LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN COLOMBIA

LA SOCIEDAD COLOMBIANA SIEMPRE HA MANIFESTADO LA IDEA DEL EMBARAZO COMO EL PROCESO MÁXIMO EN LA REALIZACIÓN DE LA MUJER, SIN EMBARGO, EXISTEN DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS DONDE SE PUEDE CONSIDERAR EL ABORTO COMO UNA OPCIÓN DE VIDA.

En Colombia, la situación de la despenalización del aborto divide y polariza opiniones. Entidades públicas y privadas del estado colombiano manifiestan diferentes pronunciamientos con base en si están o no de acuerdo con esta postura. Sin embargo, a través de la historia se evidencia que la opinión de la mujer ha quedado en un segundo plano, a pesar de ser ella la principal víctima de esta controversia.

El tema de la despenalización del aborto se remonta a la década de los años 70 cuando se dieron los primeros pasos en el posicionamiento del discurso femenino acerca de la libertad que debería tener la mujer en la decisión sobre su cuerpo y la maternidad. La “Primera conferencia de la Mujer”, en 1975 aludía a las circunstancias específicas para hacer efectivo el aborto, las mismas que hoy contempla la Sentencia C-355 aprobada en Mayo del 2006: a) cuando el embarazo constituye un peligro para la salud o la vida de la mujer; b) cuando existe malformación en el feto; o bien, c) cuando el embarazo es resultado de una conducta debidamente denunciada por acceso carnal violento, incesto o de inseminación artificial no consentidas. Todas tendientes a disminuir los riesgos de mortalidad, proteger los derechos, la salud sexual y reproductiva de las mujeres, entre otros.

Adicionalmente, se estableció el decreto 4444 de Diciembre del 2006, donde se reglamenta la prestación de los servicios de salud sexual y reproductiva por parte de Entidades Promotoras de Salud (EPS), empresas de medicina prepagada, Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPS) entre otros, en el cual se ordena que los servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) estén siempre disponibles en todo el territorio nacional para todas las mujeres sin importar su condición, en los casos pronunciados en la Sentencia C-355, con todos los equipos higiénicos necesarios, y con toda la atención requerida para la mujer.

Sin embargo la realidad es totalmente diferente. El estado, las EPS, IPS y otras entidades, no están prestando los servicios contemplados en la sentencia en pro de las mujeres que desean abortar si se da por uno de los casos mencionados. En el caso de una mujer, que sea víctima de una violación y quede en embarazo, el proceso que debe seguir si desea solicitar la interrupción del embarazo es dispendioso y en algunas ocasiones no es aceptado por las entidades de salud, por motivos económicos o de trámites extensos y complejos.

Por otra parte, en el caso de querer interrumpir el embarazo por las otras dos causales, la situación tiende a ser un poco distinta, pues sí son atendidas por la IPS, pero de igual forma la demora en el proceso es un arma en contra de la mujer con la cantidad de ecografías que se requieren, muchas de ellas no son cubiertas por el POS, registrándose demoras en la autorización y atraso en las semanas viables para interrumpir el embarazo que son 12, pasándose a 20 o 24 también. En ninguna de las causales contempladas en la sentencia, el procedimiento es rápido y desde ese momento comienzan a evidenciarse las barreras. Lo anterior, refleja por completo la vulneración del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

Ahora bien, podemos ver que seis años después de aprobada la sentencia, no se observan cifras positivas en pro de los derechos de la mujer. Recientemente, el Ministerio de Salud informó la práctica de solo 1.102 de estos procedimientos durante este tiempo. Por ejemplo, de los abusos sexuales denunciados en el año 2010, solamente a 44 mujeres les fue permitido abortar, teniendo en cuenta que en ese mismo año Medicina Legal registró 16.916 exámenes a mujeres víctimas de violación. Estas estadísticas reflejan que el aborto legal no se está llevando a cabo y las mujeres se están exponiendo a abortos clandestinos, poniendo en riesgo su propia vida. Esta situación de salud pública se ha tornado preocupante, pues en los sitios donde se realizan los abortos, no se está cumpliendo con las condiciones necesarias

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