Exclusion Y Racismo

• EXCLUSION Y RACISMO EN MEXICO

EXCLUSION SOCIAL EN MEXICO

En México, la pobreza y los fenómenos de exclusión social relacionados con ella constituyen un problema antiguo. A pesar de que el bienestar es un compromiso constitucional y programático del régimen emanado de la Revolución de 1917, y de que todas las fuerzas políticas del país han coincidido en la necesidad de un sistema económico productivo capaz de proporcionar empleo, educación y salud a toda la población, no se ha podido construir un modelo económico estable capaz de atenuar la pobreza, extender la igualdad de oportunidades y generar un mínimo de bienestar para todos los habitantes. Las políticas asistencialitas y distributivas aplicadas por el Estado y por algunos actores sociales han tenido un éxito muy relativo en aliviar la pobreza, en tanto que las desigualdades generadoras de exclusión se han agravado.

El modelo de crecimiento por sustitución de importaciones impulsado desde los años cuarenta, bajo la tutela y la protección del Estado, permitió mantener bajos los salarios y sostener a la vez la capacidad adquisitiva. Se instrumentó esta política a través de medidas como incentivos a la industria, acceso preferencial a recursos financieros, gasto público en infraestructura, intervención en la regulación económica garantizando la demanda a través del control o la prohibición de las importaciones, y subsidios. De igual modo, se fomentó la producción agrícola por medio de inversión en infraestructura de riego y de una política de precios. Estas iniciativas y una favorable coyuntura internacional en los precios agrícolas, resultaron en los altos niveles de crecimiento económico: entre 1940 y 1970 el producto industrial creció a tasas cercanas a 6,4 por ciento anual y la producción agrícola aumentó a una tasa anual de 5,7 por ciento entre 1940 y 1965.

Sin embargo, a pesar del elevado crecimiento económico y del aumento regular del salario real entre 1950 y 1976, hacia mediados de los años ochenta se calculaba que casi el 60 por ciento de la población era pobre, de la cual 35 por ciento vivía en condiciones de pobreza extrema. Varios autores coinciden en afirmar que el modelo de crecimiento benefició fundamentalmente a sectores medios y altos, en detrimento de los más pobres.

Las expresiones de la condición de pobreza han sido documentadas por los índices socioeconómicos. Según datos oficiales, en 1980 sólo 35 por ciento de la población tenía niveles de nutrición aceptables, 19 por ciento presentaba cuadros crónicos de desnutrición; 23 millones de mexicanos mayores de 15 años (58 por ciento) no habían concluido la escuela primaria y 6 millones carecían en general de instrucción; 45 por ciento de la población total (30 millones de mexicanos) no tenían cobertura médica o asistencial de ningún tipo, y sólo 38 de cada cien viviendas contaba con agua entubada, drenaje y electricidad. Además, 35 por ciento de los hogares tenía ingresos menores al salario mínimo.

PRINCIPALES FACTORES QUE ORIGINAN LA EXCLUSION

La concentración de la inversión industrial y agrícola ha determinado un mercado de trabajo segmentado, con fuerte informalización, que favoreció la exclusión. En términos espaciales, las decisiones de inversión orientadas a las economías de escala dejan al margen a la mayor parte del territorio. En aquellas zonas en las que no se invierte persiste la producción doméstica agrícola o artesanal, en las que la economía monetaria está poco desarrollada. Estas zonas corresponden en términos generales a sitios de poblamiento indígena en los que la producción doméstica y la economía familiar tienen mucha relevancia para los hogares y el salario, como porcentaje del ingreso, tiene menor importancia. Se trata de zonas que expulsan población. Áreas montañosas, con suelos erosionados y escasas tierras arables en las que el cultivo mecanizado es impensable, y el difícil acceso obstaculiza el aprovisionamiento y la comercialización. Estas fracturas espaciales del desarrollo económico se ubican sobre todo, pero no sólo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y parte de los estados de Veracruz, al sur y este del país, Hidalgo al centro, etc. Es preciso aclarar que la polaridad y la concentración no implican la ausencia de relaciones entre el mundo del desarrollo y el de la producción no monetaria. Tampoco que en las zonas de desarrollo no haya pobreza ni exclusión social.

El patrón concentrador que ha regido el crecimiento económico, determinó en gran medida las profundas desigualdades sociales y la exclusión de amplios segmentos de la población, tanto en lo que concierne a las asignaciones de la federación, como al gasto en seguridad social. Por una parte, las políticas dirigidas a los sectores más pobres han beneficiado de manera prioritaria a las zonas urbanas y sobre todo a la ciudad de México. Un ejemplo de esto es el programa de subvención a la tortilla y a la leche que cubría sobre todo a los grandes centros urbanos y sólo 15 por ciento llegaba a las zonas rurales. Por otra parte, la modalidad de asignación presupuestal de la federación a los estados ha contribuido a profundizar las desigualdades regionales, debido a que los criterios que la rigen tienden a agravar las disparidades de origen. Estos criterios fueron

: i) la cantidad de población, es decir, a mayor número de habitantes, más presupuesto;

ii) la eficiencia, que se establece a partir de la capacidad de los estados de recaudar impuestos; y

iii) el carácter compensatorio, dirigido a las entidades menos favorecidas por los otros dos criterios. Los dos primeros criterios tienen más peso en la asignación; juntos equivalen a poco más de 90 por ciento (45,17 por ciento cada uno). Sin duda, el criterio de eficiencia favorece a aquellas entidades con mayor actividad comercial e industrial, con mercados internos más desarrollados, y perjudica a los estados en los que predominan las actividades primarias. Para apreciar la importancia de estos criterios de asignación es preciso tomar en cuenta que alrededor del 80 por ciento del presupuesto de los estados proviene de la federación

La concentración geográfica de las actividades económicas también tuvo efectos en la política asistencial y de seguridad social, cuyo gasto se aplicó de manera prioritaria a las zonas metropolitanas

Esto se comprueba particularmente en el trato con los servicios de salud, que toman como criterios de acceso:

(i) el lugar de residencia

(ii) la pertenencia a alguno de los sistemas de seguridad social, lo que presupone, para cada ciudadano, estar ligado a las relaciones formales de trabajo. Como consecuencia, esto discrimina al trabajador agrícola, a la mayor parte de la población rural,

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