LAS POLITICAS DEL ESTADO VENEZOLANO FRENTE AL DELITO Y LOS DELINCUENTES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

NÚCLEO- APURE

MAESTRÍA EN PENAL Y CRIMINOLOGÍA

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ENSAYO

UNIDAD I: LA POLITICA CRIMINAL

REALIZADO POR:

ABG. EVELYN PRIETO ESCOBAR

C.I.V.- 21.789. 214

FEBRERO 2017

LAS POLITICAS DEL ESTADO VENEZOLANO FRENTE AL DELITO Y LOS DELINCUENTES

Al hablar del término “Políticas de Estado”, se refiere al vocablo de: las acciones que el Gobierno o el Estado Venezolano, estudia, plantea, delimita, fracciona, se objetiva, se presupuesta y aprueba, según la necesidad que marco el punto de estudio; asignando las distintas responsabilidades a los entes competentes de cada tarea.

El Estado, en cuanto a las políticas para contrarrestar la criminalidad, a lo largo de todos los gobiernos que ha tenido Venezuela, siempre se ha buscado erradicar tal flagelo de la sociedad; pero no obstante la misma sociedad dinámica ha hecho que estas políticas públicas estén en contante cambio.

Dentro de esas acciones públicas, se ha configurado un marco jurídico, tanto de sanciones, penas y multas que, de perpetrar cualquier acto que valla en contra de lo establecido en ello por un individuo con o sin intención, siempre y cuando se vea afectado un tercero, acarrea consecuencias según la gravedad del daño ocasionado.

Este marco jurídico, busca sancionar lo que considere conductas adversas de los individuos dentro de una sociedad, y afecte su sana convivencia alterando la paz entre ellos; busca encaminar a la sociedad y enmarcarla dentro de un cuadro de “normalidad” para el justo desarrollo de todos.

Tales leyes, la aplican los tribunales en nombre de la Republica, que son los encargados de administrar la justicia según lo establecidos en las normas adjetivas y subjetivas, lo demostrado y calificado por el ente acusatorio.

Actualmente el Estado ha buscado más cubrir las necesidades básicas de los individuos como alimentación, trabajo, esparcimiento, cultura y deporte; una manera de atacar el ocio de la sociedad, y tratar las posibles causas “justificables de criminalidad”, es decir, robo porque no tengo trabajo, mi familia es pobre y no tiene que comer.

Pero no solo el Estado ha creado un marco jurídico de sanciones, multas y penas, sino que de la mano a desarrollado una serie de ministerios, direcciones, departamentos y misiones para contrarrestar y tener estadísticas de la criminalidad y los delito perpetrado por los individuos.

En efecto, en 1810 se crea el Despacho de Guerra y Marina, el cual ha ido evolucionando hasta llegar en lo que conocemos hoy en día como el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, presidido por el G/J Vladimir Padrino López; cuya función es coordinar, administrar y dirigir lo referente a la defensa militar de la Nación; encargado de la formulación, adopción, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del Sector Defensa, trabajando junto con los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a los fines de la consolidación de la seguridad y defensa integral de la Nación y el resguardo de todo el territorio Venezolano.

Igualmente se encuentra en este ramo, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores Justicia y Paz, a mando del M/G. Néstor Reverol Torres, el mismo tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana, la paz, el orden interno, el disfrute de la garantías y el libre ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, fundamentado en el principio de corresponsabilidad entre sus instituciones y la sociedad civil, ejercida sobre los ámbitos económicos, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, mediante la formulación de las políticas públicas, estrategias y directrices necesarias.

Según el Art. 55 de la CRBV: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes...”

En concordancia con el Art 332 ejusdem: “… Los Órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetaran la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna. La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente con los Estados y Municipios en los términos establecidos en esta Constitución y en la Ley.”

Para el cumplimiento de este mandato Constitucional, el MPPRIJP tiene a su mando diferentes instituciones para desarrollar y lograr los objetivos antes descritos como: el CICPC, CPNB, INTT, SAREN, SAIME, ONA, DPD, PC, entre otras. Estos son organismos de seguridad de Estado, encargados de resguardar y garantizar la protección integral de la Población, contra hechos delictivos, accidentes y calamidades, que priven los derechos y deberes para el pleno desarrollo de la personalidad de los ciudadanos. Destacando algunos de estos órganos tenemos:

El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), encargado de la investigación penal y esclarecimiento científico de los delitos perpetrados por algún sujeto, determinando así en su investigación el grado de responsabilidad y el daño hacia la víctima, con miras a la posterior aplicación de la justicia por los órganos competentes.

El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), órgano de seguridad civil, encargado de garantizar los derechos de las personas frente a situaciones de riesgo y vulnerabilidad a su integridad física, sus propiedades o el libre ejercicio de sus derechos, así como apoyar el acatamiento de las decisiones de las autoridades competentes, controlar y vigilar las vías de circulación y tránsito y facilitar la resolución de conflictos mediante el dialogo, mediación y la conciliación.

El Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME), su función es brindar celeridad y funcionalidad a la identificación ciudadana, con el propósito de garantizar oportunamente el derecho a la identidad y a la seguridad jurídica, teniendo el control de la extranjería y migración hacia el País.

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), su misión es garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones de los usuarios mediante la publicidad registral y fe pública, en el marco de la legalidad, de procesos expeditos y oportunos; ejerciendo el control de las operaciones a nivel nacional.

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