LRP trabajo COVID-19

Sin embargo, al inicio de la pandemia hubo situaciones que perjudicaban la estabilidad laboral, así como los derechos laborales, de los trabajadores a raíz de la emergencia decretada por el presidente de la república. Una de las situaciones que fueron visibles en el país, tuvo de protagonistas al sindicato de trabajadoras domésticas de El Salvador (SITRADOMES), quienes exigían mejores garantías de derechos laborales para las mujeres, sobre todo en la época de emergencia a nivel nacional por el COVID-19, quienes se vieron vulneradas en sus derechos. Una de las situaciones comunes fue el envío de trabajadoras a sus casas sin que sus salarios fueran cancelados o el sueldo incompleto, trabajadoras que quedaban a la espera de que fueran llamadas por sus patronos. Algunas mujeres, incluso duplicaban su tiempo de trabajo sin recibir remuneración extra por su labor. El sindicato también dio a conocer anomalías que sufrían las trabajadoras de maquilas, quienes sufrían violaciones a sus derechos laborales como fue en la empresa Industrias Florenzi S.A. de C.V, donde la empresa no quería pagar los salarios de sus trabajadores. 

En el país, a raíz de la identificación de los problemas que afectan a la población trabajadora ante la situación de COVID-19, El Gobierno de El Salvador, representado por varios ministros, firmó un acuerdo con los sindicatos de trabajadores de la salud para que fueran garantizados los recursos que permitieran la protección de los médicos, enfermeras, laboratoristas y otros profesionales del sector involucrados en el combate de la pandemia. Este acuerdo se logró concretar con todos los sindicatos del sector salud, incluyendo al sistema nacional, Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD). Otra decisión tomada por el gobierno fueron las sanciones que podrían ser interpuestas de manera administrativa que comprende la separación de cargo de las jefaturas de haber incumplido con la entrega de material utilizado para enfrentar la situación.

El gobierno de la república, sostuvo una reunión con representantes del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador (STIPES), en la que se abordó el Contrato Colectivo. Este diálogo tenía como objetivo la negociación de una relación con el movimiento sindical quiénes presentaron sus peticiones a las autoridades. En ese encuentro se llegaron a acuerdos como: mejorar los canales de comunicación, esto para mantener un diálogo fluido con el gobierno, programar reuniones con los respectivos representantes, definir criterios ante la negociación y priorizar el diálogo para la toma de acciones; además de desarrollar el proyecto de ampliación y modernización de la Clínica Empresarial Integral.

A finales del mes de octubre del 2020, STIPES y el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) alcanzaron acuerdos en beneficio de los trabajadores en medio de la pandemia. Entre los beneficios acordados dentro del contrato colectivo se encuentran las nivelaciones salariales, reclasificaciones de puestos de trabajo, entre otros.

En marzo del presente año, el sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss) realizó peticiones al gobierno de El Salvador. Un aproximado de 70 trabajadores del ISSS, hasta esa fecha, habían fallecido, de los cuales 26 eran médicos, 16 trabajadores del área de enfermería y 29 trabajadores administrativos, personal técnico y de otras áreas. Una de las peticiones fue la solicitud de incrementar el seguro de vida, exponiendo su deseo de que la muerte del personal de salud o por sospecha de COVID-19 sea considerada como muerte por riesgo laboral, esto con el fin de que los familiares reciban un beneficio conforme la ley. Además, solicitaron una nivelación salarial, ejemplificando los sueldos del Ministerio de Salud.

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