Jueces Y Política

Jueces y politica

Enviado por wilarte 25/11/2010 2770 Palabras

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JUECES Y POLITICA:

¿EXISTE INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS TIEMPOS DE LA NARCOPOLITICA?

Evidentemente, la historia reciente con relación al poder judicial se caracteriza por la permanente disputa para defender su autonomía frente a las demás ramas del poder público y frente a la sociedad misma en general, al punto de ser calificada la necesidad de dicha autonomía como una condición vital para la existencia de una democracia.

Podría pensarse que se trata de un tema lo suficientemente decantado y superado en el momento actual, donde reina un Estado constitucional de derecho, basado en principios generales, que garantiza la independencia del poder judicial frente a las otras ramas del poder público. Lamentablemente no es así. Si bien ya no se trata como en antaño de elaborar el principio para superar el control de la función del poder de los monarcas absolutos, se torna necesario en épocas contemporáneas, mantener una revisión permanente sobre el tema, pues aparecen sofisticadas maneras de socavar la independencia de los jueces en la postmodernidad.

La República de Colombia en el Artículo 1 de su carta magna, se delimita como “Un estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general”.

Siendo así y partiendo del hecho que el Estado colombiano distribuye su poder en tres grandes órganos (poder ejecutivo, judicial y legislativo) y que cada uno de éstos, goza de una autonomía manejada dentro de unos parámetros de cooperación para el alcance de una implementación y desarrollo de políticas efectivas que sean capaces de acaparar todas las esferas sociales y así lograr una organización, distribución, gestión de los recursos del Estado más especializada y completa; es necesario hacer énfasis en un hecho de significativa importancia, el cual se caracteriza por la penetración de grupos al margen de la ley que están influenciando de cierto modo la forma cómo es visto el país desde el exterior y cómo estas organizaciones determinan en cierta manera el rumbo de las decisiones tomadas al interior del Estado por el gobierno del mismo.

Desde l.985, las Naciones Unidas, en el séptimo congreso, sancionaron Los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura y constituyen el primer ordenamiento jurídico internacional en el que se formulan estándares de comportamiento ético para jueces. El documento contiene los principios para la promoción y aseguramiento de la independencia judicial, dirigidos a los estados miembros de las Naciones Unidas. De estas formulaciones merecen destacarse los siguientes principios:

• La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación

del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura.

• La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley.

• No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los Tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas impuestas por la judicatura efectuada por las autoridades administrativas de conformidad con lo dispuesto en la ley.

• El principio de la independencia de la judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes.

• Cada estado miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones (NACIONES UNIDAS, 2007).

Advierte claramente el artículo 228 de la C. P. “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y ellas prevalecerán el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su

funcionamiento será desconcentrado y autónomo .”

En esta norma se presenta claramente la aplicación del principio de la autonomía de la jurisdicción ordinaria en el ejercicio de su función y se complementa con el artículo 234 de la misma C.P. cuando advierte que “La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria…”. Queriendo decir indudablemente que toda decisión de la justicia ordinaria termina inexorablemente dentro de la rama.

El Narcotráfico, se define como aquella organización mundial ilícita que se dedica al cultivo, producción y comercialización de drogas ilegales (WIKIPEDIA, 2010). En Colombia, esta estructura organizada comienza su auge en la década de los años 60 cuando el uso y cultivo de hojas de marihuana, cocaína, amapola, etc., dejó de ser propio de asociaciones indígenas, para ahora integrarse en el comercio mundial, en donde Colombia se ubicó entre los países con los mayores índices de producción y exportación de narcóticos al exterior.

Es así, como la relación directa entre tráfico de drogas y dinero, trajo prontas consecuencias y los cultivos de estos narcóticos incrementó considerablemente con los días y para el gobierno colombiano, esto representó una nueva tarea en la agenda, la cual necesitaba pronta atención y urgente solución porque a medida que incrementaban los cultivos, la riqueza de quienes producían y comercializaban este tipo de sustancias psicoactivas era cada vez más grande esta riqueza era

directamente proporcional al poderío local, regional, y hasta nacional que se iba obteniendo; claro ejemplo de esto, son los carteles de droga localizados en diferentes regiones de Colombia y los cuales se encargaban de este negocio ilícito en cierta región como en el caso del Cartel de Cali, Medellín, Norte del Valle y de la Costa.

La Narco-política, es el resultado de la penetración de grupos ilegales en diferentes esferas sociales, económicas ymás específicamente, en la esfera política; esto con el fin de fortalecer las diferentes organizaciones y así, consolidar el poder ya obtenido, es decir, se necesitaban aliados en la elite política para favorecer los intereses propios de la mafia.

En Colombia,

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