejería Presidencial para la Administración Pública (Decreto 2098 de 1994), y logró la promulgación del estatuto anticorrupción (Ley 190 de 1995). - 19 - En la siguiente administración, Andrés Pastrana creó el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, el cual buscaría reducir los niveles de corrupción basándose en dos líneas de acción: promover la prevención con participación ciudadana y fortalecer las acciones de control y sanción mediante la coordinación interinstitucional. En la primera administración de Álvaro Uribe se reformaron algunas leyes, las cuales hicieron más severos algunos castigos y se incentivó la participación y veeduría ciudadana en los procesos de administración pública.

A partir de la Constitución 1991, el entramado institucional para contrarrestar la corrupción en Colombia quedó formado por dos entes de control, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, y por un ente acusador, la Fiscalía General de la Nación. La nueva carta política de los noventa delegó en la Contraloría General de la Republica la vigilancia de la gestión fiscal de los recursos públicos, bien sea que la lleven a cabo servidores públicos, particulares o entidades privadas. El control fiscal de la Contraloría General de la Republica se concentra en cuatro labores misionales: i) control interno, ii) auditorias, iii) responsabilidad fiscal y iv) participación ciudadana. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación tiene como misión fundamental vigilar la conducta de los servidores públicos defender los intereses de los ciudadanos, el orden jurídico y los derechos fundamentales. La Fiscalía General de la Nación es la entidad más joven de las tres. Fue creada por la Constitución de 1991 y le corresponde investigar delitos, calificar procesos y acusar infractores de la ley penal ante los tribunales competentes. De manera complementaria, el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción completa el entramado institucional. Sus labores se concentran en cuatro ejes: coordinación interinstitucional, control ciudadano, cultura de la legalidad y estrategias regionales. Además de estas cuatro entidades, las veedurías ciudadanas y la ONG Transparencia por Colombia se anotan como instituciones que complementan el aparato estatal.

Corrupción:

Intersección de las esferas de acción de los tres entes:

Contraloría General de la República

Procuraduría General de la Nación.

Fiscalía General de la Nación

Tomando la clasificación entre gran y pequeña corrupción, se puede decir que las reformas de los entes de control fueron dirigidas especialmente hacia la pequeña corrupción. De manera más especifica, se puede decir que fueron dirigidas a contrarrestar la oferta de corrupción por parte de los servidores públicos de menor rango. Como lo menciona Misas et al. (2005), las reformas dirigidas a la pequeña corrupción dejaron por fuera factores concernientes a la gran corrupción y determinantes de la demanda.

Otro de los cambios introducidos por la Constitución de 1991 fue la descentralización de la administración pública del país. Los cambios en el arreglo institucional anticorrupción y las nuevas funciones delegadas a los entes territoriales significaron importantes cambios en la percepción, niveles y costos de la corrupción en la última década. Los defensores de la descentralización se apoyaron en la idea de que este esquema administrativo reduciría la corrupción debido a la mayor cercanía entre administradores y ciudadanos. Como señala Gonzáles (2001, p 33), “el diseño del proceso descentralizador, en especial aquel que hace énfasis en la descentralización política que propende por una mayor democratización y participación y mayor control político y social consideró implícitamente a la corrupción como un objetivo a ser alcanzado”. La reducción de la corrupción se veía como un resultado sobrentendido por la interacción del nuevo esquema descentralizado, las reformas de los entes de control y la mayor participación ciudadana.

El arreglo institucional anticorrupción se incorporó en el proceso de descentralización mediante oficinas especializadas en cada departamento. De esta forma la Contraloría, por ejemplo, cuenta en cada departamento con una Gerencia Departamental, una Contraloría Departamental y en ciertos casos Contralorías Municipales o Distritales. La PGN, por su parte cuenta con Procuradurías Provinciales en cada departamento para adelantar su labor. Años después de las reformas iniciales se puede ver una situación muy distinta de la que se planificó inicialmente. Los delitos por corrupción a lo largo de la geografía colombiana han mostrado un claro crecimiento. A partir de series estadísticas de los entes de control, Gonzáles (2001) y Badel (1999) muestran cómo durante los noventa, especialmente a mediados de la década, los delitos por corrupción aumentaron en todo el país.

Por otro lado, Gamarra (2006) muestra cómo en Colombia se da un círculo vicioso entre indicadores de corrupción, pobreza y participación política. Los departamentos en donde las maquinarias políticas locales tienen mayor poder sobre los resultados electorales, son los mismos

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