LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

MARÍA DE LA LUZ LIMA MALVIDO.

INTRODUCCIÓN

Muchos son los esfuerzos realizados para combatir la inseguridad pública, un fenómeno social que a principios de este siglo se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional.

A pesar de las recientes reformas constitucionales realizadas, procesales y penales, el sistema de procuración y administración de justicia no ha resuelto con eficacia y celeridad las expectativas de los que a él acuden.

No obstante que en nuestra legislación existen algunos mecanismos como la reparación del daño éstos han resultado ineficaces.

Una de las principales funciones de un Estado moderno la constituye la garantía plena de los derechos universales del hombre y del ciudadano. Nuestra Carta Magna en sus primeros 28 artículos integra la totalidad de garantías que una democracia regida por el marco de derecho debe proteger y salvaguardar. Entre éstas, una particular mención merece la seguridad ya que se ha convertido en una condición indispensable para el disfrute de las demás garantías. La seguridad como garantía y como bien público en el amplio sentido del término, resulta un tema que hoy ocupa un lugar prioritario en la agenda pública en razón de la lucha que tienen las autoridades contra el crimen organizado y entre los mismos cárteles entre sí.

Por otra parte, otra característica fundamental y condición de un modelo democrático de gobierno lo encontramos en la participación ciudadana referida no solamente al ejercicio del sufragio sino de manera más amplia al involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de su participación en el diseño ejecución y evaluación de las políticas públicas.

CONTENIDO

El Plan Nacional de Desarrollo, determina que se iniciará un esfuerzo nacional para integrar recursos, instituciones públicas y privadas, comités vecinales, organizaciones y asociaciones civiles o empresariales que conformen la pluralidad de canales para la participación ciudadana en la creación de una gran política nacional de prevención de delitos y conductas violentas que busquen inhibir los facto- res de riesgo e incremente los factores de protección; asimismo, simultáneamente se necesita, con la participación de Gobierno y ciudadanos, realizar actividades de educación y comunicación para fomentar los valores de tolerancia, legalidad, diálogo, dignidad humana, convivencia, responsabilidad ciudadana, libertad y civismo proactivo, elementos todos indispensables para crear una cultura de orden y respeto entre los mexicanos.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que determina que el Procurador podrá crear mediante acuerdo los consejos asesores o de apoyo que coadyuvarán en la solución de los problemas que implican las actividades de la institución.

Es importante destacar que el Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República es congruente con los objetivos de la Oficina de Coordinación Presidencial para la Alianza Ciudadana de México al asegurar una relación entre la Procuraduría, la ciudadanía y sus organizaciones; con la finalidad de acrecentar la credibilidad y la confianza en la institución.

El Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República tiene entre otras atribuciones las siguientes:

• Formular opinión en relación con la orientación y aplicación de las políticas que implante la Procuraduría, realizando las pro- puestas que estime convenientes.

• Evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, así

como las acciones que se deriven de éste y, en general, el des- empeño de la Procuraduría General de la República en el combate a la delincuencia y la impunidad.

• Impulsar la participación evaluadora y propositiva de la ciudadanía en la tarea de procuración de justicia federal.

• Participar en la difusión de las actividades que realiza la Procuraduría y sus resultados en el combate a la delincuencia, entre organizaciones e instituciones de los sectores social y privado, etcétera.

En este mismo sentido ha avanzado la Secretaría de Seguridad Pública, la cual también ha instalado su propio Consejo de Participación Ciudadana, lo que confirma que el esfuerzo nacional está en marcha.

Todos estamos conscientes de que el problema de la inseguridad es muy grave y complejo, que en cualquier momento puede rebasar la capacidad del Estado. Por lo que tratar de dar soluciones sencillas y apresuradas resulta, por demás, demagógico y retórico. Tristemente, todavía algunos piensan que más policías y penas más severas son la solución del problema.

Además, en la medida que la inseguridad se convierte en un sentimiento predominante, la postura de la comunidad se agudiza y exige res- puestas urgentes, con frecuencia radicales: pena de muerte o cadena perpetua en el mejor de los casos e inclusive linchamientos públicos que se empantanan dentro de un círculo vicioso de responsabilidades entre gobernados y gobernantes.

Ante la fuerte presión social que esto implica se busca satisfacer la demanda mediante acciones que generalmente sólo se enfocan en soluciones inmediatistas, muchas de ellas apresuradas y mal estructuradas. Esto impide, a la vez, el análisis

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