Investigación de Centros Penitenciarios

Introducción.

El presente ensayo busca exponer distintas vertientes que competen a los centros penitenciarios que se encuentran en la Ciudad de México, tanto si se trata de la maternidad dentro de estos centros, hasta cómo ha afectado la crisis sanitaria de COVID-19 a la salud mental de los reclusos, con el fin de preguntarnos si el trabajo que se desempeña en estos centros es el más adecuado y si sus funciones se cumplen satisfactoriamente.

Los centros penitenciarios o de reclusión son aquellas instituciones que se caracterizan por alojar y custodiar a aquellos sujetos que se encuentran a disposición de las autoridades judiciales, para que cumplan sus penas impuestas. Así mismo, son las encargadas de brindarles asistencia a estos sujetos en su reinserción social al cumplir su condena.

Para analizar este tópico, es necesario primero dar a conocer las cifras de cuántos centros penitenciarios tanto para hombres, como para mujeres, existen alrededor de la República Mexicana y cuántos dentro de la capital del país, para así proseguir con otras problemáticas que se llevan a cabo dentro de los reclusorios. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el cierre del año 2016 se contabilizaron 267 centros penitenciarios a lo largo del país, siendo el Estado de México, Veracruz y Zacatecas con el mayor número de reclusorios, mientras que en la Ciudad de México hay 13 centros, dos femeniles y once varoniles, que para abril de 2021, hay 26 mil 841 personas privadas de su libertad, siendo 25 mil 259 hombres y mil 582 mujeres.

Este ensayo se realizó por interés de conocer más a fondo la situación de los centros penitenciarios, de las condiciones en las que viven las personas privadas de su libertad, por qué existe tanta polémica en torno al tema y si realmente, tal como se enunció en el primer párrafo, se cumplen las funciones de los centros. Por otra parte, podemos profundizar este tópico y enfocarlo al Trabajo Social, y así hacer posibles propuestas para subsanar las problemáticas alrededor del tema.

Esta investigación se realizó con base en información recopilada de diversos medios gubernamentales y académicos, así como de medios privados, para dar a conocer los distintos enfoques que se tienen en los casos que se retomarán a lo largo del trabajo.

La finalidad de este trabajo es el de analizar las problemáticas a los que se enfrentan las personas privadas de su libertad, exponer las acciones que realiza el gobierno para mantener estos centros penitenciarios y finalmente, determinar si es que estas acciones cumplen las demandas del oficio de los centros.

En el primer capítulo se explica qué está haciendo el gobierno para estos centros, si existen programas de ayuda, cuánto invierte por recluso y qué trabajos se le brindan a los y las penadas. El segundo capítulo describe las problemáticas sociales a las que se enfrentan los reclusos dentro de los penales y la situación de las mujeres que deciden embarazarse dentro de ellos. Mientras que el tercer capítulo presenta el cómo ha impactado la pandemia del coronavirus a los reclusos y a sus familiares.

Capítulo I.

Dentro de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, se encomiendan distintas funciones del sistema penitenciario, donde actualmente se tiene estipulado que se aspire a reinsertar a la sociedad al sentenciado, sin embargo, este objetivo por lo general no logra alcanzarse porque existe la tendencia de que se le criminalice al sentenciado, lo cual orilla a estos sujetos a volver a delinquir cuando cumplen su sentencia, algo que ha caracterizado, no solamente al sistema penitenciario de México, sino de Latinoamérica en general. Esto ha vuelto fundamental el ejercicio de derechos humanos dentro de los presidiarios, siendo así que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha creado mecanismos de observancia del sistema penitenciario del país, de modo que las condiciones de vida de los sentenciados no se vean violentadas.

Recuperando el tópico de los derechos humanos y el trabajo del Estado en esta cuestión, es el preguntarnos si existen programas de índole social que apoyen la situación de los reclusos. El gobierno de la Ciudad de México, en cuanto al tema de la reinserción social, contiene diversos programas de índole social, médicos, jurídicos, laborales y educativos, y éstos son brindados por organismos gubernamentales y no gubernamentales, que solamente se ofrecen a las personas liberadas. Estos programas rondan ofrecen capacitaciones laborales, además del autoempleo y el fomento a la cultura del ahorro; en cuestiones educacionales, se brindan talleres y pláticas educativas, orientación para la conclusión de estudios superiores, así mismo, como la asesoría y el registro al Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA). En el ámbito médico-psicológico, se ofrecen diversos talleres de diferentes temáticas, diagnósticos psicológicos y grupos de terapias; los apoyos sociales se basan en la admisión de albergues, donaciones de ropa y despensa, y apoyo para transporte público, mientras que para el contexto jurídico, se brindará asesoría legal en distintos temas. Entre tanto, se reitera que estos programas de reinserción se brindan a personas que ya han salido en libertad y no para quienes aún se encuentran dentro del presidiario, es por ello que en las conclusiones se realiza una crítica a estos programas sociales, y si impactan de alguna manera la vida de las personas que obtuvieron su libertad.

Por otra parte, existe otro cuestionamiento acerca de este tópico, y es el de “¿cuánto gasta aproximadamente el gobierno en mantener a una persona privada de su libertad?”; según el INEGI, el costo anual y diario por cada persona reclusa para 2016 en la Ciudad de México es de 293.14 pesos diarios y 106,995.76 pesos anuales aproximadamente; en esta misma información brindada por el INEGI, se narra que el presupuesto para el sistema penitenciario es insuficiente para mantenerlo, poco se sabe de la efectividad del gasto, mientras que se hace una crítica a que no se tiene una garantía de que estos recursos económicos sirvan para tener resultados satisfactorios para reducir el índice de criminalidad. En el mismo trabajo se cita una investigación realizada por K. Drake, Steve Aos, y Marna G. Miller, titulada “Evidence-based public policy options to reduce crime and criminal justice costs: Implications in Washington State” (traducción: Opciones de políticas públicas basadas en pruebas para reducir los costos de la delincuencia y la justicia penal: Implicaciones en el estado de Washington), en el que se propone invertir en programas correccionales para adultos y jóvenes y programas preventivos.

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