Evolución de la Administración Pública en México

Facultad de Derecho

Materia: Derecho de la Administración Publica

Tema:   Evolución de la Administración Pública en México 

La historia de la administración pública en México se remonta a los comienzos de la vida independiente del país. La organización político-jurídica de la nueva nación se basó en la organización de Estados Unidos de Norteamérica, que ya había experimentado con éxito la forma de división de poderes y el presidencialismo.  Con la Constitución de 1917, se cimentaron las leyes específicas que rigen el sistema político hasta la actualidad. Sin embargo, los cambios significativos en la administración pública se llevaron a cabo hasta el comienzo de la década de los años 30. Así, en 1930, se instauró la Ley de Planeación Federal y cuatro años más tardes se publicó el primer Plan Sexenal.  A partir de este año, se buscó que todas las acciones administrativas de gobierno fueran jurídicamente legales, sin importar que los servicios fueran de calidad. Las preocupaciones de eficiencia, comenzaron a surgir años más tarde. En 1955, se creó el Instituto Nacional de Administración Pública, logrando así que los académicos comenzaran a proponer medidas de modernización al sistema. El verdadero inicio de la historia contemporánea de la administración pública en nuestro país se da en el sexenio de José López Portillo. En su periodo presidencial, se expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  Sus principales aportaciones fueron principalmente en las regulaciones de la administración pública centralizada y en los fundamentos para la creación de las entidades paraestatales. Con esta Ley también se creó la Secretaría de Programación y Presupuesto. Esto con la finalidad de: evaluar la administración pública, llevar a cabo las auditorias gubernamentales y organizar el personal administrativo federal, principalmente. Así mismo, con esta Ley Orgánica, se logró normar las relaciones entre el poder Ejecutivo y las dependencias.  Dicha Ley ha tenido numerosas reformas y continúa vigente hasta nuestros días. En el período presidencial de Miguel de la Madrid, se realizaron reformas notables a la Ley Orgánica. Se crearon nuevas Secretarías de Estado, como la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Además, se instauró la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual en las diferentes fracciones del artículo 47 especifica: la importancia de la legalidad, el compromiso, la honradez y la eficiencia. En su artículo 53 se específica las sanciones que recibirán los funcionarios públicos que no acaten esta Ley. Dichas sanciones pueden ser: apercibimiento, amonestación, en ambos casos puede ser privada o publica, suspensión, destitución del puesto, sanción económica o inhabilitación temporal. Para 1992, en el período del presidente Carlos Salinas de Gortari, se reorganizaron la mayoría de las Secretarías, pero el paso más significativo se dio al suprimir la Secretaría de Programación y Presupuesto y distribuir sus competencias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la recién creada Secretaría de Desarrollo Social. 

Durante el periodo de Ernesto Zedillo Ponce de León, solamente hubo cambios de denominaciones de las Secretarías y se realizaron redistribuciones de sus ámbitos de competencia. La aportación más relevante durante el periodo, fue la creación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que da al presidente el carácter de consejero jurídico.  Además se impulsó el Programa de Modernización de la Administración Pública (PROMAP) para el período de 1995 al 2000.  Este programa proponía la transformación de la administración pública federal por medio de: desarrollo técnico y metodológico, consultaría, capacitación y difusión. Sin embargo, este programa no tuvo el éxito deseado, debido a diversas fallas de tipo metodológico. Ya en la evaluación del programa se encontraron las causas puntuales del fracaso. Entre las principales se encuentran: la inflexibilidad de su aplicación, no se tomaron en cuenta la participación institucional, mas aún, no existió la participación ciudadana requerida para que las necesidades de los ciudadanos fueran tomadas en cuenta. La transición a la democracia en México fue el comienzo de la evolución hacia una cultura de pesos y contrapesos en el sistema político. Desde entonces, la idea de transparencia y rendición de cuentas comenzó a estar presente en la vida política y administrativa del país. La nueva gerencia pública comenzó a ser un término común en el ámbito político-administrativo del país. Lo que se intenta describir con este término son  las innovaciones administrativas y organizativas de los gobiernos referentes a la gestión institucional, financiera, estratégica y de calidad, precisadas mediante formas de organización que difieran a la anterior. Es decir, que busque la reducción de los niveles jerárquicos dentro de los organigramas, que descentralice las decisiones y los recursos y que favorezca la administración pública interorganizacional.  Además, “exige al Gobierno eficiencia en la administración, papable, mediante la evaluación de la calidad de los servicios que ofrece a la sociedad...” En general la Nueva Gerencia pública se basa en “las mejores prácticas... que se refiere a introducir prácticas gerenciales de la administración privada al sector público; y la desregularización del sector público.” Actualmente, para aquejar los problemas de falta de eficiencia, se han puesto en práctica soluciones de gran y pequeña envergadura. “La modernización implica aquellos aspectos del contexto político de la administración que tienen que ver con el tamaño y alcance funcional del Estado con las fórmulas organizativas de la actuación pública. La modernización es, ante todo, una cuestión de cultura, de nuevos valores, actitudes y creencias de la administración.” Para lograr esto, se intenta reconstruir la naturaleza pública de la administración y por ende del gobierno por medio de: la participación ciudadana, el fomento a una libre opinión pública, la rendición de cuentas, acceso a la información para el ciudadano, transparencia tanto en la asignación como en el ejercicio de los recursos públicos y ética pública. Al mismo tiempo se está trabajando en la reconstrucción de la capacidad administrativa, mediante el fomento de finanzas públicas más sanas, la búsqueda de una dirección estratégica de calidad y de conocimiento, es decir por competencias, además de la implementación de tecnología (e-government).  Para octubre del 2002, la idea de la importancia de un cambio en la administración se fortaleció con la aprobación del Senado de la República de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Esta Ley, estableció las bases para la profesionalización de los servidores público, para que puedan lograr mayor eficiencia y alcanzar mejores niveles de desempeño. Los valores rectores de cualquier servidor público (objetividad, imparcialidad, legalidad, integridad, transparencia, confidencialidad, eficiencia, entre otros) quedaron estipulados en el marco de esta Ley. Además, se logro la incursión de la idea de certificación de competencias, por medio de la evaluación del desempeño de los servidores.  Así, los que obtengan los puestos administrativos de gobierno son los acreditados con mejores aptitudes profesionales. Esto logra que exista una continuidad y permanencia de los buenos servidores. Algunas instituciones federales, ya están poniendo en práctica la contratación de empleados administrativos que cumplan con las características y valores de un servidor público de carrera. Un ejemplo de la consolidación de está práctica es el Instituto Federal Electoral (IFE),  ahora denominado ( INE ) que comenzó a reestructurar su administración desde 1999 y aprobó los estatutos del Servicio Profesional Electoral. En abril del 2002, el Honorable Congreso de la Unión, aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta ley se aplica a todos los órganos federales y a los tres poderes de la Federación. Garantiza el derecho de los ciudadanos de obtener información pública. Así, a dos semanas de estar en vigencia, se habían recibido 4,374 solicitudes de información en las diferentes dependencias del Ejecutivo Federal. La única información que es confidencial, son los datos personales (origen étnico-racial, características físicas, morales, emocionales, opiniones políticas, creencias religiosas, etc.) de los servidores. La autoridad encargada de promover y difundir la práctica del derecho al acceso a la información es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), ahora ( INAI ) Es un organismo descentralizado, de la administración pública federal, que cuenta con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión.  Gracias a estas innovaciones, se puede hacer frente a los retos que demanda la consolidación a la democracia. Así, valores relacionados con la misma, como la competencia por mérito y la igualdad de oportunidades, también se vieron fortalecidos. Estas acciones ya son consideradas como un gran avance en la búsqueda de mayor calidad y atención profesional de parte de los servidores de gobierno.

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