LA VETUSTA Y CONTINUA ESTRUCTURA AGRARIA EN COLOMBIA

LA VETUSTA  Y CONTINUA ESTRUCTURA AGRARIA  EN COLOMBIA

​Elisa​ ​Cristina​ ​Obregón

Carlos​ ​Arturo​ ​Muñoz

José​ ​Luis​ ​Franco 

RESUMEN

El siguiente trabajo pretende aprehender la estructura de la propiedad rural en Colombia, y responder al interrogante sobre cuáles han sido los cambios que ha sufrido esta estructura desde la formación del Estado independiente hasta la actualidad en términos de concentración, debidos o no a políticas dirigidas por el Estado.

Palabras clave: Estructura agraria, reforma agraria, propiedad de la tierra, concentración de la tierra.

Introducción

La tierra, además de ser un medio de producción, desempeña una función central en el escenario político, social y cultural de un país,  y es por ello que la estructura agraria no sólo  determina las relaciones de producción agrícola, sino que contribuye a la formación del conjunto de las relaciones sociales (entre ellas las relaciones de poder), a la consolidación de instituciones políticas y a la definición de las formas de distribución de las riquezas materiales de una nación. Al respecto,  Antonio García sugiere que la estructura agraria sea entendida como “un sistema de interrelaciones económicas, sociales, culturales y políticas cuyo núcleo central está constituido por la propiedad de la tierra y sobre los recursos para utilizarla, de acuerdo con patrones históricos de economía y de organización social” (García, 1973a,117).

En efecto, las cuestiones alrededor de la estructura agraria  han representado en la historia social y económica de Colombia el germen de viejos conflictos sociales, actualmente algunos de ellos en proceso de culminación, y el eje central de algunos de sus problemas estructurales. Así, la alta concentración en la propiedad de la tierra, la utilización deficiente que se hace de ella, la persistencia de focos de violencia  y el desplazamiento de la población rural a las grandes urbes generaron durante el siglo XX diversos intentos fallidos de reforma agraria y la revalidación de una estructura de propiedad rural que dedica solo el 6,3% de las tierras del país al cultivo.

Evolución de la estructura agraria

La historia de la estructura agraria de Colombia, en su expresión de concentración sobre la propiedad de la tierra,  registra su origen en la conquista hispánica, pues no se puede olvidar que el propósito central del descubrimiento de América fue encontrar tierras favorables para la explotación económica. Melo (1977) plantea que durante este periodo se empiezan a notar relaciones de dominio entre los colonos europeos y naturales mediante diversos mecanismos legales y de coerción; uno de los más significativos fueron las capitulaciones, que no eran más que un otorgamiento de facultades económicas y legales a los conquistadores sobre los territorios “descubiertos” y arrebatados a los naturales. Este ejercicio de poder, se hace visible también en las encomiendas, las cuales fueron mecanismos que para preservar y catolizar las organizaciones indígenas se les obligaba hacer producir sus tierras y tributar sus frutos a la corona. Cabe resaltar que las encomiendas generaron conflictos relacionados con  la propiedad legal de la tierra entre la corona y los encargados de realizarlas, que se resolvieron, finalmente, a través de la entrega de títulos llamados “Composiciones de tierras”, que por un monto relativamente bajo de dinero se obtenía el título legal (Melo,1977).  

Ahora, estas relaciones desiguales no se apaciguaron después de la gesta de independencia, al contrario, pareciera que se agudizan a medida que pasa el tiempo.

En el siglo XIX las tierras en Colombia se distribuían en tierras de dominio público, baldíos, haciendas coloniales, resguardos indígenas, y tierras de la iglesia; estas formas de tenencia fueron causa de diversos conflictos de tierras (Vélez 2012). Precisamente, dichos conflictos tienen su punto de origen en la independencia, pues el Estado entregaba a particulares, como una remuneración por los servicios prestados o con la intención de impulsar la ocupación territorial, grandes extensiones de tierra. Por otro lado, con el objeto de combatir los conflictos nacientes sobre la propiedad de la tierra después de la independencia, se expidieron las leyes 61 de 1874 y Ley 48 de 1882, ambas enfocadas a fortalecer la tenencia de las tierras baldías por campesinos que de buena fe las ocuparan. Estas dos leyes, no obstante, significaron históricamente la primera intención fallida del Estado por remediar los problemas agrarios sobre propiedad y concentración, pues su debilidad política (en especial sobre las jurisdicciones locales)  le impedía reivindicar a los colonos del crecimiento y acaparamiento de los terratenientes (Velez, 2012).

A principios del siglo XX, la legislación sobre las tierras mantuvo su continuidad respecto al período anterior que fue caracterizada por elementos centrales como la desamortización de bienes de manos muertas, los procesos de colonización cafetera, la regulación del uso de los bosques y la adjudicación de extensiones de tierra; se considera este principio de siglo como una “Feria de los Baldíos” por parte del Estado, construyendo así, una forma de concentración de la propiedad de la tierra que provocó una serie de conflictos agrarios que explotaron a lo largo del siglo, pues dicha política de tierras dio origen a varias modalidades de entrega de tierras de dominio público a grandes propietarios, privilegiando su posición ventajosa respecto a los pequeños productores.

Es hasta que se instaura la República Liberal en la década de 1930 que se limitan las políticas de asignación de tierras de dominio público anteriormente mencionadas, enfrentando al Estado a los conflictos que se venían agudizando debido a su defensa de la estructura agraria latifundista. Es precisamente en este periodo donde se culmina el proceso de colonización cafetera, contribuyendo a democratizar someramente el acceso a la propiedad, coincidiendo con el proceso de  ocupación de tierras cercanas a los centros masivos y a los pequeños asentamientos a lo largo del país.

En particular, en esta época, el problema agrario se toma la escena política y se visualizó́ por primera vez como un problema nacional que merecía la atención del Estado, en la medida que constituía un obstáculo al incipiente proceso de industrialización y de ampliación del mercado interno, reconociéndose la función social que de esta se desprende.  Durante el Gobierno de Alfonso López Pumarejo, se aprobó la llamada Ley de Tierras (Ley 200 de 1936), producto de la presión social ejercida por movimientos campesinos en Tolima y Cundinamarca,  que constituyó el primer intento cercano de reforma agraria en Colombia. Esta ley se implementó con el fin de validar la función social de la tierra, que consistía en adjudicar la propiedad sobre la  tierra  a quien la trabajaba. En términos de distribución, la Ley 200 logró promover que campesinos sin tierra colonizaran terrenos de dominio público (Uribe,2009).

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