La Constitucion

Introducción

El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y puericultura en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente

Constitución

Pues bien, habitualmente llamamos Constitución a dos cosas diferentes, aunque una y otra sean en realidad inseparables. La Constitución es, en primer lugar, una cosa inmaterial: la ley fundamental por la que se rige el sistema de gobierno de un país; pero es también, al mismo tiempo, una cosa material: el librito donde se contiene el texto articulado de esa ley fundamental. Si entramos en una librería y pedimos que nos vendan una Constitución (la española de 1978, por ejemplo) estamos hablando de esa referida cosa material. Pero si, ya en nuestras manos, abrimos el librito que acabamos de comprar y comenzamos a leerlo, veremos que en sus páginas, ordenadas por artículos, se contienen toda una serie de reglas, normas y principios que son los que conforman la ley fundamental que hemos dado en denominar Constitución.

Además, por lo tanto, del libro donde se publica su concreto contenido material (lo cual, salvo su precio, si se diera el caso de que no dispongamos de dinero, no ofrece ningún tipo de problemas) la Constitución es, en consecuencia, una ley fundamental. Es una ley porque su aprobación corresponde, como ocurre con todas las otras de un país, a los representantes del pueblo reunidos en una asamblea que solemos conocer por parlamento. Pero es también una ley fundamental, es decir, una ley que se refiere a un conjunto de materias que tienen una importancia decisiva para la libertad y la seguridad de las personas. La Constitución es, así, la ley que establece quién y cómo se ejerce el poder público (el que se ejerce en nombre de todos por los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales del Estado) y regula las relaciones que tal poder debe mantener con los ciudadanos de ese Estado (los particulares, es decir, todos nosotros) para asegurar que su actuación no lesionará los derechos que las propias Constituciones proclaman como el fundamento de nuestra convivencia en paz y libertad.

¿Para qué sirve?

Las Constitución sirve, sobre todo, para dar estabilidad a las reglas que determinan la forma en que se ejerce el poder público por parte de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales del Estado que están autorizados para ello. Sí, ya sé que ese asunto de la estabilidad parecerá quizá, así al pronto, un poco extraño, pero verán que la cosa tiene una lógica sencilla y resulta, por tanto, bastante fácil de explicar. Imagínense que esas reglas mencionadas se contuvieran en una de las muchas leyes ordinarias que cada año aprueban los parlamentos de todos los países democráticos ¿Qué sucedería en ese caso? Pues que las reglas podrían cambiarse con la misma facilidad con que se cambian esas leyes ordinarias: mediante la aprobación por mayoría simple (más votos a favor que votos en contra) de una ley posterior a aquella que va a modificarse. Porque ese, y no otro, es el principio

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