CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO MIRAFLORES

INFORME

CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO MIRAFLORES

1. INTRODUCCIÓN.

El Centro Penitenciario Femenino Miraflores, está ubicado en la calle “Francisco de Miranda” No. 1889, en la intersección formada por las avenidas “Argentina” y “Díaz Romero” de la ciudad de La Paz.

Ocupa un terreno cuya superficie aproximada es de 610 metros cuadrados, y una superficie construida, incluyendo oficinas, áreas administrativas y alojamiento para policías de 495 metros cuadrados.

El Centro Penitenciario Femenino Miraflores actualmente está a cargo de la Cap. Pol. María Alaja Aruquipa, quien el viernes 12 y sábado 13 de Octubre recientes tuvo que soportar una huelga de hambre de las internas demandando mejores condiciones en lo que se refiere a la alimentación y trato humano.

La capacidad del Centro Penitenciario Femenino Miraflores es de 40 internas y su efectivo actual es de 89.

El director de Régimen Penitenciario en el país es el abogado Ramiro Llanos.

Para tener un mejor panorama, hemos visto por conveniente iniciar este trabajo en perspectiva, o sea dentro del contexto regional, tomando comparativamente informaciones de Bolivia en primer lugar, y luego de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

En Bolivia, ninguno de los 11 centros penitenciarios femeninos ha sido construido específicamente para tal fin, sino que fueron adaptados.

En la ciudad de La Paz existen en la actualidad solo 2 centros penitenciarios femeninos: el de Obrajes y el de Miraflores.

El Centro Penitenciario Femenino de Obrajes, fue construido y funcionaba como internado; y el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores funcionaba como clínica.

Esto determina que ninguno reúne las condiciones mínimas de habitabilidad pautadas por la normativa.

Este trabajo carecería de valor sino hacemos también una evaluación general pero sucinta sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en otros países del vecindario, como ser Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, a objeto de poder comparar y analizar en contexto el sistema penitenciario de nuestro país.

No descubriremos nada si decimos que la pena privativa de la libertad es en sí misma violenta, pero para las mujeres se convierte en un ámbito o sistema especialmente discriminador y opresivo, hecho que se manifiesta en la desigualdad del tratamiento penitenciario, que no sólo está basado en ideas estereotipadas sobre las mujeres que infringen la ley penal, sino que, al haber sido diseñado para varones, no presta atención a las problemáticas específicas de las mujeres.

Un sintético y reducido examen de la situación de las mujeres encarceladas será el puntapié inicial para analizar el sexismo de las prácticas y normativas que rigen en las cárceles de mujeres de la región.

2. OBJETO DE LAS PENITENCIARÍAS.

El objeto supremo de una penitenciarías es la rehabilitación del reo, caso contrario no tendría sentido.

3. HACINAMIENTO.

Las características de las cárceles en los países de la vecindad son similares. Los informes de las organizaciones de derechos humanos y algunos casos que tramitaron ante el sistema interamericano respecto de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay dan cuenta de la semejanza de las problemáticas.

Así por ejemplo, se ha hecho hincapié en el hacinamiento y el constante incremento de la tensión entre los internos generado por la falta de espacio suficiente y adecuado para el desarrollo de las personas.

El hacinamiento incide en la propagación de enfermedades, producto de la falta de higiene y la deficiente atención médica. Estas particularidades no son exclusivas del sistema penitenciario que afecta a los varones. En efecto, la situación de las mujeres privadas de libertad es similar.

En Argentina, al 31 de diciembre del año 2011, la totalidad de la población carcelaria en el Servicio Penitenciario Federal y en los servicios penitenciarios provinciales era de 66.313 personas de las cuales sólo el 5,3 % eran mujeres.

Para una visión conjunta de la evolución de la población carcelaria en la región, arroja un porcentaje de 148 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes.

En este contexto, la población carcelaria femenina fue creciendo a paso firme y constante. El sistema federal da cuenta que desde el año 2000 al 2011 el crecimiento fue de un 205%, según un informe del año 2011 que señala que en el Instituto Correccional de Mujeres, conocido como “Unidad 3 de Ezeiza”, habían unas 626 presas, a pesar de tener una capacidad real disponible de 374 plazas, circunstancia que indica que el alojamiento se encuentra excedido en un 67,4%

Actualmente, según los datos aportados por la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en dicha unidad hay 740 mujeres y no se modificó su capacidad real, por lo que el alojamiento de esta unidad se encuentra excedido en más de un 100%

También merecen nuestra atención las condiciones de vida de las mujeres privadas de su libertad en Jujuy, una provincia de Argentina donde, en septiembre de 2004, se verificó el alojamiento de mujeres en un trailer de camión de aproximadamente 2 metros de ancho por 10 de largo, con características similares a los utilizados por los frigoríficos para el transporte de reces. En éstas condiciones se encontraban veinticinco mujeres, una adolescente de 16 años, dos niños de 4 años y uno de 5.

Asimismo, en la Alcaidía Federal de la misma ciudad —un establecimiento que aloja tanto a varones como a mujeres— se constató que doce mujeres, junto con una niña de 28 días de nacida, residían en una celda de 16 Mts². en la que habían once camas. El Instituto Correccional de Mujeres y el Servicio Psiquiátrico central de varones también se encuentran superpoblados.

El sistema penitenciario en Bolivia presenta similares deficiencias. La Dirección de Régimen Penitenciario reporta que en la actualidad los privados de libertad se aproximan ya a los 12.000 a nivel nacional, de los cuales casi mil son mujeres.

De ello se concluye que el 12% de las personas que se encuentran recluidas en centros penitenciarios son mujeres.

A su vez, el 74,98% de las personas privadas de libertad se encuentran detenidas preventivamente y solo el 25,02 % tiene sentencia ejecutoriada.

En Chile, las cárceles de mujeres no están en una situación diferente. Para el año 1999 se verificó que el CPF de Rancagua tenía una población de 55 mujeres, cuando su capacidad era de sólo 22 personas, lo que implica un déficit de 150%. Asimismo, el CPF de Santiago, el que alberga a la mayor cantidad de mujeres en Chile, en 2011 tenía una población

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